El líder opositor y empresario Samuel Doria Medina consideró que el Ministerio Público debería dejar sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes sindicales y sociales para facilitar el diálogo impulsado por la Iglesia Católica y otros actores.
Doria Medina sostuvo que el acercamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados necesita “condiciones mínimas de confianza” para avanzar hacia acuerdos que permitan superar el conflicto y los bloqueos instalados en distintas regiones del país.
Samuel Doria Medina
El empresario afirmó además que en las últimas horas comenzó a observarse una disminución gradual de las medidas de presión, situación que atribuyó al desgaste del conflicto y a la apertura de espacios de negociación entre algunos sectores y el Ejecutivo.
“Los bloqueos se están relajando”, señaló al remarcar que la salida a la crisis debe construirse mediante consensos y no mediante confrontación.
Las declaraciones surgen en medio de las negociaciones impulsadas por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos, luego de casi un mes de movilizaciones, cortes de ruta y conflictos sociales en el país.
Órdenes de aprehensión
Los sectores movilizados, particularmente la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, condicionaron su participación en el diálogo a la anulación de las órdenes de aprehensión emitidas contra algunos de sus dirigentes, entre ellos Mario Argollo.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que durante las reuniones de diálogo no se ejecutarían mandamientos de aprehensión, aunque aclaró que las decisiones judiciales corresponden al Ministerio Público.
Conflicto
En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara confirmó que la ausencia de los sectores movilizados en las últimas reuniones respondió justamente a la exigencia de dejar sin efecto las órdenes judiciales.
El conflicto social ingresó a su cuarta semana con impactos en el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto, mientras distintos sectores políticos y empresariales continúan demandando una salida negociada a la crisis.
