Cuando hablamos de contaminación ambiental, siempre pensamos en la contaminación atmosférica y en cuanto dióxido de carbono estamos respirando, no obstante, un dato que llama poderosamente la atención es la contaminación que puede generar el mercurio, pues un solo gramo de este metal puede lograr contaminar hasta un millón de litros de agua. Ahora bien, asociemos el uso del mercurio a la explotación de oro fluvial en nuestro país, y tendremos impactos sin precedentes.
Bolivia como pocos países, siempre ha sido bendecida con sus recursos naturales, y los minerales no han sido la excepción, su explotación a lo largo de la historia ha sido base fundamental de su economía y de su crecimiento, pero no necesariamente de su desarrollo (ironías de nuestra historia). Por ejemplo, tras 500 años de explotación, todavía somos uno de los principales productores de Plata en el mundo, con más de mil toneladas anuales de producción, donde el 75% proviene del emblemático cerro rico de Potosí. Por otro lado, allá por el año 1900 y por cerca de 80 años, el Estaño fue el motor de la economía nacional en la denominada época de los «Barones del Estaño» donde se logró una producción histórica de 47mil TMF, que posteriormente, entre bajadas y subidas tanto de producción como de precio, llegamos al 2025 con una producción de 30mil TMF (TMF, tonelada métrica fina, hace referencia al metal puro, sin ningún concentrado adicional). Finalmente, si hablamos del Oro, su explotación empieza de manera formal una vez que el Estaño pierde fuerza, allá por los años 90, con producción marginal y sin incentivos por parte del Estado, no obstante, sube silenciosamente hasta lograr que en el 2005 su precio se dispare por 3 y exista un «boom» del oro pasando de 6 toneladas el 2010 hasta su máximo pico en el 2023 de 53 toneladas, el 99% pertenece a explotación de Cooperativas y el 70% de concentra en el departamento de La Paz.
Ahora bien, es importante mencionar que cerca de un 5 a un 10% de la producción de Oro, es extracción de veta, el resto (90%!!!), es por extracción aluvial, realizado por casi 1500 cooperativas centradas en los departamentos de La Paz, Beni y Pando. El método utilizado es el «dragado», que consiste en que barcazas adaptadas con motores y mangueras de alta presión aspiran en el fondo del río, la arena, lodo y demás componentes y mediante bandas transportadoras y haciendo uso del mercurio, retienen el oro, desechando el resto de componentes al mismo río. Del 100% utilizado en el proceso cerca del 25% no es recuperado y es «devuelto» nuevamente al río, ojo con este dato.
El uso del dragado y del mercurio generan una contaminación e impactos multidimensionales. En términos ambientales, un solo gramo de mercurio contamina un millón de litros de agua, y el porcentaje de agua «devuelta» al río es del 25%, ahora bien, según datos históricos entre el 2014 y el 2025 se importaron cerca de 1.400 toneladas de este metal, que lastimosamente podemos deducir que no fueron a otra actividad que no sea la explotación de Oro aluvial, esto significa, haciendo un cálculo rápido, que cerca de 53 billones de litros de nuestros ríos han sido contaminados (65 veces el Lago Titicaca!!!) o que el agua contaminada serviría para abastecer el consumo de agua de Bolivia por los siguientes 133 mil años; ni hablar de la destrucción física que presentan los lechos de río y los bosques aledaños. En términos de salud, los mineros básicamente tienen mercurio en su cuerpo ocasionando daños irreversibles, al igual que las comunidades indígenas que se ven afectadas por el contacto con esta agua o el consumo de peces contaminados. En términos económicos, la mayor parte de la actividad es ilegal, por lo tanto, no representa ingresos para el Estado a través de regalías o impuestos asociados. Finalmente, en términos sociales, toda el área de explotación se ha convertido en un punto crítico de conflictos sociales, que lamentablemente no tienen ninguna solución proyectada.
A nivel internacional, el Convenio de Minamata firmado por la Naciones Unidas en Japón del 2013, tiene el objetivo de proteger la salud y el medio ambiente, del mercurio, dicho acuerdo establece 7 compromisos: Eliminación de productos con Mercurio, Control de procesos industriales, Reducción del uso del mercurio en minería artesanal y de pequeña escala, Control del comercio del Mercurio, Almacenamiento y desechos, Sitios contaminados, Reporte y Monitoreo. Siendo evidente, por los datos presentados, que después de 13 años de su firma, nada ha cambiado en Bolivia. Es más, recién el 2016 ratificamos el acuerdo como Estado y recién el 2021 se entregó el Plan de Acción Nacional (PAN), que tiene como principal objetivo nacional, la reducción del mercurio en un 60% hasta el 2030, así como el cambio de tecnología para la explotación del oro y la participación de las comunidades indígenas. No dice mucho sobre las acciones para la mitigación en temas de salud o de reconstrucción de los lechos de río y bosques asociados.
Es necesario pasar de un plan institucional a verdaderas acciones sociales, que promuevan la legalidad de las cooperativas, la trazabilidad del uso del mercurio, la regulación consensuada, repensar mecanismos de fiscalización eficientes, crear un fondo de remediación a las comunidades indígenas, promover el uso de tecnologías limpias, y finalmente, entender que nos hemos vuelto expertos en explotación de Plata, Estaño y Oro, pero con ello, no hemos logrado un desarrollo económico sostenible en cambio hemos contaminado nuestros ríos para las siguientes dos o tres generaciones.
Christiam Cordero Rocha
es ingeniero industrial.
