En 1936, el gobierno de David Toro realizó la primera nacionalización de Latinoamérica al expropiar las posesiones de la Standard Oil en Bolivia; en 2006, el presidente Evo Morales volvió a nacionalizar (por tercera vez) el petróleo y el gas. En medio de estos dos hitos, ocurrieron la reprivatización del petróleo con el Código Davenport de 1956, la renacionalización de este recurso en 1969 y la reprivatización de YPFB en 1996. Otro tanto ocurrió en el campo minero.
Estas medidas nacionalizadoras y privatizadoras fueron casi siempre parte de modelos de desarrollo estatistas y liberalizadores que también se alternaron entre sí, como señala la historiografía económica.
La alternancia ha sido más intensa en el periodo que abarca mi libro, que podemos llamar el contemporáneo (1956-2025). Así ha sido en especial durante el tiempo de mi generación, que ha visto dos veces el ocaso del modelo estatista (uno acabado y otro en curso) y también, completos, el auge y la caída del modelo neoliberal.
La literatura ha identificado el ciclo, que Sinnott et al. llaman un “circulo vicioso entre nacionalizaciones y privatizaciones”, como un mecanismo de transmisión de la “maldición de los recursos naturales”.
Estos autores establecen una correlación entre las nacionalizaciones y el alza de los precios de estos recursos y las privatizaciones y la caída de estos. La lógica es la siguiente: los países con abundancia de recursos naturales tienden a depender de esta riqueza de muchas maneras. Una de las más importantes es la obtención de rentas para el Estado y, a través de este, para el resto de la sociedad. Esta “miopía extractivista” lleva a los Estados a nacionalizar la industria extractiva cuando las posibilidades de renta son mayores y a privatizarla cuando las rentas corren riesgo por la caída de precios.
La comprobada volatilidad de los precios de las materias primas exacerba esta tendencia. La privatización también está relacionada con el agotamiento de las fuentes de ingresos extractivos por falta de inversión durante el periodo de bonanza (que es lo que ocurre actualmente).
Comenzamos con la estrategia privatista. Esta, aplicada en diferentes periodos de la historia económica del país, trajo un aumento significativo, como se buscaba, de la inversión en el área extractiva. Así ocurrió, por ejemplo, en las dos primeras décadas del siglo XX (boom del estaño) y al periodo de entre siglos (boom del gas).
Acto seguido, el shock de inversión trajo un incremento de la producción y, por ende, de la renta minera o petrolera. El siguiente paso: los excedentes del núcleo extractivo animaron y extendieron parcialmente la economía contratando servicios de apoyo, demandando el trabajo de personal altamente capacitado y generando, así, consumo conspicuo. Esta situación ensanchó el mercado interno mientras el boom extractivo continuaba.
Sin embargo, no se produjo un verdadero derrame sobre el resto de la economía. Los capitales, que siempre buscan el mayor lucro, prefirieron salir del país antes que volcarse sobre los sectores periféricos de la economía. En ambos periodos, el del estaño y el del gas, se observó sobre-liquidez, fuga de capitales y altas utilidades en algunas empresas.
Este fracaso creó las condiciones para que prosperara la estrategia opuesta, la estatista. Frustrado el efecto “goteo”, lo siguiente que ocurrió fue el malestar generalizado de la sociedad y la disputa por el destino de la renta extractiva. La población, que observaba que solo una pequeña élite se beneficiaba de la extracción, procuraba apropiarse de los excedentes, en lucha contra los inversionistas. Como resultado de esta presión, se incrementaban los impuestos y las demandas de participación estatal en el negocio. Esto fue lo que ocurrió en las décadas de los 30, 40 y 50 para el caso del estaño, y en la primera década de este siglo para el gas.
Cuando la disputa por la renta aparecía, la primera consecuencia era la disminución de la inversión que beneficiaba al núcleo extractivo; de forma simétrica, se contraía el sector dinámico de la economía. El reflejo de las empresas privadas era abandonar la inversión expansiva y limitarse al mantenimiento de sus negocios (o de lo que quedaba de ellos). En medio de la crisis política causada por la disputa de la renta, su único objetivo era sacar las mayores utilidades a los recursos que todavía controlaban por un tiempo que tendía a acabarse.
Luego de desplegarse por un tiempo, la disputa por la renta acababa en la nacionalización de las empresas extractivas, con la justificación de que así los excedentes generados por los recursos naturales se usarían de forma planificada en la industrialización y el crecimiento del resto de la economía.
Cuando se producía la nacionalización, la inversión extranjera desaparecía o caía significativamente. Aumentaba la demanda agregada, mejoraba el bienestar social, caía la pobreza. Al mismo tiempo, la reinversión del Estado en sus propias empresas se veía obstaculizada e incluso eliminada por las demandas de redistribución de la sociedad.
La ausencia de reinversión en las empresas estatales extractivas, y la quiebra por ineficiencia y otros problemas de muchas empresas estatales no extractivas, generaban, después de algunos años, un rebrote privatizador. El partido nacionalizador del estaño, el MNR de los 50, aprobó el Código Davenport para atraer inversiones petroleras y admitió e impulsó las actividades de la minería privada. Tras el reconocimiento del partido nacionalizador del gas, el MAS, de que no invirtió en la reposición de los yacimientos, hoy se requiere ingentes inversiones en exploración y, eventualmente, puede producirse una reprivatización.
Este es, entonces, el ciclo.
Los bolivianos tienden a alinearse sucesivamente con un modelo y en contra del otro, bajo la creencia de que la aplicación de las medidas de nacionalización o, en caso contrario, de las de privatización, superarán el subdesarrollo de la economía boliviana. Nuestra opinión es que ni el paradigma estatista ni el privatista lograrán triunfar plenamente uno sobre otro, porque, aunque ambos tienen ventajas sobre el otro, también presentan limitaciones para administrar la abundancia de recursos naturales y los problemas creados por el carácter extractivo de la economía del país. Ninguno puede desarrollar integralmente el país ni sostener indefinidamente la producción de renta, ninguno puede contener completamente la renta del subsuelo dentro de la economía nacional, que es lo que haría innecesario a su adversario. Por tanto, se puede dar aún un ciclo sin fin de nacionalizaciones, reprivatizaciones y renacionalizaciones.
El mecanismo de funcionamiento del ciclo son las crisis económicas. Cada tramo del periplo nacionalización-reprivatización-renacionalización está precedido y es terminado por una crisis que crea las condiciones para el cambio. Por eso en mi libro el hilo conductor son estas crisis, ya que su análisis me permite –o eso espero– mostrar el carácter necesario del péndulo nacionalización-privatización. Cada movimiento en uno de sus sentidos está impulsado de manera muy específica por una crisis del modelo anterior. Por eso, justamente, es que hablamos de una “maldición”.
Pienso que mi breve historia de la economía contemporánea de Bolivia es más que una relación de hechos económicos; que logra revelar, empíricamente, la regularidad que explican tales hechos. Que el libro hace una formalización del ciclo nacionalización-reprivatización-renacionalización, esto es, de la oscilación del “péndulo boliviano” en la historia.
