A seis meses de la transmisión de mando, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta la ola de conflictos más severa en lo que va de su mandato. La Central Obrera Boliviana declarada en paro indefinido, marchas indígenas amazónicas, bloqueos campesinos del altiplano, maestros movilizados, mineros detonando dinamita frente al palacio de gobierno, transportistas demandando combustible limpio. La Cámara Nacional de Industrias calcula pérdidas diarias entre $us 50 millones y $us 60 millones.
El rasgo más notable: quienes hoy exigen en las calles la renuncia del presidente son, en buena medida, los mismos que en las elecciones de 2025 le entregaron el voto que lo llevó al Palacio Quemado.
Para entender qué está ocurriendo conversamos con dos voces que iluminan el momento desde ángulos complementarios. El sociólogo Pablo Mamani lee la coyuntura desde la genealogía larga del sujeto popular indígena y su disputa histórica por el Estado. La politóloga Ana Lucía Velasco la aborda desde el análisis político e institucional, atenta a estrategias, ventanas de oportunidad y restricciones materiales.
El encuentro de varios malestares
No hay una agenda única, y eso es lo primero que llama la atención. El magisterio pide salarios; los transportistas, combustible limpio; los campesinos siguen alborotados por la Ley 1720; los mineros, explosivos y diésel; la COB, incremento salarial. Velasco subraya un contraste histórico. «La gran diferencia con octubre de 2003 era que, si bien la chispa fue el tema de la exportación del gas vía Chile, sí había de fondo una agenda que se había ido formando en los años previos. Se pedía asamblea constituyente. Ahora yo no veo una agenda común real».
Mamani lee otra cosa por debajo de esa dispersión: un reordenamiento. «Hay un proceso emergente de una nueva reconfiguración de las relaciones de poder. Este nuevo momento está haciendo que la élite gobernante, los grupos empresariales y ciertos intelectuales vinculados a estos tengan que volverse a preocupar, porque es la disputa directa del poder de un modo abierto». Lo que, en 2003 «era un levantamiento social, (pidiendo) la renuncia del gobierno y la crítica al modelo neoliberal, ahora es otro proceso. No apunta solamente a cosas pequeñas, sino a una cosa mucho mayor», advierte.
Ambos coinciden en algo: por debajo de las demandas sectoriales late un malestar político. La traducción más nítida es de Mamani. Interpreta que los movilizados expresan lo siguiente: «gracias a nosotros es gobierno, gracias a nuestro voto. Pero Rodrigo Paz ha traicionado, y entonces con nuestro voto empieza a gobernar para los ricos y los terratenientes». Y cierra citando una imagen televisiva. «Una señora ha dicho en la prensa: ‘yo pensaba que los mestizos habían cambiado; pero nada, siguen en lo mismo'».
La simiente electoral
Hay una dimensión menos visible que también alimenta el malestar actual y los conflictos. En el ciclo electoral 2025-2026 se anularon candidaturas y siglas, varias de ellas con potencial de representar a sectores populares e indígenas. Velasco reconoce que algunas inhabilitaciones tenían fundamentos legales —el caso de Evo Morales, por ejemplo, tiene de fondo procesos judiciales pendientes—, pero subraya que la consecuencia agregada fue clara: «no tenían un caballo ganador en la carrera».
El efecto sobre el electorado popular fue doble. Por un lado, empujó parte de ese voto hacia Rodrigo Paz como opción menos rechazada —lo que Mamani llamó «voto estratégico»— y no necesariamente como opción deseada. Por otro, dejó a esos sectores sin canales de representación propios en la nueva configuración institucional, ni en el Ejecutivo ni en buena parte de las gobernaciones y alcaldías. Cuando la democracia formal no devuelve representación, la presión se desplaza a las calles. Es una de las claves que ayuda a entender por qué el descontento escaló tan rápido y por qué el repertorio de la protesta —bloqueos, paros, marchas— recuperó protagonismo apenas seis meses después de unas elecciones que muchos analistas leyeron como cierre de ciclo.
Del voto al pedido de renuncia
¿Cómo se llegó hasta acá? Velasco plantea que «es una consecuencia directa de la estrategia que ha tenido Rodrigo Paz. Ha sido muy evidente: hacer varias promesas populistas y, apenas gana la segunda vuelta, incluso antes de ser posesionado, hacer un cambio radical de postura. La estrategia de marketing electoral ha sido muy buena para ganar la elección, pero está siendo complicada para mantenerse en el gobierno».
