Hay una forma de leer la historia económica de Bolivia que la convierte en una tragedia ideológica: un país que oscila sin remedio entre la tentación estatista y el reflejo de privatizar. Jaime Dunn, economista y excandidato presidencial, propone una lectura distinta. El péndulo no es ideológico en su raíz: es jurídico. «Bolivia, al no tener reglas claras, está en disputa permanente», afirma. «El péndulo entre nacionalizar y privatizar es la consecuencia de no tener reglas estables”, precisa.
La distinción importa porque cambia el tipo de solución que se necesita. Si el problema fuera ideológico, bastaría convencer a la sociedad de adoptar otra posición. Si es institucional —ausencia de derechos de propiedad claros, discrecionalidad estatal sin límites, contratos que un nuevo gobierno puede anular invocando la Constitución—, la solución requiere reformas más profundas. Dunn piensa que Bolivia lleva décadas confundiendo los dos niveles y pagando el costo.
El ciclo es conocido. Por ejemplo, COMIBOL acumula ineficiencia y politización hasta volverse insostenible. La capitalización de los noventa atrae capital, pero genera la percepción de entrega. La renacionalización del MAS, favorecida por un boom internacional de precios, genera recursos para el país. Pero esos recursos vinieron del ciclo de precios, no de la nacionalización en sí. Cuando el ciclo se revirtió, quedó la estructura estatal sin la rentabilidad que la justificaba.
Salir de la lógica del péndulo
La salida, para Dunn, no está en elegir entre los dos extremos. Está en construir condiciones que hagan posible una economía funcional independientemente de qué gobierno esté en el poder. La condición central que remarca es la seguridad jurídica. «La inversión no necesita incentivos extraordinarios. Lo que necesita son reglas ordinarias que se cumplan extraordinariamente bien”.
Lo que expulsa al capital no es la ausencia de exenciones impositivas: es la presencia de riesgos institucionales. «No se han acabado los hidrocarburos ni el gas en Bolivia. Lo que se ha acabado es la seguridad jurídica para extraer ese gas”, puntualiza. Chile ilustra el contraste: volvió la izquierda al poder, pero los contratos mineros se respetaron y la seguridad jurídica se mantuvo. Eso es lo que hace líder mundial del cobre a un país con recursos comparables a los de Bolivia. «La minería requiere horizontes de veinte o treinta años. Si Bolivia da certidumbre solo por períodos de cinco años, no puede ser un Chile”.
Salir de los vaivenes del péndulo tiene un precio que el país y la socidad deben estar dispuestos a pagar.
La ley de inversiones
El gobierno boliviano trabaja en una nueva ley de inversiones y una nueva ley minera, entre otras. Dunn tiene una posición clara sobre lo que deben contener y sobre sus límites. Una ley de inversiones no es un catálogo de beneficios tributarios: es un conjunto de instituciones que reducen la incertidumbre. Sus ejes: respeto a la propiedad privada, prohibición de expropiación sin indemnización justa, estabilidad de contratos, acceso a arbitraje internacional, libertad de repatriar utilidades, estabilidad tributaria y trato igual para inversores nacionales y extranjeros. El Estado, además, no debe competir con el privado: si opera empresas, genera competencia desleal que desplaza la inversión. Cita el ejemplo de BOA en el transporte aéreo.
Para la ley minera, los principios son análogos: derechos mineros como derechos reales y no como licencias revocables. Además, régimen tributario competitivo con el mercado mundial y arbitraje internacional obligatorio. Bolivia está en competencia fiscal con Chile, Australia y Canadá. Si su carga impositiva excede significativamente la de esos países, el capital irá a otro lado.
Pero aquí Dunn lanza una advertencia severa: ninguna de estas leyes funcionará plenamente sin reformar antes la Constitución de 2009. Señala que los artículos 349, 351 y 356 establecen que el Estado es propietario absoluto de los recursos naturales. Entonces, cualquier contrato se subordina a ese interés estatal, otorgando una discrecionalidad que ninguna ley ordinaria puede contrarrestar. El artículo 320 no permite el arbitraje internacional. «La Constitución de 2009 no es la de un Estado neutral; es la de un Estado estatista, centralizado y discrecional», dice Dunn. «Sin esa reforma, cualquier ley de inversiones va a ser contradictoria con la propia Constitución”.
El riesgo es concreto: el inversor que llegue con la nueva ley en la mano leerá también la Constitución. Y ante esa lectura, o no viene, o viene exigiendo una rentabilidad tan alta que compense el riesgo constitucional. En ambos casos, Bolivia pierde.
