Quién de ustedes no asistió alguna vez a una fiesta (chupa o junte) de amigos donde el anfitrión pide acabar el vaso de trago, bajo la consigna: “no te hagas el gil, tu mitas el ron, pero yo mato…” En esta oportunidad estimado lector(a) no abordaremos temas relacionados a juntes o chupas, pero con este ejemplo, quiero partir diciendo que el debate del pacto fiscal en Bolivia es más o menos lo mismo, pero a diferencia de trago (Ron cubita), el tema central en debate instalado hace bastante tiempo ante la opinión pública es: ¿Qué nivel de gobierno debería consumir (chupar) más recursos públicos, el nivel central del Estado o los gobiernos autónomos subnacionales?
Pero a diferencia de un vaso de ron, el Estado no se divide tan fácilmente.
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La Constitución Política del Estado diseñó una arquitectura competencial donde la mayor carga de responsabilidades recae en el nivel central. El artículo 297 establece competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, y en todas ellas la titularidad legislativa se concentra en el nivel central del Estado (salvo las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos subnacionales). Además, el artículo 298 asigna campos estratégicos como defensa, fuerzas armadas, seguridad, régimen aeroportuario, política económica o sistema de pensiones, hidrocarburos, entre otros. Es decir, el diseño constitucional ya estableció un peso mayor de obligaciones para el nivel central.
No se trata de una defensa del centralismo. Es simplemente reconocer cómo está construido el Estado.
También hay que recordar que el Tesoro General de la Nación (TGN) concentra las principales fuentes de generación de recursos. De manera simplificada, un tercio proviene de la actividad hidrocarburífera —a través de YPFB—, (que se transfiere de manera compleja entre el nivel central y subnacional), otra fuente nacional, son tributos nacionales (recaudados por el SIN) que luego se coparticipan, y un tercer componente proviene de servicios públicos. Los gobiernos subnacionales, en cambio, no tienen la misma tuición sobre recursos estratégicos ni sobre los principales dominios tributarios. Esto ya introduce una primera dificultad estructural para un reparto automático de 50/50.
Otro aspecto poco discutido es la evidencia comparada. ¿Existen modelos de Estado federales o autonómicos donde el reparto sea exactamente mitad para el nivel central y mitad para los niveles subnacionales?, ¿Existe una relación directa entre mayor descentralización fiscal y menor pobreza o desigualdad territorial? Son preguntas que requieren más análisis técnico que consignas políticas.
A ello se suma un tema sensible: las capacidades institucionales. Bolivia es un país golpeado por la corrupción, y este problema no es exclusivo del nivel central. También existe en gobernaciones y municipios. Un reparto mecánico del 50/50 podría terminar trasladando o multiplicando problemas de gestión si no se fortalecen previamente las capacidades institucionales y los sistemas de control.
Además, más recursos no necesariamente significan más desarrollo. Muchos gobiernos subnacionales enfrentan dificultades para ejecutar su presupuesto o planificar inversiones estratégicas de largo plazo. La planificación suele ser fragmentada y muy atomizada, lo que reduce el impacto de la inversión pública.
El debate también debe abordar el tema tributario. Si una empresa privada grande, tiene su sede en un departamento pero vende en todo el país, ¿dónde debería concentrarse la recaudación, solo a favor del departamento? Precisamente por estas asimetrías, el nivel central cumple una función redistributiva entre regiones.
Por todo ello, el pacto fiscal no puede reducirse a una consigna. Antes de discutir porcentajes, Bolivia necesita revisar de manera integral la lógica de la gestión pública. La Ley 1178 fue pensada para un Estado de los años noventa; hoy el desafío es construir un aparato público más eficiente, transparente y capaz de ejecutar políticas de desarrollo más ágiles.
Finalmente, si el objetivo fuera realmente modificar el equilibrio entre niveles de gobierno, el debate probablemente tendría que ir más allá de decretos o leyes. Probablemente Implicaría revisar la propia arquitectura constitucional de competencias, si es que se hace un pacto fiscal profundo. Y eso exige madurez técnica y política. ¿Bajo el actual contexto existen las condiciones políticas para abordar nuevamente un escenario constituyente?
En otras palabras, el pacto fiscal no es simplemente decidir quién “mitas” y quién “mata” el vaso. Primero hay que definir quién trae el ron, quién paga la botella y quién tiene la responsabilidad de que la fiesta no termine mal.
(*) Mario Andrés Antezana P. es politólogo