A esa percepción inicial de engaño se sumaron episodios concretos. El alejamiento del vicepresidente Edman Lara —a quien muchos votantes sentían como su genuino representante— fue leído como desdén. La crisis de la gasolina basura, que dañó miles de vehículos. La Ley 1720, promulgada en un acto con empresarios agroindustriales de Santa Cruz. Pero, sobre todo, lo que Mamani identifica como la ruptura simbólica de fondo: el gabinete sin caras indígenas. Velasco coincide. «Uno de los primeros grandes errores de Rodrigo Paz ha sido que, apenas entra el gobierno, ya no ves caras indígenas. No puedes retroceder el reloj veinte años atrás. Eso ya forma parte de la cultura de ser política en este país», sostiene.
Mamani refiere una caracterización que circula entre habitantes de La Paz. «Es un gobierno de señoritos, porque se levantan a las siete y media, a las ocho están tomando desayuno, a las ocho y media se bañan, a las nueve llegan a la oficina y a las nueve y media empiezan a atender asuntos del Estado, cuando la gente desde las cinco de la mañana está allá. Hay un desfase. Y entonces la gente dice: ‘nosotros podemos gobernar mejor'».
Una representación vacante
El conflicto es también una arena. Velasco identifica otra dinámica que está presente en el escenario. «El MAS, y específicamente Evo Morales, han dejado un vacío de poder y de representatividad bien grande, que en términos políticos es súper tentador de ocupar. Veo a Nilton Condori y a Mario Argollo, de alguna manera, y a algunos otros contendientes más intentando llenar esos vacíos».
Mamani matiza el peso de líder histórico del MAS-IPSP. «La presencia de Evo Morales ha sido importante, pero no creo que sea hoy el factor de otro momento histórico. Hay una emergencia de otros liderazgos mucho más jóvenes, que han surgido con una radicalidad impresionante por la popularidad que tienen en el territorio». Nombra a Nilton Condori, René Yahuasi Calamani y Leonardo Loza, entre otros.
El sociólogo advierte sobre la otra orilla. «Tuto Quiroga ya no tiene la potencia para ser el factor de articulación con el mundo indígena popular y las nuevas clases medias. Ha quedado en ese discurso de los años 2000 al 2005». A lo que se suma, dice Mamani, una nueva intelectualidad de origen indígena, urbana, hispanohablante, que la academia tradicional aún no reconoce pero que está produciendo lecturas distintas del país.
Cómo salir del conflicto
Aquí ambos análisis convergen en un punto incómodo. Velasco lo formula con claridad quirúrgica. «Los tiempos políticos no están acompañando a los tiempos económicos. Ya no existe la Bolivia del tipo de cambio fijo de 6,96, ya no existe la Bolivia de la gasolina subsidiada». Y añade lo que pocos quieren decir. «Si mañana renuncia Rodrigo Paz, quien venga no va a poder hacer nada tampoco. Entra Argollo, tampoco va a poder hacer nada en la realidad económica que nos está pisando». El problema, entonces, no es solo de quién gobierna sino de qué se puede gobernar.
Mamani plantea el horizonte normativo: no es posible una restauración del orden previo. Los grupos populares e indígenas “ya han formado parte del gobierno; no se puede retroceder». Su propuesta es un modelo «en forma de rombo». Una base ancha donde esté distribuida la riqueza económica, cultural, simbólica y social, frente a la sociedad piramidal heredada. Una sociedad altamente democrática, con economía redistribuida, donde la pregunta de fondo —¿para quién se gobierna?— tenga otra respuesta.
La pregunta, entonces, no es cómo se cierra este episodio. Es si Bolivia es capaz de construir gobernabilidad duradera sobre la constatación de que el sujeto que entró a la mesa hace veinte años no piensa irse, y que cualquier proyecto viable tendrá que contar con él y, al mismo tiempo, tomar decisiones económicas que su propia base difícilmente celebrará. Mamani lo dice en su registro: «Bolivia no es nada sin el indio. Ningún gobierno va a ser viable sin el indígena». Velasco lo dice en el suyo. «Estamos en una familia, y cada miembro tiene una noción completamente distinta de cómo debería funcionar la casa. Nadie está dispuesto a negociarlas». El desafío del país, quizás, sea ese: sentarse de verdad a esa mesa antes de que la pulseta vuelva a ganarse coyunturalmente, como tantas veces antes, contando muertos.
