A nivel general, es posible identificar una clara diferenciación dentro del movimiento indígena–campesino en Bolivia. Por un lado, se encuentran las organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» (CNMCIOB-BS). Estas organizaciones han tenido históricamente una vocación de toma del poder estatal y han asumido un discurso orientado a la instauración de un gobierno indígena a escala nacional.
Por otro lado, están las organizaciones indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), entre otras. Estas, en el periodo 1900-2009, priorizaron el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y a la autonomía indígena dentro del Estado, adoptando generalmente un discurso menos orientado a la captura del poder estatal y más centrado en la defensa de derechos colectivos.
Tierras bajas
En ese contexto, fueron las organizaciones indígenas de tierras bajas las que, tras la «I Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad» de 1990, impulsaron la demanda de una Asamblea Constituyente. La propuesta fue asumida posteriormente por diversos movimientos sociales de tierras altas y bajas del país, especialmente a partir de la «IV Marcha Indígena Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales» de 2002 a la que suman la CONAMAQ, el Movimiento Sin Tierra (MST), entre otros. En ese contexto, el proyecto del Estado Plurinacional no fue originalmente una creación del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino una propuesta política gestada desde las organizaciones indígenas de tierras bajas, a la cual luego se sumaron pueblos indígenas de tierras altas y otras organizaciones sociales durante el proceso constituyente (2003–2009).
Sin embargo, tras la aprobación de la nueva Constitución que da nacimiento al Estado Plurinacional y durante el segundo periodo de gobierno del MAS, el movimiento indígena nacional fue progresivamente cooptado, al tiempo que surgieron estructuras paralelas en varias de sus organizaciones. Como señalan Springerová y Vališková (2021) —en su artículo: «¿De la disrupción a la institucionalización? El caso del movimiento indígena de Bolivia»—, mediante mecanismos de patrocinio y cooptación de dirigentes, el gobierno promovió divisiones internas, debilitó a las dirigencias disidentes y fortaleció a sectores afines, generando un proceso de desmovilización paulatina, especialmente visible desde 2013.
Escenarios
Ahora bien, el escenario mencionado podría empezar a modificarse con los resultados de las Elecciones Generales de 2025. Donde en la primera vuelta del 17 de agosto y posteriormente en la segunda vuelta, el binomio Rodrigo Paz–Edmand Lara logró imponerse gracias al voto rural indígena y campesino del occidente del país (Oruro, La Paz y Potosí), así como al voto periurbano y popular de ciudades como El Alto y las ciudades capitales de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, tradicionalmente afines al MAS. No obstante, más que un respaldo programático al Partido Demócrata Cristiano (PDC), este voto expresó en gran medida un rechazo a la candidatura de Jorge «Tuto» Quiroga y a las políticas asociadas a los gobiernos previos al MAS.
En el caso del voto indígena en tierras bajas —tema que abordé con mayor detalle en mi reciente artículo «Entre la desorientación y el temor: el voto indígena en Tierras Bajas de Bolivia en las Elecciones Generales 2025», publicado en la revista Conocimiento y Política al que se puede acceder en el siguiente link: https://ojs.uagrm.edu.bo/revista-conocimiento-politica/article/view/398/536—, se evidenció que en la primera vuelta predominó la ausencia de una orientación orgánica clara frente a la división interna del MAS en distintas facciones con Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y Evo Morales pidiendo el voto nulo, generaron una fuerte desorientación en el voto indígena.
A diferencia de procesos electorales anteriores, la mayoría de los territorios no definieron colectivamente su apoyo a candidaturas específicas. Sin embargo, en la segunda vuelta varias organizaciones definieron su respaldo al PDC, motivadas en parte por el temor ante propuestas que planteaban revisar o eliminar la titulación colectiva de las tierras comunitarias.
Circunscripciones
Respecto a la elección de las siete Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas (CEIOC), los partidos políticos mantuvieron una ventaja frente a las organizaciones indígenas en las elecciones generales 2025. En 2020, el MAS había ganado los siete escaños en alianza con organizaciones sociales, en cambio en las últimas elecciones, el MAS solo logró retener un escaño especial en Pando y Alianza Popular otro en Oruro, mientras que el resto fue ganado por candidatos de oposición del PDC y Libre. Un hecho destacable fue la elección, por primera vez, de un candidato proveniente directamente de una organización indígena en la circunscripción especial de Cochabamba, marcando un hito en la representación política indígena.
La paradoja actual es que, pese a la salida del MAS del poder, no se vislumbra necesariamente un escenario favorable para los derechos colectivos y ambientales de los territorios indígenas. El perfil y discurso del presidente Rodrigo Paz no muestran afinidad con los principios del Estado Plurinacional. Por su parte, el vicepresidente Edman Lara, aunque reivindica lo popular y lo plurinacional en el plano simbólico, evidencia un conocimiento limitado de la complejidad del mundo indígena.
Frente a medidas del actual gobierno como el Decreto Supremo N° 5503, la oposición más activa no se encontró en la Asamblea Legislativa en los pocos representantes del MAS y Alianza Popular, sino en la capacidad de movilización de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de tierras altas como: la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), transportistas, gremiales, juntas vecinales y organizaciones campesinas e indígenas del occidente del país.
Nuevo momento
Con la derrota del MAS, ya no existe el sistema de patrocinio y cooptación que caracterizó su relación con diversas organizaciones sociales. Esto empieza a abrir un proceso de rearticulación, donde las estructuras paralelas comienzan a reunificarse frente a un gobierno que busca implementar políticas extractivistas que afectan los territorios indígenas. Sin embargo, este fenómeno aún no se expresa con la misma fuerza en la CIDOB y en varias organizaciones territoriales de tierras bajas, quienes tuvieron una reacción tardía frente al Decreto Supremo N° 5503. Donde, al parecer, persisten los paralelismos y el intento del actual gobierno de cooptar a sus dirigencias.
En este contexto, algo que definirá en gran medida el horizonte de unificación de las organizaciones indígenas de tierras bajas, será la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI), prevista para el 12, 13 y 14 de marzo de este año. Esperemos que allí se resuelva el paralelismo de la CIDOB; una organización que aglutina a las 34 naciones indígenas de tierras bajas y se pueda superar el paralelismo orgánico que ha debilitado a la organización desde el 2013.
En conclusión, la salida del MAS del poder no implica automáticamente la recomposición del movimiento indígena, pero sí abre un nuevo ciclo político en las organizaciones sociales en Bolivia. Frente a las políticas que profundizan el modelo extractivista y que afectan a los territorios indígenas, podría emerger una convergencia entre organizaciones indígenas y campesinas de tierras altas y bajas del país. No obstante, esa posibilidad deberá consolidarse desde las estructuras orgánicas territoriales del movimiento indígena y campesino, si pretende adquirir el rol que tuvo en años anteriores, frente a los desafíos que tiene en el actual contexto político.
