En el corazón de la República de Bolivia, el derecho al voto en las elecciones nacionales es más que un simple acto cívico; es la piedra angular de nuestra democracia. A través del sufragio, los ciudadanos bolivianos ejercen su soberanía, eligen a sus representantes y participan activamente en la dirección del país.
El 10 de octubre de 1982, con la toma de posesión de Hernán Siles Suazo como presidente, se inició el periodo democrático más largo y estable en la historia de nuestra nación. Este suceso histórico nos recuerda el valor de la continuidad democrática, así como su posible fragilidad. Sin embargo, en los últimos 20 años, la vitalidad de este derecho ha sido puesta a prueba, enfrentando obstáculos que han limitado su ejercicio pleno y la salud de nuestra democracia. Hoy, más que nunca, es crucial comprender su significado, su fundamento constitucional y la necesidad urgente de defenderlo y rescatarlo de las restricciones impuestas.
Derecho constitucional clave
El derecho al voto en Bolivia está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), que lo reconoce como un derecho fundamental y universal. El Artículo 26 de la CPE es claro al respecto, al afirmar que «Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de forma individual o colectiva». Este artículo no solo asegura el derecho al voto, sino también el de postularse para cargos públicos. Además, el Artículo 14 de la CPE garantiza que el Estado asegura a todas las personas y grupos, sin discriminación, «el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos». Esta disposición refuerza el carácter universal del derecho al voto, garantizando que no pueda ser limitado por motivos de raza, sexo, condición social, idioma o cualquier otro tipo de discriminación.
Marco normativo
El voto se pone en práctica a través de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que regula el proceso electoral en el país. Esta ley, en armonía con la CPE, establece los principios de la función electoral: independencia, imparcialidad, seguridad, legalidad, transparencia, publicidad e interculturalidad. La ley electoral detalla los requisitos para ser votante, la organización de las votaciones, la fiscalización de las campañas y la proclamación de resultados, todo ello bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en la materia. La ley electoral boliviana es una herramienta esencial para asegurar que el voto sea libre, secreto y universal. Su propósito es garantizar la legitimidad de los resultados y la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales, elementos vitales para la estabilidad democrática.
Democracia, abuso y limitaciones
La democracia, por definición, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. El voto es el principal medio para que este principio se haga realidad. No obstante, en las últimas dos décadas, en Bolivia y en otros países de la región, hemos presenciado un proceso de «secuestro» y limitación de la democracia. Este abuso se manifiesta de diversas maneras, socavando la confianza de los ciudadanos y la salud del sistema:
* Manipulación del sistema electoral: La alteración de las normativas electorales, la injerencia en la conformación del órgano electoral o el uso de recursos públicos para campañas partidarias desequilibran la contienda electoral y menoscaban la equidad.
* Persecución política: La manipulación de la justicia para descalificar a candidatos opositores o para encarcelar a líderes políticos por motivos ideológicos, restringe la variedad de opciones para los votantes y crea un ambiente de miedo e incertidumbre.
* Manipulación de encuestas y superficialidad de los debates: Estos son signos evidentes de la distorsión democrática. Las encuestas, en lugar de ser un indicador de la opinión pública, se convierten en instrumentos de propaganda para generar una sensación de resultado inevitable. Paralelamente, los debates políticos carecen de contenido, convirtiéndose en confrontaciones improductivas llenas de ataques personales y consignas vacías. Esto impide a la ciudadanía informarse adecuadamente y tomar decisiones basadas en propuestas programáticas serias, dejando de lado temas fundamentales como la economía, la salud, la justicia, la educación o la corrupción.
* Debilitamiento de la independencia de poderes: Cuando el poder ejecutivo subordina a los órganos judicial, constitucional, electoral y legislativo, el sistema de controles y equilibrios se debilita, permitiendo la toma de decisiones que favorecen los intereses de un grupo por encima del bienestar general.
* Restricción de la libertad de expresión: El control de los medios de comunicación y la represión a la prensa independiente limitan la capacidad de la ciudadanía para informarse de manera objetiva y tomar decisiones informadas en las urnas.
2019: un precedente inaceptable
Para entender la urgencia de proteger nuestro sistema electoral, es esencial recordar los acontecimientos de octubre de 2019. En esas elecciones nacionales, la confianza en el proceso democrático se vio seriamente comprometida. La interrupción repentina e inexplicable de la transmisión de resultados preliminares (TREP), seguida de un cambio drástico en la tendencia de los votos, provocó una crisis política y social sin precedentes. El clamor ciudadano llevó a la intervención de organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Informe de la Auditoría Integral a las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, concluyó que hubo una «manipulación dolosa» del proceso electoral y «graves irregularidades» que invalidaron los resultados. Entre sus hallazgos más contundentes se identificó la manipulación del sistema informático y la existencia de actas falsificadas.
Este informe fue un punto de inflexión que demostró cómo la integridad del voto puede ser violada. Aunque el debate académico y político persiste sobre la profundidad y los responsables de los hechos, la conclusión es clara: los sucesos de 2019 fueron un duro golpe para nuestra democracia. La comunidad internacional, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó su profunda preocupación por la violencia que siguió a la crisis, destacando la necesidad de un diálogo pacífico y el respeto a los derechos humanos. Lo sucedido fue una dolorosa lección que nos advierte sobre la fragilidad de nuestras instituciones cuando no se garantiza la transparencia y la imparcialidad. Por ello, un fraude de esta magnitud nunca debe repetirse.
El voto, obligación cívica
Frente a este panorama, el voto se alza como la herramienta más potente para rescatar y fortalecer la democracia. No es solo un derecho, sino una responsabilidad cívica. Cada voto cuenta, cada voto es un mensaje claro a favor de la libertad, la justicia y el respeto a las instituciones. Por esta razón, la participación en las elecciones nacionales de este domingo, 17 de agosto, es de vital importancia. Es una oportunidad para que cada boliviano y boliviana demuestre su compromiso con la democracia. Es el momento de reafirmar nuestra soberanía, de defender el legado democrático que se ha construido con tanto esfuerzo desde 1982 y de elegir el rumbo que deseamos para nuestro país. La abstención no es una opción; el voto es el camino pacífico para corregir los rumbos, para elegir a líderes que respeten las leyes y las instituciones, y para construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Conclusión
El derecho al voto es un tesoro constitucional que debemos proteger con gran fervor. Su relevancia radica en ser la expresión más pura de la soberanía popular. Al ejercerlo de manera consciente e informada, la ciudadanía boliviana no solo elige a sus representantes, sino que también defiende los cimientos de la república. Es hora de que el voto recupere su plena vitalidad, de que sea la voz inquebrantable de un pueblo decidido a no permitir que su democracia sea secuestrada o limitada nunca más. Debemos exigir debates serios, procesos transparentes y un respeto irrestricto por cada voto para asegurar un futuro verdaderamente democrático.
