Durante décadas, Estados Unidos fue el defensor de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Por supuesto, existían flagrantes discrepancias entre la retórica y la realidad: durante la Guerra Fría, Estados Unidos derrocó gobiernos elegidos democráticamente en Grecia, Irán, Chile y otros países en nombre de la derrota del comunismo. En el ámbito nacional, Estados Unidos libraba una batalla por defender los derechos civiles de los afroamericanos un siglo después del fin de la esclavitud. Más recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha actuado con firmeza para restringir los esfuerzos por rectificar los legados de la larga historia de discriminación racial.
Pero si bien Estados Unidos a menudo no ha practicado lo que predicaba, ahora no hace ninguna de las dos cosas. El presidente Donald Trump y el Partido Republicano se han encargado de ello.
En su primer mandato, el desprecio de Trump por el Estado de derecho culminó en su intento de anular el principio más importante de la democracia: la transición pacífica del poder. Afirmó, y sigue insistiendo, que ganó las elecciones de 2020, a pesar de que Joe Biden recibió unos siete millones de votos más y de que decenas de tribunales dictaminaron que no hubo irregularidades electorales significativas.
Cualquiera que conozca a Trump quizá no se haya sorprendido; la gran sorpresa fue que cerca del 70% de los republicanos cree que las elecciones fueron amañadas. Muchos estadounidenses, incluida la mayoría de uno de los dos partidos principales, se han sumergido en la trampa de las teorías conspirativas y la desinformación. Para muchos partidarios de Trump, la democracia y el Estado de derecho son menos importantes que preservar el estilo de vida estadounidense, que en la práctica significa asegurar la dominación de los hombres blancos a expensas del resto.
Para bien o para mal, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un modelo a seguir para otros. Y, por desgracia, hay demagogos en todo el mundo más que dispuestos a adaptar la fórmula de Trump de pisotear las instituciones democráticas y repudiar los valores que las sustentan. Un ejemplo destacado es el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien incluso intentó emular el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 para impedir la elección de Biden. El intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia fue de mayor envergadura que el ataque al Capitolio estadounidense, pero las instituciones brasileñas se mantuvieron firmes y ahora exigen que Bolsonaro rinda cuentas.
Mientras tanto, Estados Unidos ha ido en la dirección opuesta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. Una vez más, Trump ha dejado claro que adora los aranceles y aborrece el Estado de derecho, llegando incluso a violar el acuerdo comercial que firmó con México y Canadá durante su primer mandato. Y ahora, ignorando la Constitución estadounidense, que otorga al Congreso la autoridad exclusiva para imponer impuestos —y los aranceles son solo un impuesto específico sobre las importaciones de bienes y servicios—, ha amenazado con imponer un arancel del 50 % a Brasil a menos que detenga el procesamiento de Bolsonaro. Aquí estaba Trump violando el estado de derecho al insistir en que Brasil, que se ha adherido a todas las exigencias del debido proceso al procesar a Bolsonaro, hiciera lo mismo. El Congreso nunca ha promulgado aranceles como instrumento para inducir a los países a obedecer los dictados políticos de un presidente, y Trump no pudo citar ninguna ley que le diera siquiera una excusa para sus acciones inconstitucionales.
Lo que Brasil está haciendo contrasta marcadamente con lo que ha sucedido en Estados Unidos. Si bien el proceso legal había avanzado lenta pero juiciosamente para exigir responsabilidades a quienes participaron en la insurrección del 6 de enero, inmediatamente después de su segunda investidura, Trump utilizó su poder de indulto presidencial para perdonar a todos los que habían sido debidamente condenados, incluso a los más violentos. La complicidad en un ataque que dejó cinco muertos y más de 100 policías heridos no fue un delito.
Al igual que China, Brasil se ha negado a someterse a la intimidación estadounidense. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la amenaza de Trump de «chantaje inaceptable» y añadió: «Ningún extranjero le dará órdenes a este presidente».
Lula ha defendido la soberanía de su país no solo en el ámbito comercial, sino también en la regulación de las plataformas tecnológicas controladas por Estados Unidos. Los oligarcas tecnológicos estadounidenses utilizan su dinero e influencia en todo el mundo para intentar obligar a los países a que les den vía libre para implementar sus estrategias de maximización de beneficios, que inevitablemente causan enormes daños, incluso al servir como canal de desinformación.
Al igual que en las recientes elecciones en Canadá y Australia, Lula recibió un «impulso Trump» en el apoyo nacional, ya que los brasileños rechazaron la administración estadounidense y se unieron a él. Pero eso no fue lo que motivó a Lula a adoptar su postura. Fue una creencia genuina en el derecho de Brasil a implementar sus propias políticas sin injerencia extranjera.
Bajo el liderazgo de Lula, Brasil ha optado por reafirmar su compromiso con el Estado de derecho y la democracia, incluso cuando Estados Unidos parece estar renunciando a su propia Constitución. Es de esperar que otros líderes de países grandes y pequeños demuestren una valentía similar ante la intimidación del país más poderoso del mundo. Trump ha socavado la democracia y el Estado de derecho en Estados Unidos, quizás de forma irreparable. No se le debe permitir que lo haga en otros lugares.
