La abrupta acción de los administradores de justicia, que en un tiempo récord dejaron en libertad a quienes causaron el golpe de Estado atípico en 2019, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari y algunos militares, quedamos profundamente decepcionados de los que dicen ser “juristas independientes”. Aún esperan ese patrocinio, Jeanine Áñez, Arturo Murillo y otros.
Camacho, en el año citado, fungía como presidente del Comité pro Santa Cruz. Hay que recordar que Camacho, con amenazas y promesas, declaraba públicamente que su padre José Luis: “Fue… quien cerró con los militares, para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”. No se terminó de investigar: ¿Qué compromisos se acordaron con los militares y los policías? ¿Cuánto de dinero se pagó a los militares y a los policías que se amotinaron? Pero esta declaración pública es la mejor prueba de que sí hubo el golpe de Estado.
En los días luctuosos de noviembre, se reveló que corrió mucho dinero, incluso se dijo que Jeanine Áñez habría recibido una fuerte suma de dinero por asumir la Presidencia y que nunca fue desmentida por la expresidenta de facto. También se sabe que todos los bloqueos de las pititas, las plataformas, Conade, comités cívicos o resistencias en el país fueron financiados por capitalistas-empresarios, como Fernando Camacho y su familia, por políticos de oposición y gente vinculada con la extrema derecha racista. El caso de Marco Pumari se ha denunciado como a uno de los principales promotores del incendio de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
El pueblo profundo no ha perdido la memoria. Recuerda que fue humillado quemándoles su wiphala por algunos policías ignorantes, fue ahogado en sangre en Senkata-El Alto y Sacaba-Cochabamba por los militares. Que fueron estigmatizados como hordas, salvajes, bestias humanas y varios de sus líderes fueron encarcelados por reclamar justicia.
Frente a estos hechos contundentes y públicos, con 30 muertos lamentables, ¿cómo es posible declararlos cuasi héroes a Camacho, Pumari y los que vengan? El lenguaje jurídico de in-justificación no puede pensar que el pueblo es ignorante y dócil, cuando los hechos explican lo sucedido.
La esperanza, frente a la profunda desilusión mencionada, tiene que ver con las acciones de muchos comunarios/as pertenecientes al municipio de Viacha, ubicado muy cerca de la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, que marcharon y tomaron físicamente la mañana del 1 de septiembre el edificio de la Alcaldía en protesta por la contaminación minera.
“¡No más actividades mineras, no más empresas mineras, no más contaminación!”, expresó una las autoridades originarias que lideró la protesta. Además, en varias pancartas decían: “¡No a la minería! La vida vale más que el oro”. Además, había carteles en aymara con frases similares.
Los/as movilizados exigieron al Concejo Municipal de Viacha aprobar una ley de rechazo a las actividades mineras y la contaminación. Asimismo, buscaron la explicación del alcalde Napoleón Yahuasi por las autorizaciones de las actividades mineras.
Finalmente, el alcalde Yahuasi emitió una ley para retirar las licencias mineras a más de una veintena de empresas denunciadas por provocar fuerte contaminación en el suelo y pastizales, con efectos nocivos en la salud del ganado y personas.
El documento establece que la autoridad edil debe encargarse de gestionar “el cierre y mitigación” de toda actividad minera, la presentación de una acción de cumplimiento judicial y “la revocatoria de todas las licencias de funcionamiento”.
La autoridad originaria Narciso Canaviri declaraba a un medio de comunicación “Nuestros animales se están muriendo, nuestros compañeros están enfermos; queremos justicia, no podemos soportar más. No queremos más actividad minera, no queremos más fábricas, porque afectan al campo, al agro y al agua”.
El reclamar reiteradamente mediante cartas se ha convertido en la impotencia y también para comprender que solo la presión colectiva y contundente puede parar la contaminación de la minería. Es un gran paso, pero no se puede confiar del todo. Es posible que haya nuevas artimañas entre las autoridades locales y la minería contaminante.
Arsusiñasawa jilatanaka, kullakanaka. Jiwayir jaqinakaxa wali suma k’umar tukutawa.
*Es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.
