Por primera vez en dos décadas, Bolivia tiene un gobierno elegido democráticamente que no proviene del Movimiento Al Socialismo. La llegada al poder de Rodrigo Paz y Edmand Lara marca no solo un cambio de actores, sino el nacimiento de un nuevo oficialismo que enfrenta el desafío de gobernar en un escenario de profunda fragmentación política. Dos voces conocedoras de la realidad nacional, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el investigador social Roger Cortez, ofrecen lecturas complementarias sobre esta transición. Más allá de los resultados futuros, el cambio ya está redefiniendo el mapa político boliviano.
Una transición democrática
Eduardo Rodríguez Veltzé, quien presidió el país antes de la llegada del MAS al poder y conoce como pocos las complejidades del sistema político boliviano, valora positivamente el momento actual. “Hemos celebrado una transición democrática más en estos períodos democráticos sostenidos en el país, aunque con algunos episodios de crisis. Pero soy convencido de que es el tiempo político más justiciero, más plural que hemos tenido en esta historia de los 200 años que justamente celebramos en 2025″.
Para Roger Cortez, investigador social y analista político, el momento tiene otros matices. «El arribo del nuevo gobierno está marcado inicialmente por una sensación muy intensa de alivio social más o menos generalizado, principalmente urbano». Este alivio, explica Cortez, «proviene del levantamiento, del cese o al menos del apaciguamiento del clima de crispación asfixiante que sembró el MAS. Lo hizo bajo el entendido de que generar, inventarse o focalizar reales o presuntos enemigos sería la clave de su forma de gobernar».
Legitimidad
Ambos analistas coinciden en reconocer la legitimidad electoral del nuevo gobierno, surgido de las urnas en un proceso democrático. Sin embargo, también advierten sobre los simbolismos y las formas que ha tomado esta transición. Rodríguez Veltzé es particularmente crítico con los aspectos performativos. «Se notan algunos rencores sobre el pasado, se notan desconciertos sobre la forma en la cual se recibe la gestión, y eso desluce o quita el mérito principal que es aquel de una transición pacífica producto del resultado del sufragio universal y libre de los bolivianos».
El expresidente insiste en que «lo más sano sería producir transiciones constructivas», y lamenta que «en el pasado, hubo una confrontación de quienes entraron al poder frente a quienes lo habían mantenido los últimos 20 años, y parecería que se está alentando otra confrontación similar».
Un oficialismo compuesto
Quizás el rasgo más distintivo del nuevo oficialismo boliviano es su naturaleza fragmentada. «El PDC es una junta de unos cuantos abogados especializados en alquilar sus siglas. Ellos están en su reducto», sostiene Cortez. Esta afirmación, lejos de ser una boutade, señala uno de los problemas estructurales del nuevo gobierno: la ausencia de un partido político real que lo sustente.
Rodríguez Veltzé contextualiza esta situación ampliando el enfoque. «Esto refleja una de las deficiencias o déficit de la democracia boliviana, que es la ausencia de un sistema de partidos que, si bien puede estar regulado en la ley, estos partidos siguen no existiendo, o si existen, están acechados por el caudillismo político». El diagnóstico del expresidente es contundente: «no hemos sido capaces en Bolivia de superar esa figura de la preeminencia del presidente o del caudillo político y forjar partidos en torno a una pluralidad de ideologías».
Lo que existe, entonces, es lo que Rodríguez Veltzé denomina «taxi-partidos que pueden ser abordados por otros caudillos que los asumen en una y otra elección». Esta realidad tiene consecuencias inmediatas en la gobernabilidad.
Por su parte, Cortez señala que la composición del gobierno refleja «una combinación de factores políticos: el viejo mirismo representado por alguna parte de su entorno, lo que hereda de los consejos de su padre y un par de ministros. Hay esta impronta de clase media, de orientación, de tradición centrista. Hay la impronta empresarial tras la cabeza del agronegocio y están los técnicos con su antipatía ante la sociología, ante la política que ven como no disciplinas, como no ciencias, como cosas que molestan y entorpecen la gestión».
Las subnacionales: el próximo campo de batalla
La fragilidad organizativa del nuevo oficialismo se pondrá a prueba en las elecciones subnacionales. Cortez anticipa el escenario. «Lo que van a hacer los candidatos es cada uno por su cuenta, el señor Rodrigo Paz por la suya y el señor Edmand Lara por la suya. Para las elecciones autonómicas, que son las llamadas subnacionales, van a entrar a jugar proyectos de cada uno. La sigla nacional ahí es completamente secundaria».
