Hay momentos en los que la paciencia democrática se parece mucho a hacer fila en un surtidor: uno espera, espera… y cuando finalmente llega su turno, resulta que ya no hay gasolina. Eso es exactamente lo que está viviendo Bolivia hoy.
Mientras miles de ciudadanos pasan horas en interminables colas buscando combustible, el gobierno parece estar ocupado en una tarea mucho más urgente: explicar lo inexplicable.
Santa Cruz no tiene carburantes. Tiene filas. Filas largas, indignadas, desesperadas. Filas que comienzan de madrugada y terminan al anochecer. Filas que son el verdadero termómetro de un país que observa cómo la ineptitud administrativa se convierte en política pública.
Le invitamos a leer también: ¿Y si copiamos lo bueno?
Entretanto, desde YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos intentan convencernos de que el problema no es la gasolina… sino nuestra imaginación. Porque ahora resulta que la gasolina defectuosa que se compró por millones de dólares no era mala; simplemente necesitaba “mejorarse” con aditivos, cuentos técnicos y discursos burocráticos para que los balances cuadren y las responsabilidades desaparezcan.
Un pequeño detalle: en el camino miles de vehículos terminaron dañados y el país cargó con una pérdida millonaria. Pero tranquilos. Aquí no pasa nada.
El presidente, que debería haber destituido hace rato al presidente de YPFB y al ministro responsable, mantiene intacta la estructura que administró este desastre. Y cuando un gobierno protege a quienes cometieron un error de semejante tamaño, la ciudadanía inevitablemente se hace una pregunta incómoda: ¿Es incapacidad… o es encubrimiento?
Mientras tanto, como si las colas de combustible fueran una simple molestia doméstica, la política cruceña decidió abrir su propio circo: el famoso 50-50.
Ese que fue promesa electoral, discurso de campaña y ahora se convirtió en la nueva pelota que todos patean para ver quién la capitaliza políticamente.
El gobernador Camacho fue el primero en subirse al tren del entusiasmo. Abrazos, besos, fotografías con el presidente y declaraciones grandilocuentes sobre la redistribución de recursos. Parecía una luna de miel política.
Duró menos que una fila en surtidor. En menos de 24 horas, una viceministra salió a poner los pies en la tierra y recordó que el famoso 50-50 no es prioridad inmediata del gobierno y que su implementación podría tardar… unos diez años. Diez años. Un plazo perfecto para prometer sin cumplir.
La reacción fue inmediata: distanciamiento, amenazas de no asistir a reuniones autonómicas y la súbita aparición de una nueva villana política… la viceministra convertida en enemiga pública de Santa Cruz.
Luego apareció Tuto sugiriendo aprobar una ley al respecto hasta el mes de abril. JP Velasco, por su lado, decidió elevar el tono del drama político desafiando a Camacho para que los legisladores cruceños —de LIBRE, CREEMOS y sus aliados— se unan para impulsar el 50-50 desde la Asamblea Legislativa.
El discurso sonó bien. Duró lo mismo que duran muchas cosas en la política boliviana: hasta que se apagaron los micrófonos. Porque al final, todo quedó en palabras.
Y entonces sucedió lo que nadie esperaba.
Mientras unos hacían campaña, otros se tomaban fotografías y algunos daban discursos, Branko Marinkovic hizo algo bastante extraño para la política nacional: presentó un proyecto de ley.
Nada menos que la “Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público, Descentralización Funcional y Fortalecimiento Institucional del Estado”. Traducido al lenguaje político simple: una propuesta concreta para discutir y aplicar la redistribución del 50-50 que el propio presidente prometió en campaña.
Y además con algo todavía más peligroso para el teatro político: plazos concretos. Porque el proyecto plantea que el tema se trate en esta gestión legislativa, no dentro de una década ni en un futuro nebuloso. En otras palabras: mientras unos agitaban banderas, alguien puso el documento sobre la mesa.
¿Y qué pasó? Exactamente lo que suele pasar cuando la política se enfrenta a la realidad: apareció la mezquindad. Los senadores vinculados a los mismos grupos que dicen apoyar la redistribución se negaron a aprobar la dispensación de trámites para acelerar el tratamiento del proyecto. Así funciona el sistema. Todos quieren el discurso del 50-50. Pero nadie quiere votar cuando llega la hora de convertirlo en ley.
El resultado es revelador. Queda al descubierto la fragilidad política de quienes dicen defender a Santa Cruz mientras bloquean iniciativas que podrían fortalecer la descentralización.
Y también deja una conclusión incómoda: Que en medio del ruido electoral, el único que parece entender de autonomías, descentralización y recursos regionales sigue siendo el mismo que hace veinte años defendía ese proyecto: Branko Marinkovic.
Ahora bien, conviene recordar —porque en este país la memoria legislativa suele ser más corta que las promesas de campaña— que cuando el Senado rechaza la dispensación de trámite de un proyecto de ley, este no muere ni se archiva, como algunos apresurados quisieran hacer creer. Simplemente vuelve a su cauce institucional.
Es decir, el proyecto debe ser remitido obligatoriamente a la o las comisiones correspondientes para su análisis, su debate técnico y la elaboración de un informe que posteriormente regresará al pleno. Así funciona —al menos en teoría— el proceso legislativo.
Por lo tanto, el desafío sigue vivo. Solo que ahora cambia el escenario: aquellos que gritan, exigen y prometen el famoso “50-50” tendrán que hacer algo más difícil que dar discursos o publicar videos en redes. Tendrán que trabajar.
Les toca mostrarse coherentes y honestos: sentarse en comisión, debatir el proyecto, consensuar mejoras, alimentarlo con propuestas serias y finalmente aprobarlo en esta misma gestión legislativa. Porque si de verdad creen en la descentralización de los recursos, este es el momento de demostrarlo.
De lo contrario, el “50-50” correrá el mismo destino de tantas otras promesas bolivianas: un lindo eslogan electoral que termina durmiendo diez años en algún cajón del Congreso, mientras las regiones siguen esperando la oportunidad de definir y priorizar sus propias inversiones.
La historia, a veces, tiene un extraño sentido del humor. Pero al final, la decisión no está en Santa Cruz. Está en el Palacio de Gobierno. Presidente, llegó el momento de definirse. Tiene dos caminos.
El primero: destituir a los responsables del desastre de los carburantes, investigar con transparencia y recuperar algo de credibilidad.
El segundo: apoyar el tratamiento real de la redistribución de recursos que usted mismo prometió en campaña.
Porque si algo ha quedado claro en estas semanas es que la ciudadanía ya no compra discursos. Y menos aún cuando tiene que hacer fila para cargar gasolina
(*) Alberto De Oliva Maya es escritor y analista político
