Finalmente se promulgó la Ley 1733 de alivios tributarios, una promesa que el gobierno de Rodrigo Paz había hecho desde su campaña electoral. La ley nace en un contexto de fuertes presiones sociales —que exigen su renuncia— y presiones internas de grupos económicos poderosos, ansiosos por recibir los beneficios de esta normativa.
No existen datos oficiales sobre el monto total de las deudas tributarias acumuladas a lo largo de los años, pero se estima que alcanzan unos Bs 35.000 millones. Si asumimos que el 80% de esa cifra corresponde a obligaciones anteriores a 2018, la condonación representará una pérdida de ingresos fiscales para el Estado de aproximadamente Bs 28.000 millones.
Dicha cantidad equivale a todo el presupuesto anual de salud o de educación por separado, a medio año de recaudación fiscal, o a dos años de inversión pública total. Las renuncias tributarias implicarán, además, una reducción de más de Bs 7.000 millones en coparticipación tributaria. Sin tomar en cuenta los costos procesales de juicios con sentencia ejecutoriada que ya ganó el Estado y que ya se estableció la obligación del contribuyente pero que ahora también serán exonerados.
Quienes tienen tributos omitidos entre 2018 y 2025 solo se benefician con la eliminación de multas e intereses y con una reducción de hasta el 50% en la actualización del valor adeudado, pero no sobre el capital. Por ejemplo, una deuda de Bs 100 contraída en 2018, actualizada a 2025, costaría 30% más, es decir, Bs 130. Esto se debe a que los adeudos con impuestos nacionales se ajustan con base en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). Si consideramos que en 2018 la UFV valía Bs 2,29 y que para 2025 alcanzó Bs 2,99, obtenemos un incremento del 30,8%.
Por tanto, quien se acoja al alivio tributario por deudas de 2018 deberá pagar Bs 115 para recibir un descuento de Bs 15, es decir, una rebaja del 13%, a cambio deberá pagar la totalidad de su deuda ¿Con qué plata si estamos en crisis? En contraste, los deudores más rezagados obtendrán el 100% de condonación: ¿Parece justo?
Establecer el año 2017 como referencia para la condonación no responde a un análisis económico, sino a un cálculo empresarial diseñado para beneficiar a ciertas empresas específicas. Cabe recordar que la economía boliviana, hasta antes de 2019, mostraba una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Esto pone en duda que se pretenda favorecer a sectores económicos bajo el argumento de la crisis. Si realmente se necesitaba una reducción o eliminación impositiva, el análisis normativo debió tomar como punto de partida el año 2024, cuando la economía nacional entró oficialmente en recesión, no 2017, que fue un año de auge económico.
Incluir únicamente el año 2020 dentro del alivio tributario parece más una devolución de favores políticos a un gobierno anterior, en el cual el ejecutor operativo de la medida fue beneficiado por el gobierno de Áñez como director.
El límite de Bs 10 millones resulta igualmente arbitrario que la fecha de condonación. Para que una empresa deba al Estado Bs 10 millones, debería generar utilidades anuales por Bs 40 millones y ventas brutas por Bs 77 millones. Ninguna empresa pequeña maneja un flujo de caja de esa magnitud. La medida, definitivamente, no beneficia a las pequeñas empresas. Incluso si aceptamos los datos oficiales de que esta ley alcanzaría a unos 82.000 contribuyentes, el promedio del alivio tributario por persona supera los Bs 400.000, una cifra desproporcionada en relación con el flujo de ingresos anual de los pequeños productores y comerciantes minoristas.
La vieja excusa de diseñar políticas que usan a los pequeños como escudo para favorecer a los grandes es demasiado conocida, pero difícil de ocultar. Si las pequeñas empresas acumularan deudas millonarias con el Estado antes de 2017, lo más probable es que muchas ya habrían quebrado y no serían receptoras de este beneficio. Solo las grandes empresas tienen la capacidad económica para resistir períodos prolongados de crisis.
La ley de alivios tributarios se convierte así en un trato discriminatorio para quienes, con sacrificio, han pagado puntualmente sus obligaciones con el Estado hasta 2017. Además, sienta un pésimo precedente: futuros empresarios podrían dejar de contribuir a las arcas públicas, a la espera de que los políticos otorguen un beneficio similar más adelante.
Otra fuente de discriminación tributaria es que este plan otorga el mismo trato a deudores con distintas infracciones administrativas. Coloca en la misma condición a un consultor que tiene declaraciones juradas pendientes o rectificaciones, que a un gran contrabandista o evasor de impuestos nacionales.
Esta ley se olvidó de los buenos pagadores, a quienes verdaderamente deberían llegar los incentivos tributarios, y premia a los deudores morosos históricos. Por eso, esta es una ley de alivios que no alivia a quienes debería aliviar.
