El tema que nos preocupa tiene como protagonista a la Viceministra de «Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización». Nos preocupa doblemente cuando la discriminación proviene de esta primera autoridad encargada de dar igualdad de oportunidades, erradicar las discriminaciones y la cultura patriarcal; por paradójico que resulte, ejerce todo lo contrario a su mandato con sus actos discriminatorios hacia una o más personas.
En un Estado Constitucional de Derecho, la coherencia institucional no es un valor accesorio: es una exigencia jurídica y ética. Resulta, por ello, particularmente preocupante que actos de presunta discriminación puedan producirse dentro de una instancia cuya razón de ser es precisamente combatirla, como en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
El hecho de que una trabajadora mujer indígena sea objeto de cuestionamientos, hostigamiento o sanción por asistir a su fuente laboral acompañada de su hijo de un año no puede analizarse como un simple conflicto administrativo interno. Nos encontramos ante una situación que involucra derechos fundamentales —de una mujer indígena y de un niño—, principios constitucionales y estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
Igualdad material y prohibición de discriminación
La Constitución Política del Estado de Bolivia no solo proclama la igualdad formal ante la ley; establece la obligación de erradicar toda forma de discriminación fundada en sexo, origen, cultura o condición social. Asimismo, reconoce el carácter plurinacional del Estado y el deber de respetar las identidades y prácticas culturales de los pueblos indígena originario campesinos.
En este contexto, la eventual sanción o reproche hacia una mujer indígena por ejercer simultáneamente su derecho al trabajo y su rol de madre podría configurar una discriminación múltiple o interseccional: por género, por condición étnica y por maternidad. La doctrina contemporánea en derechos humanos es clara en señalar que cuando varias condiciones de vulnerabilidad convergen en una persona, el deber de protección estatal se intensifica.
Protección reforzada a la maternidad y a la niñez
El ordenamiento jurídico boliviano reconoce la maternidad como una función social protegida por el Estado. La estabilidad laboral reforzada, la inamovilidad en determinados periodos y el principio de protección integral de la niñez no son concesiones graciosas, sino garantías constitucionales.
En la práctica, muchas mujeres —particularmente aquellas en situación económica limitada— enfrentan la ausencia de redes de cuidado infantil accesibles. Penalizar a una madre trabajadora por no contar con alternativas institucionales suficientes traslada injustamente al ámbito individual una responsabilidad que también corresponde al Estado y a las entidades empleadoras.
Más aún, tratándose de una mujer indígena, el análisis debe incorporar el enfoque intercultural. En numerosas comunidades, el acompañamiento permanente de los hijos pequeños forma parte de la dinámica familiar y comunitaria, y no está reñido con el derecho al trabajo. Desconocer esta realidad desde parámetros exclusivamente burocráticos puede implicar una forma de violencia institucional que contradice los principios de descolonización que el propio Estado proclama.
La responsabilidad agravada de las instituciones públicas
Cuando una conducta discriminatoria proviene de una autoridad o entidad pública, el impacto trasciende el ámbito individual. La administración pública está sujeta a los principios de legalidad, igualdad, razonabilidad y no discriminación. Cualquier actuación que vulnere estos estándares no solo genera responsabilidad administrativa, sino eventualmente responsabilidad constitucional.
La situación es aún más delicada cuando la conducta proviene de una institución encargada de promover la igualdad y la despatriarcalización. La legitimidad de las políticas públicas está cuestionada por el acto de la misma autoridad, y depende, en gran medida, de la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas internas. Si las entidades llamadas a erradicar la discriminación reproducen esquemas excluyentes, se debilita la confianza ciudadana y se vacía de contenido el mandato transformador del Estado Plurinacional.
Descolonización y despatriarcalización: más que un discurso
La descolonización implica cuestionar prácticas institucionales que reproducen jerarquías y exclusiones heredadas del colonialismo. La despatriarcalización, por su parte, supone transformar estructuras que subordinan a las mujeres y naturalizan la desigual distribución de tareas de cuidado.
Cuando una autoridad recrimina o sanciona a una trabajadora indígena por ejercer simultáneamente su rol de madre y trabajadora, se refuerzan justamente las lógicas que estas políticas buscan desmontar: la invisibilización del trabajo de cuidado, la penalización de la maternidad y la negación de la diversidad cultural.
No basta con enunciar principios de igualdad; es imprescindible aplicarlos en la práctica cotidiana. Las instituciones públicas deben ser ejemplo de coherencia entre discurso y acción. De lo contrario, se genera desconfianza y se debilita la legitimidad de las políticas públicas.
Hacia una conciliación real entre trabajo y cuidado de la mujer
Este tipo de casos debería impulsar una revisión estructural de las políticas internas en la administración pública. La conciliación entre vida laboral y responsabilidades de cuidado no puede quedar librada a la discrecionalidad de autoridades jerárquicas. Es imprescindible avanzar hacia protocolos claros que incorporen:
- Enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad en la gestión de recursos humanos.
- Medidas de flexibilización laboral compatibles con la función pública.
- Espacios institucionales de cuidado infantil.
- Mecanismos eficaces de denuncia y protección frente a actos discriminatorios.
- Sobre todo, el trabajo no puede ser opuesto a los cuidados maternales de un hijo, en tanto y en cuanto se cumpla con los deberes laborales.
- Hay necesidad de humanizar el trabajo y de que la maternidad no sea opuesta a este.
No se trata de conceder privilegios, sino de garantizar igualdad real. La igualdad sustantiva exige tratar de manera diferenciada situaciones que son materialmente desiguales, entre hombres y mujeres.
Una cuestión de coherencia democrática
La descolonización y la despatriarcalización no pueden reducirse a consignas discursivas. Son procesos estructurales que deben reflejarse en la vida institucional cotidiana. Discriminar a una mujer indígena por asistir con su hijo pequeño a su trabajo constituye una contradicción frontal con esos principios y puede configurar una vulneración de derechos fundamentales.
El desafío para el Estado no es menor: demostrar que la igualdad no es solo un mandato normativo, sino una práctica concreta. Porque cuando la discriminación se produce desde las estructuras encargadas de combatirla, lo que está en juego no es únicamente la situación de una trabajadora, sino la credibilidad misma del compromiso público con la justicia y la dignidad humana.
La discriminación hacia una trabajadora mujer indígena por asistir con su hijo de un año al trabajo no es un hecho aislado o menor; es un síntoma de tensiones no resueltas entre el discurso institucional y la práctica real. Corregir estas contradicciones no solo es una obligación legal y ética, sino también una condición indispensable para construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.
La coherencia institucional es, en definitiva, la primera prueba de compromiso con la igualdad. Es necesario que el Órgano Ejecutivo busque autoridades idóneas y coherentes con las funciones que se les asigna, y que no se repitan los favoritismos políticos ni los pagos de cuotas de cargo por lealtades políticas.
