La inscripción de diez binomios para las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025 no refleja vitalidad democrática. Al contrario: evidencia la crisis profunda de un sistema político fragmentado, corroído por la desinstitucionalización, la precariedad partidaria, la manipulación judicial y una economía en colapso.
Más allá del número de postulantes, lo preocupante es la ausencia casi total de fuerzas con estructura, programa, militancia e ideología. La contienda se ha reducido a una pugna de personalidades, pactos circunstanciales y «taxis electorales».
La autocracia y la política incestuosa
Durante casi dos décadas, Bolivia operó bajo una autocracia sustentada por el Movimiento al Socialismo (MAS). Tanto Evo Morales (2006–2019) como Luis Arce (2020–2025) consolidaron un poder vertical, subordinando el Legislativo y el Judicial al Ejecutivo. El debilitamiento sistemático de los contrapesos democráticos dejó como herencia una institucionalidad frágil e instrumentalizada.
A este modelo se sumó un esquema corporativista: sectores como campesinos, cocaleros, gremiales, transportistas, médicos, maestros, industriales, exportadores, cooperativistas mineros y otros obtuvieron privilegios a cambio de lealtad política. El clientelismo reemplazó el pacto democrático por pactos sectoriales, erosionando la representación genuina.
Hoy ni siquiera el MAS conserva su hegemonía. Dividido en al menos tres bloques —“evista”, “arcista” y “androniquista”—, enfrenta una crisis sin precedentes. La inhabilitación de Evo Morales, la pugna judicial sobre la candidatura de Andrónico Rodríguez y la designación de Eduardo del Castillo como carta oficialista revelan un partido fracturado, atrapado en guerras palaciegas y tensiones jurídicas.
La cancelación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) por no alcanzar el 3% de votos en las elecciones de 2020 dejó sin sigla a Morales, tras una demanda impulsada por el veterano estudiante universitario Peter Beckhauser Erlwein, quien advirtió sobre un posible «colapso de todo el sistema democrático». Es un ejemplo palpable de la fragilidad jurídica del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Más allá del MAS, el panorama no mejora. Unidad Nacional (UN) y Creemos encabezan alianzas sin militancia real, apoyadas por agrupaciones ciudadanas que operan como franquicias personales. La política se ha vuelto incestuosa: pactos familiares, listas «clasificadas» y alianzas sin coherencia ideológica.
El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que en el pasado fue marxista-leninista, hoy postula al derechista Jorge “Tuto” Quiroga, sin militancia reconocida. La inclusión de la hermana de Tuto Quiroga en una posición privilegiada de la lista plurinominal de Cochabamba, asegurándole un escaño sin necesidad de competir, es una clara muestra de esta preocupante endogamia política que deriva en “organizaciones familiares”, con hermanos, hijos y padres compartiendo candidaturas.
La amenaza judicial
La advertencia de Beckhauser Erlwein sobre un posible «colapso democrático» no es exagerada. Las inhabilitaciones por causas formales, los litigios familiares que definen candidaturas y las presiones cruzadas sobre el TSE reflejan una institucionalidad paralizada.
Ante la presión sobre el TSE, el vocal Francisco Vargas ha deslizado la posibilidad de su renuncia por «falta de garantías», criticando la «proliferación de demandas judiciales» que se perciben como un «asedio».
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha sido aún más contundente, señalando la sumisión del TSE a «tribunales incompetentes» y su falta de firmeza, un patrón ya evidenciado en las elecciones judiciales.
Esta pasividad del órgano electoral «sigue generando incertidumbre electoral». De hecho, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de Eva Copa, y Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), de Manfred Reyes, pueden quedar inhabilitados tras una acción popular presentada por el abogado Humberto Vidaurre.
Este recurso, admitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumenta que ambos partidos incumplieron los plazos mínimos para obtener su personería jurídica, lo cual genera serias dudas sobre la transparencia, imparcialidad y apego a la legalidad del proceso electoral.
Elecciones, crisis económica y chantaje político
En este escenario, la crisis económica es utilizada como arma electoral. La escasez de dólares y combustibles, el avance de la informalidad y la dependencia de exportaciones de soya y oro, cuyos beneficios no llegan a la población, se combinan con promesas vacías y populismo desesperado.
Algunos analistas alertan sobre una “crisis inducida”. ¿Dónde están los dólares de las exportaciones? ¿Por qué desaparecen las divisas y el GLP? La hipótesis es perturbadora: la escasez se estaría utilizando como mecanismo de chantaje electoral, para empujar el voto hacia quienes prometen —sin garantías— restablecer el orden.
Democracia sin demócratas
Bolivia se dirige a las elecciones de 2025 sin partidos reales ni programas sólidos. Las candidaturas emergen de pactos oportunistas, conflictos judiciales y estructuras prestadas. La ciudadanía, atrapada entre la frustración económica y la impotencia institucional, enfrenta un proceso marcado por la incertidumbre.
Este escenario plantea una urgencia estructural. Bolivia necesita una nueva Ley de Partidos que promueva la democracia interna, prohíba el uso patrimonial de las siglas, limite la reelección infinita de candidatos sin militancia y promueva la formación ideológica. De no hacerlo, el país seguirá atrapado en una democracia secuestrada, sin liderazgos legítimos ni representación auténtica.
Las elecciones de 2025 no serán solo una competencia entre nombres: serán una prueba de resistencia para la democracia boliviana. El resultado no solo determinará al próximo presidente, sino el destino de un país debilitado, que hoy camina hacia las urnas sin democracia y al borde del abismo institucional.