Esta fragmentación no es exclusiva del PDC. En el caso de Unidad, claramente el camachismo está yendo por su lado, nota el analista, y observa lógicas similares en Libre. ”El panorama es de una atomización generalizada. La mayor parte de los actuales componentes van a buscar sus raíces originales y van a estar en función de eso», asevera.
Rodríguez Veltzé ve en las futuras elecciones para municipios y gobernaciones una dinámica distinta pero igualmente problemática «Aunque éstas tienen un carácter más regional o local y en ellas también se privilegia la figura personal de quien trabaja en cada comunidad para aspirar a una alcaldía, de manera que tiene un tinte tal vez más próximo entre el votante y su candidato. Pero, aun así, subsisten los mismos problemas que siguen siendo transversales a la política».
Su diagnóstico es que “reviviremos posiblemente caudillismos que intentan volver al ruedo aprovechando el escenario de las elecciones subnacionales”.
La correlación de fuerzas: ¿definida o fluida?
Un aspecto central para entender el nuevo oficialismo es la correlación de fuerzas políticas que lo sustenta. Cortez es prudente. «No creo que la correlación de fuerzas todavía haya cristalizado más allá de lo electoral. Lo que hemos visto electoralmente es todavía una agregación provisional que terminará de consolidarse introduciendo variaciones, o se modificará en el curso del avance del actual gobierno y de sus opositores parlamentarios y sociales. No veo bloques consolidados».
El analista enfatiza que «el gobierno ha llegado con votos que, definitivamente todos lo sabemos, provienen de una base electoral masista que no se ha entregado al MAS, ni tampoco, como pretendió la ultraderecha, el gobierno está supeditado al MAS. No ocurre ni lo uno ni lo otro». Este voto, explica, responde a una lógica pragmática: «votaron en el más puro estilo de las elecciones que se da en la mayor parte de los países, por la opción menos agresiva y la que podría ser eventualmente más cercana».
La consecuencia es que «va a ser muy fluido el panorama. No hay polos ideológicos. En el Parlamento el gobierno tiene una disponibilidad parlamentaria inicial de convocar ciertos votos por una cierta comunidad ideológica de donde proviene la mayor parte de los parlamentarios, pero cada uno es un pequeño rey que espera presidir una comisión o tener secretaria». Cortez concluye que » el comportamiento de cada uno de los parlamentarios va a ser muy egoísta «.
El desafío de la justicia
Uno de los temas donde ambos analistas muestran mayor preocupación es el de la reforma judicial. Rodríguez Veltzé, con su experiencia como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es contundente: «la justicia es la garantía de la preservación del orden democrático, pero lo que es cotidianamente importante es que se trata del instrumento para preservar los derechos, resolver diferencias de manera equitativa y ágil y con jueces independientes. Este escenario ideal no está ocurriendo desde hace décadas. Es una crisis muy antigua».
El expresidente critica el enfoque que se le está dando al tema. «Quiero recordar que hace unos tres o cuatro meses, en medio de la campaña electoral, yo me sumé a una propuesta, es más, la formulé como una hoja de ruta para que la reforma de la justicia sea un propósito, un objetivo, no de un gobierno ni de un sector, ni de uno de los Órganos de poder en particular, sino más bien sea una política de Estado».
Reforma estructural
Su visión es clara: la reforma en Bolivia debe ser «estructural, no reducida a una agenda de un evento, llámese cumbre, llámese lo que quiera llamarse, y restringida a seis puntos como tenía el ministro Lima y el Tribunal Supremo, sino a partir de un gran diagnóstico que además esté orientado a una hoja de ruta que defina la política judicial que debe tener el Estado».
Rodríguez Veltzé introduce un elemento medular. «Yo creo que se necesita una mirada mucho más amplia que termine con todo el asunto de las confrontaciones políticas, porque (la justicia) se ha convertido en un instrumento de venganza».
Cortez aborda el tema desde una perspectiva más inmediata. «Vemos ya desde el inicio vacíos enormes cuando han pasado ya casi dos semanas del gobierno y están impunes e intactos delincuentes del calibre de quienes tienen el control del TCP». El analista recuerda que el Tribunal Constitucional Plurinacional «no solo ofrece servicios de materia legal a otras ramas del Estado, sino que además ya ha vendido sus servicios. Santa Cruz lo sabe perfectamente bien, donde estos cinco señores vendieron sus servicios al señor que quiere apropiarse del mercado municipal Mutualista «.
