Recientemente, Samuel Doria Medina, conocido político de la vieja escuela, en una conferencia realizada en la ciudad de Tarija, se comprometió a aplicar una tasa cero en el Impuesto al Consumo Específico (ICE) para los vinos y singanis nacionales en caso de ser elegido presidente en las próximas elecciones nacionales. La propuesta fue inmediatamente aplaudida por el sector vitivinícola, cuyo principal representante afirmó días después que el ICE se constituye en una “carga dura y fuerte” que limita no solo la comercialización en el mercado nacional, sino también la exportación de vinos y singanis, y que le resta competitividad y frena su desarrollo. Sin embargo, ¿serán evidentes estas afirmaciones? Y, por tanto, ¿será posible establecer un trato preferencial a los productos nacionales?
Inicialmente, es importante señalar que, por el principio de neutralidad impositiva, el ICE no se aplica a las exportaciones. Esto significa que los productores bolivianos que exportan sus productos no enfrentan la misma carga impositiva que en el mercado local, lo que les permite competir en igualdad de condiciones en el mercado extranjero, debiendo asumir las obligaciones impositivas en el país de destino de la exportación.
Este aspecto se encuentra regulado en el ámbito del comercio internacional, toda vez que, en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se tiene como premisa el principio de “Trato Nacional”, el cual establece que los productos extranjeros no deben ser tratados de manera menos favorable que los productos nacionales. Vulnerar este principio, y dar un trato discriminatorio hacia otros productos similares importados, podría abrir la puerta a quejas formales ante la OMC, dando paso a disputas comerciales entre países, considerando que esta medida infringe este principio sobre comercio justo y trato igualitario.
Si bien la idea de una tasa cero en el ICE para los vinos y singanis nacionales reduciría los costos a nivel local, contravenir los acuerdos internacionales, como los de la OMC, podría repercutir en que otros países tomen acciones, afectando las exportaciones bolivianas a largo plazo. Los beneficios inmediatos para los productores nacionales se verían afectados, ya que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, que resuelve disputas comerciales entre los países miembros, obligaría al país infractor a cambiar sus políticas o medidas que violen el Trato Nacional. Asimismo, impondrían medidas de represalia como la suspensión de concesiones comerciales, incluyendo la imposición de aranceles más altos sobre productos del país infractor, disminuyendo así la competitividad de sus productos exportables.
Por lo tanto, es incorrecto afirmar que el ICE limita la capacidad de exportación del sector vitivinícola, ya que el impuesto no tiene impacto sobre las ventas fuera del país; y eliminar este impuesto para los citados productos, nos llevaría a vulnerar los principios internacionales, como el Trato Nacional, lo que podría desencadenar efectos contrarios, cerrando oportunidades para el sector y restringiendo su capacidad de expansión y competitividad a nivel mundial.
Se sabe que las elecciones generales en Bolivia están programadas para el 17 de agosto de 2025; por ello, es crucial que los precandidatos presenten propuestas viables y responsables en lugar de lanzar promesas vacías con el único fin de obtener votos, que, a la larga, podrían resultar imposibles de cumplir.
