Bolivia atraviesa uno de esos momentos en que la realidad se impone antes de que las ideas estén listas para recibirla. El modelo que dominó los últimos veinte años —estatismo como doctrina, nacionalización como respuesta refleja— muestra señales inequívocas de agotamiento. Pero lo que viene después no está definido. Y esa indefinición no es solo un problema económico: es, ante todo, un vacío político e intelectual que el país no ha logrado llenar. La pregunta que se abre paso, insalvablemente, es si Bolivia es capaz de construir un nuevo marco de ideas antes de que la urgencia la obligue a improvisar. No sería la primera vez que el país opta por ir de tumbo en tumbo en la dirección equivocada.
Para explorar esa pregunta, conversamos con dos estudiosos de la realidad nacional que han pensado el problema desde ángulos distintos. Armando Ortuño, economista e investigador social y político, combina el análisis estructural con la comprensión de los procesos sociales que condicionan cualquier reforma. Rolando Morales, doctor en economía por la Universidad de Ginebra, aporta décadas de seguimiento riguroso de la economía boliviana. Ninguno ofrece recetas simples. Ambos coinciden en algo más crítico: el problema de Bolivia no es que le falten opciones, sino que le falta claridad sobre lo que quiere.
Por qué Bolivia necesita repensarse
Los números cuentan una historia que ya no admite interpretaciones optimistas. Bolivia recibió en 2024 apenas 250 millones de dólares de inversión extranjera directa en todos los sectores. En 2026, Perú apunta a captar más de $us 7.100 millones solo en minería. Chile, Brasil y Argentina compiten en otra liga. Bolivia observa desde afuera, con reservas de gas en caída sostenida, una minería que opera muy por debajo de su potencial y un proyecto de litio que acumula anuncios sin concretar.
«El futuro de este país se va a definir en las industrias extractivas», dice Ortuño. «Hidrocarburos, minería tradicional y nueva, energía en sentido amplio y agro. Esas cuatro grandes líneas son las maneras de vincularnos con los proyectos y los mercados globales”, sostiene.
El problema no es que Bolivia carezca de recursos. El problema es que no ha logrado construir el marco político e institucional para movilizarlos. Morales llega a un punto medular. «Lo principal es saber dónde uno quiere ir, qué es lo que quiere hacer. Y eso no lo estamos viendo en Bolivia. Es absolutamente trágico”.
El mapa conceptual que falta
El debate económico boliviano ha funcionado durante décadas como un péndulo entre dos posiciones que se alternan sin evolucionar: la nacionalización como imperativo soberano, versus la privatización como receta de eficiencia. Ambas son, en realidad, versiones empobrecidas de ideas más complejas. Y ambas han mostrado sus límites con suficiente evidencia como para que ninguna pueda presentarse como solución.
«El problema es que frecuentemente el debate político en Bolivia se simplifica con fuerza», señala Ortuño. «Estamos ante propuestas o visiones muy primitivas de ambos modelos, tanto del estatista como del liberalizador”. Esa simplificación no es inocente: responde a la comodidad política de los slogans y a la dificultad real de construir posiciones matizadas en sociedades polarizadas. El costo es enorme porque impide que el país aprenda de su propia experiencia y de lo que ocurre en el mundo.
Un nuevo momento global
Porque el mundo, mientras tanto, ha avanzado. China interviene selectivamente en mercados estratégicos. Brasil combina presencia estatal fuerte en energía con apertura a la inversión extranjera y ha logrado competir con Australia en la atracción de capital minero. Perú, pese a la inestabilidad política, tiene una economía con números positivos. En todos estos casos hay una característica común: el Estado tiene una idea clara de lo que quiere defender y actúa en consecuencia. Bolivia no demuestra tener esa claridad.
«Lo que está haciendo China, lo que está haciendo Estados Unidos desde hace ya unos diez años, lo que se está desarrollando en la Unión Europea, es la idea de tener políticas industriales. Es con políticas sectoriales y directrices que incentiven hacia dónde tiene que ir la economía», explica Ortuño. El punto no es copiar ninguno de esos modelos, sino entender que todos ellos parten de una decisión política previa. Hay que definir qué intereses mínimos tiene que defender el país y en qué eslabones. En qué cadenas quiere estar presente. Esa decisión, en Bolivia, está pendiente, sobre todo luego de ver los resultados de las políticas nacionalizadoras de las dos últimas décadas.
