Las normas están orientadas para regular el comportamiento de las personas para una sana convivencia en las sociedades, su incumplimiento implica la aplicación de sanciones. Es decir, el deber que todas las personas tienen al margen de cualquier condición o privilegio con respecto al cumplimiento de las leyes es substancialmente la obligación de someterse a los mandatos establecidos en las normas jurídicas. Normas que buscan garantizar el orden público, la protección de derechos y garantías constitucionales de las personas.
Este deber no solo conlleva la abstención de realizar conductas ilegales, sino también que obliga realizar acciones que la ley exige. Lo contrario, el desconocimiento a los mandatos legales, conlleva conductas reñidas por nuestras normativas. Conductas relacionadas con la evasión a la justicia implican sustraerse del accionar de las autoridades judiciales impidiendo que se apliquen las leyes, y estén inalterables la impunidad de hechos ilícitos. Estas acciones deliberadas de no sometimiento a la justicia conducen a la perdida de ciertos derechos, además de agravar la situación legal del evasor.
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Ervin Goffman, cuyos estudios se centraron en analizar la interacción social, la comprensión de la delincuencia y la desviación social, identificó a dos tipos de delincuentes; el que se esconde para evitar su detención, y el que se exhibe para obtener reconocimiento y atención. Evadir la justicia genera situaciones de desigualdad, en el que algunas personas con anuencia judicial o política eluden las consecuencias de sus acciones delincuenciales, mientras aquellas que por su precaria condición social o escasa influencia se someten a los dictámenes judiciales. En este ámbito hay aquellos delincuentes comunes que soportan todo el peso de la ley y los que están exentos del castigo de la justicia que gozan de ciertos privilegios, protección e impunidad a sus delitos. La diferencia entre ambos radica en que estos actúan protegidos por la sociedad, por los operadores de la justicia, y por el poder político. En cambio, los otros, los comunes, estos están destinados a su propia suerte.
Hay casos emblemáticos en el mundo de la política, de la farándula, de personajes públicos e influyentes, acusados por diferentes ilícitos como el relacionado con delitos sexuales a menores de edad. Casos que por su repercusión mediática han sido llevados a la pantalla grande, reproducidos en documentales, o libros, como el de la obra “Lolita” escrita por Vladimir Navocof en la que se relata la obsesión pervertida y manipuladora, que tiene el protagonista de esta obra, don Humbert Humbert, por una niña de 12 años, a quien la llama Lolita. Hoy en día lamentablemente vemos a muchos Humbert Humbert en las calles, reincidentes, fugitivos, impunes. Inclusive hay un personaje como el de Humbert Humbert, que ahora se mofa de la justicia, y quien sostenía que quien se escondía o escapaba era un delincuente confeso, no era un perseguido político.
Lamentablemente, hay quienes justifican estas acciones, es decir, pareciera que les da igual que sea malo, da igual que lo que se está haciendo sea inmoral, el hecho es que hay gente que lo justifica y llegan al grado de romantizar las acciones de estos delincuentes. Los bandidos o forajidos en el lejano oeste fueron hábiles en evadir a la justicia, hoy en día este calificativo se ha estilizado; en la jerga jurídica se lo conoce como rebelde. Al margen de estas denominaciones, de rebelde, fugitivo o forajido, que tienen cuentas pendientes con la justicia e independientemente de su condición política o privilegio de la que gozan es imperativo que se sometan a la justicia.
Países de la región han tenido a personalidades políticas evasivas a someterse a la justicia. Bolivia no es la excepción, también tiene al suyo que pretende entrar a la contienda electoral nacional.
(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo
