Nunca en la historia contemporánea de México y Centroamérica —entendidos como una misma demarcación— habían coincidido condiciones tan favorables para un círculo virtuoso de estabilidad, seguridad, crecimiento económico y bienestar. Ni siquiera a comienzos de la década de 1990, cuando las tasas de homicidio en buena parte de la región rondaban entre 11 y 13 por cada 100 mil habitantes. Entonces, las guerras de El Salvador y Guatemala seguían activas. Su final, en 1992 y 1996, lejos de inaugurar una etapa de sosiego, dio paso a una ola de violencia que en los años siguientes llevaría a El Salvador a cifras de homicidio escandalosas, seguido después por Guatemala y Honduras —y más tarde por el propio México.
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Hoy el panorama regional muestra un giro estructural. La fuerte caída de la violencia en varios países de Centroamérica, combinada con avances recientes en seguridad en México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum —como la reducción del 30 % de los homicidios en 2025 o la eliminación del jefe criminal “El Mencho”— invita al optimismo y abre una coyuntura inédita.
Pero tales resultados no deberían conducir a la autocomplacencia ni a un retorno tácito a la lógica de los “abrazos, no balazos”. La lucha contra el narcotráfico y las economías criminales será larga, compleja y costosa. Por eso tales éxitos deben leerse como parte de una apuesta histórica mayor, capaz de transformar de forma duradera el horizonte de seguridad y desarrollo regional.
México posee condiciones de sobra para ejercer ese liderazgo. Su peso demográfico, su tamaño económico —entre los mayores del mundo— y su profunda interdependencia con Estados Unidos lo colocan en una posición singular en el continente. Sin embargo, durante décadas el país ha ejercido ese potencial con extrema cautela, a veces con retraimiento. La política internacional enseña que las oportunidades estratégicas aparecen raramente y que ignorarlas suele tener un costo histórico.
La primera condición para aprovechar la coyuntura es asumir, y decirlo sin rodeos, que la lucha contra el narcotráfico no es una agenda impuesta desde fuera, sino el combate contra un crimen que inflige incalculables daños al país. Aunque el narcotráfico pueda movilizar entre 25 y 35 mil millones de dólares anuales, esa cifra representa apenas entre el 1,2 y el 1,8 % de la economía mexicana, que supera los 1,8 billones de dólares. Su peso económico es marginal, pero su impacto es devastador. Deteriora la imagen internacional de México, distorsiona mercados, desalienta la inversión, debilita el turismo, alimenta la corrupción y obliga a desviar enormes recursos públicos hacia la contención del crimen. En términos del interés nacional, es uno de los peores negocios imaginables y una de las mayores barreras para cualquier aspiración en el escenario global.
Comprender esa realidad abre la puerta a otra decisión importante. Convertir la coincidencia de objetivos con Washington en una oportunidad de cooperación más eficaz. El gobierno mexicano no debería mostrarse incómodo en reconocer el valor del propósito de combate al narcotráfico promovido por el presidente Donald Trump. Durante décadas, la región padeció fragmentación de políticas y barreras ideológicas que impidieron coordinar respuestas frente al crimen organizado. Solo recientemente varios gobiernos han comenzado a reconocer que el narcotráfico, las pandillas y las redes criminales constituyen una amenaza existencial.
Sobre esa base, México podría catapultar su liderazgo continental y lanzar un gran plan de cooperación para Centroamérica bajo un principio simple: “Todos ponen”. No se trataría solo de reforzar el combate a la migración o el crimen, sino de construir las bases de una región más integrada, próspera y estable. Una Centroamérica mejor conectada, con algunas infraestructuras modernas y convertida en plataforma industrial y logística cercana a Estados Unidos tendría efectos transformadores no solo para el istmo, sino también para México.
Es cierto que iniciativas del pasado como el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica o el llamado Plan Marshall de 2018 no lograron consolidarse. Pero el contexto actual es distinto. Hoy existe en Estados Unidos un presidente que, bajo su personalísima doctrina Trump, ha priorizado América Latina como pocas veces, gobiernos regionales más dispuestos a cooperar contra el crimen organizado y una tendencia general de la violencia en Centroamérica claramente descendente, a pesar de las dificultades de Costa Rica y Panamá. En 2025, por ejemplo, la tasa de homicidios regional fue la más baja desde 1990.
En ese escenario, una arquitectura de cooperación bien diseñada podría movilizar recursos de Estados Unidos, México, la Unión Europea —interesada en fortalecer su presencia en América Latina—, el sector privado y los organismos financieros internacionales para multiplicar lo que los países aporten individualmente.
La clave está en que México decida asumir el papel que su tamaño e historia le consagran y consolidar su posición negociadora frente a Washington. También en evitar dispersar esfuerzos y concentrarse en un número limitado de proyectos transformadores como corredores logísticos, autopistas regionales, redes energéticas y trenes de carga y pasajeros de velocidad media que conecten ciudades cercanas y faciliten el comercio. Ese podría ser el aliciente para que Centroamérica logre el milagrito de hacer del próximo quinquenio el más pacífico de su historia reciente, con México como uno de sus principales arquitectos.
(*) John Mario González es analista político e internacional