El rol del Estado y de lo privado
Si hay una conclusión en la que Ortuño y Morales convergen sin matices es esta: los dos extremos están descartados. Ni un Estado que pretende controlarlo todo ni un mercado al que se le entrega todo. La pregunta real es cómo se construye ese espacio intermedio y quién tiene la capacidad institucional para habitarlo.
«Hay que desechar cualquier posición extrema», dice Morales. «Y hay que ser muy cuidadoso con la inversión extranjera. Viene a ganar dinero, lo cual es legítimo, pero en ese intento puede exagerar demasiado sus propuestas. Eso el Estado no debería permitir”. El problema es que Bolivia tiene un Estado muy débil para cumplir esa función reguladora. Las superintendencias creadas en los años noventa nunca tuvieron el poder real para controlar lo que debían controlar.
Ortuño propone dos premisas simultáneas: incentivar la inversión, eliminar trabas y valorizar la capacidad del mercado; y construir al mismo tiempo regulaciones estatales inteligentes. No el Estado omnipresente del ciclo anterior, sino uno capaz de orientar, proteger intereses geopolíticos y controlar externalidades ambientales. «En ciertos temas el Estado tiene que intervenir más —en el tema ambiental, por ejemplo— y en otros tiene que liberalizar. Ese es el juego inteligente hoy en día”, asevera.
El factor tecnológico y financiero
Hay una dimensión del problema que rara vez aparece en el debate público boliviano: la precariedad financiera y tecnológica que ha limitado la capacidad del país para gestionar sus propios recursos. Bolivia no tiene especialistas en el mercado global del litio capaces de determinar en qué momento del ciclo conviene invertir. No cuenta con expertos en la construcción de bonos sobre recursos naturales, instrumentos que en otras partes permiten levantar capital antes de que una mina esté operativa. No comprende suficientemente los ciclos de precios de sus minerales, que dependen no solo de la producción sino también de la manipulación en mercados financieros globales. «Esas ignorancias han puesto límites en mucho de lo que se pudo lograr», dice Ortuño. Si va a abrirse un nuevo ciclo, esa apertura no puede hacerse con una visión ingenua de cómo funcionan los mercados internacionales.
El factor social
Hay un elemento que ningún diseño técnico puede sustituir: la cohesión social y política sin la cual cualquier reforma termina bloqueada. Bolivia lo ha experimentado en carne propia. El contrato con una empresa alemana para el desarrollo del litio era, en términos técnicos y financieros, un buen contrato. Se cayó debido a un conflicto social. La historia boliviana está llena de buenos diseños que naufragaron porque nadie los construyó políticamente.
«Una liberalización mal manejada socialmente y políticamente nos puede llevar a otro callejón sin salida, igual que la nacionalización mal manejada», advierte Ortuño. La solución no es técnica. «No pasa por otra cosa que encontrar modelos de gestión política democráticos, de conversación con la gente, de persuasión”. Y la persuasión requiere una visión común que el Estado tiene que construir y sostener. Sin eso, ni los inversores vienen, o si vienen, los conflictos los expulsan.
A modo de cierre
Ortuño lanza al final una advertencia que vale la pena tomar en serio: el mayor riesgo del momento no es la falta de reformas, sino la sobrecarga de expectativas sobre lo que pueden producir y en cuánto tiempo. El gasoducto al Brasil tardó una década en negociarse y construirse. El ciclo de la soya en el oriente tomó entre veinte y treinta años de maduración. «Los grandes procesos de transformación económica toman entre cinco y diez años, no seis meses», dice.
El país necesita dos cosas al mismo tiempo: las reformas estructurales de largo plazo, sabiendo que sus frutos llegarán tarde, y una estrategia para funcionar en el mientras tanto con lo que hay. Pero antes de todo eso necesita algo que parece más simple y resulta más difícil: saber con claridad hacia dónde quiere ir. Esa definición no es económica. Es política.
