Los pasados días el gobierno lanzó las diez medidas ante la crisis de combustible. Pasadas la sorpresa y el espanto, y luego de “infoxicarnos” con las reacciones y justificaciones, toca, desde el ámbito educativo, reaccionar de manera analítica y fundamentada sobre lo que respecta a la octava medida: “Se autorizan las clases virtuales en ciudades de acuerdo a la evaluación de las direcciones de educación en cada departamento”.
Lo primero es recurrir a la memoria inmediata: Somos el único país que suspendió el año escolar en pandemia, el gobierno de Añez y su ministro de educación pasaron a la historia por esa irresponsable medida. Ahora somos el único país en el mundo que autoriza clases virtuales por falta de combustibles.
Los efectos de las clases virtuales en la época de pandemia han sido ampliamente estudiadas a nivel internacional y nacional; todos los estudios coinciden en sus efectos negativos sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, principalmente en el ámbito escolar; todas las conclusiones mencionan preocupantes índices de rezago en todos los niveles, incluso en contextos en los que las condiciones de preparación docente, adaptaciones curriculares, acceso a las tecnologías y niveles de cobertura de internet estaban atendidos; todos coincidieron en recomendar a los sistemas educativos la implementación de procesos de nivelación al momento de retornar a las clases presenciales. En Bolivia los efectos de las clases virtuales fueron mayores, no sólo por la falta de las condiciones básicas para su implementación sino también por la brillante idea de suspender el año escolar a mediados del 2020.
Con esos antecedentes y sin habernos recuperado del mencionado rezago, el gobierno actual incluye las clases virtuales como medida ante una crisis económica y de combustibles que no supo prevenir, no es capaz de gestionar y, al parecer, no prevé solucionar. Al intentar comprender la situación surgen innumerables preguntas.
Al momento de analizar y definir estas medidas ¿no hubo nadie en el gabinete que advierta de los antecedentes y de las consecuencias de esa determinación? ¿No hubo nadie que mencione que, pese a la experiencia de la pandemia, el país aún no cuenta con las condiciones mínimas para implementar clases virtuales? ¿Hay alguien en el gabinete a quien le interese la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿Hay alguien en el ministerio de educación que pueda orientar sobre estos temas? ¿Se habrán considerado otras alternativas? ¿Se habrá pensado en la realidad de las familias y en la situación en las que se las coloca ante esa determinación? ¿Cuánto más se afectará a los estudiantes en sus logros de aprendizaje? ¿Qué le tocará atender al próximo gobierno en temas educativos?
Al parecer la miopía en el tema no llega solo al gobierno, algunas autoridades educativas recibieron la noticia e implementaron la medida con inusual celeridad, otras autoridades no adoptaron con ligereza esa decisión y mantienen la presencialidad, buscando generar condiciones, y agotando medidas que les permitan respetar el derecho a la educación.
Aún no se tiene información sobre la cantidad de instancias educativas que adoptaron la virtualidad y aquellas que no lo hicieron. Es de esperar que surjan otro tipo de soluciones educativas si se profundiza la crisis económica y de combustibles. Lo cierto es que más allá de lo desacertado de la medida, el entorno del actual del gobierno deberá excluir de sus discursos de gestión y de sus discursos electorales la mención a la calidad educativa.
Luis Fernando Carrión Justiniano es educador e investigador boliviano.
