El artículo publicado en la Revista Science, “Promulgar reformas para proteger los bosques de Bolivia contra los incendios” (He y otros, 2025), se refiere a los “Incendios forestales y política ambiental en Bolivia”. Entre los hallazgos, evidencia la pérdida de 10 a 11 millones de hectáreas; en cambio, la Fundación Tierra reporta más de 14 millones de hectáreas (Fundación Tierra, 2025), afectando ecosistemas en la Amazonía, Chiquitanía, Chaco y el Pantanal. Otra evidencia significativa son los 31 territorios indígenas y 36 áreas protegidas gravemente afectadas, incluyendo el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Se constata que la mayoría de los “incendios fueron ilegales” —ningún incendio puede ser legal— y que las sanciones fueron mínimas: solo 248 sanciones en toda la superficie incendiada.
Los datos de incendios en el marco de las elecciones generales corroboran que las políticas actuales y los planteamientos de candidatos fomentan la expansión agropecuaria y el uso del fuego como la forma más barata de convertir bosques a otros usos, debido a la existencia de leyes como la Ley 337, 741 y 1171, que perdonan la deforestación ilegal.
Este fenómeno ambiental y social es la manifestación de la crisis política en Bolivia. Crisis política entendida como: crisis institucional, crisis social, crisis económica y crisis en la gobernanza ambiental de los últimos seis años (2019-2025); con una intensificación de los incendios forestales y devastación de más de 20 millones de hectáreas de bosques (Martínez Montaño, 2025), pérdida de ecosistemas frágiles (Martinez Montaño, 2021), resultado del modelo político y económico que privilegia la expansión agropecuaria sobre la sostenibilidad y la gobernanza ambiental. En Bolivia, los candidatos hicieron apología del modelo agroindustrial cruceño, no dijeron nada de las leyes permisivas, de las instituciones anodinas y no tienen idea de sus consecuencias.
La deforestación y los incendios forestales favorecen a sectores agroindustriales, ganaderos, colonizadores extranjeros (Urioste, 2011), interculturales asentados en áreas de bosque afines al gobierno, bajo el argumento de TIOC (Territorios Indígenas Originario Campesinos) y sus benefactores.
En las narrativas electorales, todos los candidatos, sin excepción, plantearon como modelo a seguir el agroindustrial cruceño, cuyo factor de éxito es la destrucción de bosques y la biodiversidad. Estas pérdidas afectan a toda la población local, nacional y mundial, y solo benefician a grandes corporaciones transnacionales de alimentos como Cargill (Bozo & Hill, 2025), Nestlé y corporaciones de semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos como Monsanto.
La legislación a favor de los incendios y contra los bosques inicia en 2013 (Ley 337 y su decreto reglamentario) legalizando retroactivamente la deforestación ilegal. A su vez, las autorizaciones de desmontes de 20 hectáreas (Ley 741) consolidan la eliminación de bosques. En el periodo electoral de 2025, los candidatos pactaron con estos grupos corporativos sin excepciones, como prueba, todos los discursos fueron a favor de la agroindustria, la ganadería y las actividades mineras, al extremo de que uno de los candidatos, Tuto Quiroga, plantea la “propiedad individual” en los territorios indígenas, desconociendo derechos indígenas consagrados en la legislación internacional: “Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas”, “Convenio 169 de la OIT”, los Acuerdos de Escazú. Este llamado a las violaciones de derechos es para favorecer a los intereses particulares de los grupos corporativos que depredan todo lo que encuentran a su paso.
Las leyes que impactan negativamente en las comunidades y los ecosistemas de tierras bajas de Bolivia son 10, sentencia del 17-18 de agosto de 2020 (TIDN – IRNT, 2020, 17-18 de agosto) (Martínez Montaño, 2025). En Bolivia se gastan millones de dólares combatiendo incendios forestales provocados, cuando sería más barato anular las leyes que los incentivan, prevenir con educación y hasta con una norma básica de no prender fuego en época seca en áreas de bosque. Los gobiernos no lo hacen, porque están amarrados a los intereses de los grupos corporativos (CAO, CONFEAGRO, Bloque Oriente, Cocaleros, Colonizadores Nativos, Colonizadores Menonitas, FERECO).
El uso de conceptos equivocados: “incendios controlados”, “chaqueo”, son reutilizados por los gobiernos, por la prensa y se normaliza en la opinión de la población. Por definición, un “incendio es fuego descontrolado” (Martinez, Villegas, Malla, & Morales, 2003); un incendio controlado sería un incendio apagado y eso no es prevenir, no obstante, la logística costosa y el sacrificio de bomberos forestales en su intento. Los grandes incendios nunca se controlaron o apagaron, siempre fue la naturaleza con las lluvias la que da fin a los incendios o cuando ya no hay vegetación que se queme. Si realmente la intención fuera prevenir y controlar los incendios, mejor es no prender fuego; o entender el sistema de manejo del fuego de los indígenas, “chaqueo”, que no provoca incendios.
En Bolivia, los políticos, la prensa, los gobernantes y gran parte de la población desinformada, cuando ven humaredas en el horizonte, dicen “los chaqueos”, expresión que culpa a los que no provocan los incendios e invisibiliza a los verdaderos autores de los incendios.
En resumen, los incendios forestales en Bolivia son un gran negocio con varios actores vinculados con el gobierno, a costa de: la naturaleza, los bosques y ecosistemas frágiles, la salud de la población, la afectación de la economía a gran escala, con beneficio para pocos y a corto plazo.
Las causas y actores de la pérdida de bosques en Bolivia están asociados al modelo agroindustrial, ganadería expansiva, minería del oro y tierras raras, con leyes a su favor, para beneficio de corporaciones transnacionales, americanas, europeas y chinas.
La crisis política de los incendios forestales en Bolivia es una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo y construir una cultura política pro-vida, para lo que se propone:
- Educación Ambiental Entre Culturas.
- Comunicación y Medios sobre el impacto negativo de los incendios forestales: pérdida de biodiversidad, cambio climático.
- Participación Ciudadana y vigilancia ambiental liderados por jóvenes y mujeres.
- Incentivos para economías no consuntivas, economías naranja y sintropía agrícola.
- Cultura y Arte Ambiental.
- Reforma Ambiental 2025-2030: Bolivia con Bosques.
- Reforma Legislativa, derogación y anulación de las leyes incendiarias. Aprobación de la Ley de Bosques y sistemas vivos. Ley de educación ambiental y manejo de fuego.
- Agenda Electoral probosques y pro-vida. Inclusión obligatoria de propuestas ambientales en los planes de gobierno de los partidos y alianzas que participan en la segunda vuelta electoral.
