Durante décadas, diversas autoras de la literatura nos han recordado que ser mujer es, en sí mismo, un acto de resistencia. Hoy, el panorama global, pese a los avances y conquistas, sigue reafirmando esa brecha estructural: según datos de Naciones Unidas, apenas el 25% de los escaños parlamentarios y de los cargos de alta decisión en el mundo están ocupados por mujeres. Conmemorar el 8 de marzo, no es un gesto simbólico; es una invitación a mirar con honestidad los espacios que habitamos y a reconocer el esfuerzo extraordinario, esa “milla extra” que siempre parece exigirse para llegar a las mesas donde se decide el futuro del planeta.
Este año, el mensaje de Naciones Unidas es claro: “Derechos. Justicia. Acción.”. El llamado apunta a derribar las barreras legales que perpetúan la desigualdad. Sin embargo, la discusión queda incompleta si no colocamos sobre la mesa la justicia ambiental. En pleno siglo XXI, la justicia ambiental es, indiscutiblemente, justicia de género.
Hablando de mujeres, no puedo dejar de pensar en el caso de Andrea Barrientos, hasta hace pocos días viceministra de Autonomías. Su salida del Gobierno, precedida por una ola de cuestionamientos públicos, revela algo más profundo que una polémica coyuntural: en Bolivia seguimos castigando con especial dureza a las mujeres que piensan, hablan y disputan poder en serio. Barrientos —quien meses antes incluso había encabezado la intervención al INRA denunciando irregularidades— terminó convertida en blanco de una dinámica de presión, tergiversación y hostigamiento que recuerda cuánto cuesta todavía sostener una voz femenina propia en la esfera pública. Más allá de cualquier error de comunicación, lo que debería preocuparnos es otra cosa: cuando la confrontación de ideas es reemplazada por el escarnio y el castigo ejemplificador, no solo pierde una mujer; retrocede la democracia.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que: en siete de cada diez hogares que no cuentan con acceso a una red de agua, son las mujeres y las niñas quienes asumen la tarea de recolectarla. En las comunidades rurales de Bolivia, donde el acceso al agua potable apenas bordea el 70%, ese dato deja de ser una estadística y se convierte en una carga cotidiana que marca el ritmo de la vida. He escuchado historias de mujeres que esperaron más de seis décadas para ver correr agua de un grifo en sus casas; mujeres que caminan kilómetros en silencio para conseguir un recurso esencial al que aún no acceden con dignidad.
A través de los Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA) un mecanismo de conservación en el que comunidades enteras se comprometen a proteger sus bosques para resguardar las fuentes de agua, he visto algo que las estadísticas no muestran: el rostro de mujeres que pasan de ser usuarias invisibles del territorio a convertirse en guardianas activas del bosque y la biodiversidad. Al conservar los ecosistemas que alimentan las cuencas, no solo protegen el agua y fortalecen su producción sostenible; también recuperan algo profundamente valioso: su tiempo.
Porque la justicia también se mide en horas. A nivel global, las mujeres dedican alrededor de 200 millones de horas diarias para buscar agua. Ese tiempo robado significa oportunidades educativas perdida autonomía económica que se posterga y, muchas veces, exposición a riesgos físicos en trayectos largos y solitarios.
Por eso es necesario reconocer y volcar la mirada hacia la agricultora, la artesana y la guardiana del bosque que protege el río que alimenta a su comunidad. Pero el reconocimiento no es suficiente. Este “acto revolucionario” de ser mujer debe traducirse en una incidencia política real. Necesitamos sistemas de agua más resilientes, sí, pero sobre todo necesitamos que las mujeres ocupen los espacios donde se diseñan las políticas públicas que determinan el futuro ambiental de nuestros territorios.
Profundizar la democracia significa entender que la justicia no solo se firma en los tribunales; también se construye y se garantiza en los territorios, de la mano de quienes los habitan. No habrá igualdad posible mientras el desarrollo de una mujer dependa de la distancia que separa su casa de una fuente de agua. Porque la justicia, al final del día, es algo tan vital y concreto como el derecho humano de abrir un grifo y encontrar vida.
(*) María Teresa Vargas es Directora Ejecutiva de Fundación Natura Bolivia
