No cabe duda que para poder generar políticas públicas adecuadas de consenso y de rápida aplicación, se debe trabajar en un entorno favorable. ¿Cómo es posible llegar al diálogo? Pues es tan simple como tener dispuesta la voluntad entre las partes para generar condiciones para ese encuentro entre gobierno y empresarios, pero con resultados.
El gobierno tiene la obligación de regular la economía, otorgar seguridad jurídica y el sector privado busca la mejor forma y oportunidades para invertir. La dinámica hoy nos muestra que los países que otorgan seguridad jurídica, que se muestran favorables a la inversión pues son los que hoy la reciben y, por consiguiente, logra mayores tasas de crecimiento.
Debería ser una práctica para el gobierno el consensuar la norma. El sector privado nunca escapó a la regulación o rechazo de la misma. Lo que se busca y solicita el privado es que ésta sea gradual, consensuada, para no afectar o limitar el funcionamiento de las empresas o industrias.
Normas que no fueron consensuadas sufrieron el rechazo y debieron ser abrogadas o derogadas según el caso. La inaplicabilidad, por ejemplo, se dio hace poco con la disposición séptima del PGE. El gobierno realizó enormes esfuerzos en su interpretación y de aclaración en todos los escenarios que pudo, tratando de convencer de que la misma no afectaba al empresario, al gremial, etc. Pero como toda norma, está sujeta a la interpretación; la redacción de la misma daba lugar a que se interprete que podía ser arbitraria, discrecional y que afectaría a la propiedad privada.
Lo correcto que debió hacer el gobierno fue consensuar la citada disposición de Ley de Presupuesto, con los sectores privados y también su reglamento. Sin lugar a dudas, el empresariado nunca la hubiese rechazado porque lo que hoy asfixia a la industria y a los bolivianos es el contrabando, el agio y la especulación.
El error fue no consensuar, no dialogar y el consenso no debe entenderse o ser visto como debilidad de la autoridad del área o del gobierno. Ese es el camino para el acuerdo, para el diálogo, para lo cual hoy buscamos certidumbre en la economía.
Esta valiosa lección debe ser entendida y aprendida por los próximos gobiernos a fin de viabilizar y generar políticas oportunas y de inmediata aplicación. Pero, ante todo, para que todo transite por un mecanismo valedero y de trabajo conjunto, el diálogo debe ser con resultados, no un simple ejercicio mediático.
Queda claro que no existe Estado sin empresarios y empresarios sin Estado.
Pablo Camacho es empresario y past presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