Límites materiales para el conflicto
A seis meses de su asunción, el gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en una posición que la politóloga Ana Lucía Velasco describe como “contra las cuerdas». El pedido abierto de renuncia que circula en las marchas no es solo una consigna; es, en términos estratégicos, un cambio cualitativo del conflicto. Aleja las posibilidades de salida negociada y presiona a ambas partes a posiciones maximalistas.
Velasco lo formula con una metáfora simple y contundente. “Cuando pides la renuncia del presidente, anulas completamente el diálogo y estás obligando a escalar el enfrentamiento. Como en el póker, haces un “todo adentro” y al otro no le queda casi ninguna otra opción que igualar lo que tú estás haciendo o retirarse».
Dos vías complicadas
Quedan, según su lectura, dos vías, y ninguna es buena. La primera es la guerra del agotamiento: no reaccionar mucho, seguir llamando al diálogo, y apostar a que la sociedad —cansada de los bloqueos— termine quitándoles legitimidad a los movilizados. Velasco identifica una señal nueva en ese frente. «Más gente se está animando a cuestionar a las personas que marchan y bloquean. De repente hay personas que se acercan a la prensa y dice: ‘estoy en contra de esos bloqueos, estoy harta de que nos bloqueemos entre nosotros’. Eso no se veía hace tantos años». Pero advierte: «espero que esa no sea su estrategia (del gobierno), porque la gente también tiene miedo. No es responsable poner toda la carga en las personas para quitarles legitimidad».
La segunda vía es la fuerza: sacar a la policía, eventualmente a las Fuerzas Armadas, declarar estado de sitio. «Los momentos en que ya sale la Policía y las Fuerzas Armadas siempre se vuelven caóticos. Es una narrativa contra otra; esto lo hemos visto un montón de veces en la historia de Bolivia, y la polarización se puede disparar».
Pero el problema más grave excede al gobierno de Paz. Velasco lo plantea con una claridad que conviene retener: las restricciones materiales no van a desaparecer con un cambio de presidente.
El corolario es duro. «La tragedia de ahora es que los tiempos políticos no están acompañando a los tiempos económicos. No basta solamente con sentarlos (a los movilizados) en la mesa; hay que tomar estas decisiones difíciles (sobre la crisis económica). Ese era el gran reto de quien fuera que iba a ganar estas elecciones: quién iba a ser capaz de mantener la cultura política que ya se había dado después del MAS, sin todos los recursos que tenía el MAS».
Sobre esa dificultad estructural, Velasco agrega un agravante imputable a Paz. «No ha sido capaz realmente de generar pactos previos para darle viabilidad a las medidas que se tenían que dar».
Porvenir
¿Qué impactos cabe esperar hacia adelante? Tres, al menos. El primero, inmediato: si se opta por la fuerza, el costo en vidas y en deterioro institucional puede ser alto, y la polarización resultante condicionará cualquier negociación futura. El segundo, de mediano plazo: sea como cierre el episodio en curso —por agotamiento o por represión—, el gobierno tendrá menor espacio político para impulsar las reformas estructurales que la economía demanda. Gobernar sobre la defensiva durante cuatro años y medio más es un escenario plausible. El tercero, de fondo: la disputa por la representación de los sectores populares e indígenas seguirá abierta, y los liderazgos emergentes —Condori, Argollo y otros— se medirán precisamente por su capacidad de capitalizar políticamente este momento.
Hay, sin embargo, un escenario que Velasco no descarta del todo y que el análisis debería seguir de cerca: que el cansancio social con los bloqueos efectivamente erosione la legitimidad de las protestas más radicales. Sería una sobrevivencia precaria para el oficialismo, no una recomposición.
Como fuere, una pregunta debería tener el gobierno en su forma de pensarse: cómo lograr construir una gobernabilidad sostenible en el tiempo. Este episodio puede cerrarse, de una u otra manera, pero es lo que viene después que debe ocupar la reflexión estratégica. Los conflictos sirven para que las partes también tomen conciencia de sus posibilidades y límites. Una vez pase la pulseta, ojalá quede algo más que resentimientos.