La cuestión de la tierra
Cortez introduce un tema que considera central y que revela continuidades problemáticas entre el gobierno anterior y el actual. «Este sujeto indígena fue objeto de un intento de liquidación por parte del MAS».
El mecanismo, explica Cortez, ha cambiado de forma, pero no de fondo. «La forma en que el MAS pretendió liquidar al movimiento indígena fue a través del avasallamiento, la persecución de sus dirigencias, la liquidación y la duplicación de sus organizaciones. El método preconizado por Jorge Quiroga y adoptado también por Arce es la compra de los territorios, la fragmentación y venta».
El analista señala que el nuevo gobierno está «entregando la responsabilidad de la conducción de los asuntos de gobierno al sector empresarial menos calificado para ello, que es justamente el del agronegocio».
La política internacional: entre la apertura y el multilateralismo
En materia de política exterior, ambos analistas ven oportunidades, pero también advierten sobre riesgos. Rodríguez Veltzé defiende una posición equilibrada. «Yo parto siempre de la idea de que Bolivia debe mantener una posición, que perdió en el gobierno del MAS, de no alineamiento activo. Este no alineamiento activo supone que no se forma parte de estas corrientes coyunturales que generalmente tienen sus posturas sobre los acontecimientos geopolíticos en el mundo».
El expresidente critica tanto el gobierno anterior como posibles excesos del actual. «Bolivia, o por lo menos el gobierno del MAS, optó por dar la espalda a los Estados Unidos y a Europa, al mundo occidental, para alinearse, alinearse es la palabra, sobre todo con Rusia, con Irán, a través regionalmente del ALBA. Hoy parece estar cambiando ese nivel de alineamiento. Yo prefiero pensar en que Bolivia tiene que tener una buena relación con todos los países del mundo sin excepción y tener cautela sobre ciertos acontecimientos que son muy explícitos».
Un mundo cambiante
Cortez, por su parte, advierte que «el focalizar la atención en privilegiar la relación con Estados Unidos, una relación que dada la composición del gobierno, dada la situación general de fuerzas en el mundo, parece desde Bolivia ineludible, pero no en la condición que va marcando el gobierno, que se inclina a una subordinación».
«Lo nuestro es que requerimos el apoyo de muchos sectores y de pararnos con nuestros propios pies, y de no hipotecarnos con ninguno. Ser un consecuente impulsor de una visión multilateral, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Ya no hay un solo polo tecnológico, financiero, militar, económico, ambiental. Hay diversos polos. Es la época de redes, y Bolivia debe entenderlo», afirma.
Rodríguez Veltzé comparte esta preocupación por el multilateralismo, especialmente respecto a los derechos humanos. «Bolivia fue fundador del organismo de las Naciones Unidas, es suscriptor del Pacto de San José y de la Corte Penal Internacional. En su conjunto valora los derechos humanos y la lucha contra la impunidad frente a delitos». El expresidente menciona específicamente los casos de Rusia e Israel como ejemplos donde Bolivia debe mantener una posición distante y de principios.
Un gobierno en construcción
El nuevo oficialismo en Bolivia nace, entonces, con fortalezas y desafíos claramente identificables. Su principal fortaleza es su legitimidad democrática, el haber surgido de las urnas en una transición pacífica que, con todos sus bemoles, representa un logro para la democracia boliviana.
Sin embargo, enfrenta desafíos políticos estructurales significativos. La ausencia de un partido real que lo sustente, la posible fragmentación de sus componentes, la falta de cohesión ideológica y programática, y las tensiones internas entre sus principales figuras son obstáculos evidentes. Para Cortez, «esa composición tiene que probarse en las medidas que se van a adoptar. Algunas para las cuales seguramente, como lo han mostrado los sondeos, habrá cierta negación popular. Pero se medirá en cómo lo hacen y cómo llevan adelante esa capacidad de asimilación de esas medidas».
El gobierno tiene ante sí desafíos urgentes en múltiples frentes: construir consensos para una reforma judicial estructural, definir una política clara sobre derechos territoriales indígenas, articular una política exterior que preserve la soberanía y los principios democráticos, y sobre todo, construir gobernabilidad en un escenario de profunda fragmentación.
