El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos de América (EEUU), Donald Trump, asumió la presidencia el martes 20 de enero de 2025, marcando de esta manera su segundo mandato, no consecutivo, al mando de la potencia norteamericana. El referido empresario y político, desde su juramento, ha implementado cambios significativos en la gestión migratoria. Durante su primera semana en el cargo, el presidente firmó 10 órdenes ejecutivas (una especie de Decretos Presidenciales/Supremos) relacionadas con inmigración, el programa de deportaciones masivas y la seguridad fronteriza, que fueron anunciados durante su campaña reiterativamente.
Las referidas órdenes han dado lugar a propuestas locales mucho más controvertidas y menos esperadas, que van desde la introducción de recompensas de $us 1.000 (mil dólares americanos 00/100) para quienes denuncien a inmigrantes indocumentados hasta la figura especial del Caza Recompensas Available Bill Text (Mississippi y Missouri), pasando por unidades estatales y locales de Inmigración (ICE estatal), medidas que han generado preocupaciones por la carga de xenofobia y aporofobia en estas propuestas legislativas. No obstante, dichos proyectos, a la fecha, no han sido aprobados todavía o ya fueron rechazados en sus jurisdicciones legislativas correspondientes.
La Orden Ejecutiva
Dentro de la primera decena de Órdenes Ejecutivas, la administración del presidente Trump ha emitido una denominada «Protegiendo a los estadounidenses de una invasión» (Protecting the American People Against Invasion), la cual es la piedra angular, que establece nuevas prioridades para la detención y deportación de individuos no documentados. Esta disposición estipula que cualquier individuo que haya ingresado al país de forma ilícita o que permanezca sin los documentos pertinentes puede ser sometido a detención, proceso judicial y deportación, lo que amplía considerablemente el alcance de las medidas de implementación de la legislación migratoria. Además, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a potenciar la capacidad de captura de inmigrantes, a través de la edificación y funcionamiento de nuevas instalaciones de detención, así como la suscripción de contratos con establecimientos de detención privados.
Cambios
Además de haber cambiado el estatus semineutro de «lugares sensibles» (escuelas, iglesias y hospitales), el presidente Trump ha dictado el cese de la práctica denominada «captura y liberación», que proporcionaba a determinados inmigrantes sin estatus definido la posibilidad de permanecer en libertad mientras aguardaban sus procesos judiciales en los tribunales de inmigración. En la actualidad, la administración tiene como objetivo detener a todos los inmigrantes en situación irregular hasta su deportación. La orden promueve, asimismo, la colaboración entre las autoridades federales de inmigración y las entidades locales de aplicación de la ley, extendiendo los acuerdos del Programa denominado «ICE 287(g)» (Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act | ICE), que habilita a los agentes de policía locales para actuar en calidad de agentes de inmigración, además de integrar a otras agencias como el FBI.
Del mismo modo, incluso en el caso de que un individuo se encuentre en el proceso de solicitar asilo o esté bajo libertad condicional, existe la posibilidad de ser detenido y eventualmente deportado de acuerdo con las directrices recientes sobre inmigración establecidas por la Casa Blanca, las cuales han estado en vigencia desde la semana pasada. Los agentes de inmigración tienen la autoridad para proceder con la deportación de un individuo antes de que comparezca ante un juez de inmigración, especialmente si ha residido en los EEUU por un período inferior a dos años, lo que se conoce como un proceso de expulsión acelerada (Designating Aliens for Expedited Removal). Anteriormente, este procedimiento se aplicaba únicamente a individuos que vivían a menos de 100 millas de la frontera y que ingresaban a los EEUU en un plazo de hasta 14 días después de su llegada (Memo ICE Guidance).
Consecuencias Diplomáticas
De acuerdo con el Reporte Anual de Deportaciones de la Agencia de Migración de Estados Unidos (ICE), durante el año fiscal 2024 se removieron de EEUU a 87.289 mexicanos y 54.056 colombianos (Annual Report 2024, ICE), objeto de un proceso de deportación bajo los mismos métodos practicados la semana pasada. Sin embargo, la narrativa, la escalada de arrestos reportados en redes sociales y las imágenes compartidas por la prensa estadounidense provocaron reacciones de protesta ante una ola de estigmatización en contra de los derechos de los nacionales de estos países, lo que provocó iniciales protestas que culminaron en la prohibición del aterrizaje de los aviones militares de Estados Unidos que transportaban deportados a los aeropuertos de Colombia y México. Cancelación que provocó la respuesta directa del Comandante en Jefe de la Casa Blanca, el Presidente Trump, que no se dejó esperar, reaccionando el sábado 1 de febrero con el anuncio del alza de los aranceles en los productos provenientes de estos territorios hasta un 25%, lo que convocó una serie de esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones, generando una coordinación de la vigilancia fronteriza en el caso mexicano y el envío de aviones de bandera colombiana para recoger a migrantes en condiciones más dignas, lo que puso en pausa la escalada comercial y diplomática que se había suscitado.
Las consecuencias para ambos países, tanto en el caso colombiano, pero especialmente en el caso mexicano, habrían sido catastróficas, porque más del 80% de las exportaciones de México se van a su vecino, siendo la industria automotriz la que habría soportado mayor impacto, tomando en cuenta que de los $us 400.000 millones, un total de $us 129.000 millones corresponden a esta industria. No obstante, en agricultura, la industria de paltas y los minerales habrían sentido fuertemente las medidas, y teniendo en cuenta que tales amenazas incluyen a Canadá, ponen en riesgo de llevar a terapia intensiva el T-MEC, que se terminó y negoció en la primera administración del presidente Trump (2018), planteando un bloque comercial geopolítico con el objetivo de frenar la expansión latinoamericana de Beijing.
Otras Consecuencias Diplomáticas
La postura adoptada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido distinta a las controversias surgidas con la administración de Sheinbaum, Da Silva y Petro. La semana pasada se produjo un acercamiento de posturas entre Trump y Bukele, a pesar de una declaración indirecta previa en julio. Trump estableció contacto telefónico con su contraparte para discutir la lucha contra la inmigración irregular y las organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, conversación que se selló con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que derivó en la voluntad del presidente Bukele para recibir migrantes que no sean nacionales de El Salvador, acción que será objeto de un acuerdo entre ambos países sobre «Tercer País Seguro».
Del mismo modo, Bernardo Arévalo, después de la reunión con el secretario Rubio, informó que Guatemala acogerá a ciudadanos provenientes de naciones diversas deportados de EEUU bajo el concepto general de «tercer país seguro», con la diferencia de que los individuos serán posteriormente repatriados a sus respectivos países a cargo de los Estados Unidos de América, aumentando en un 40% la cantidad de vuelos de deportación que recibe.
Consecuencias para Bolivia
La migración de bolivianos en Estados Unidos, de acuerdo con el Censo de Población en EEUU del 2019 (Census Data), es equivalente a poco más de 132.619 personas, con un margen de error de 5%; de ellos, alrededor del 65% viven en el Estado de Virginia. No obstante, no incorpora la evidente ola de migración que se ha sumado desde el año 2019 en una tendencia creciente.
La comunidad boliviana es un colectivo que tiene residentes en casi todos los Estados, incluida Alaska; no obstante, las poblaciones más grandes residen en ambas costas, siendo la más grande población la que se encuentra en el área metropolitana del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia), sobre todo en Virginia en diferentes condados. Aunque no se tiene un estimado de cuántos bolivianos se encuentran en situación migratoria irregular, sí se tiene que, de la población registrada en el Censo, a septiembre de 2024 (aún gestión Biden), 302 bolivianos habrían sido deportados, lo que representa el 0,2% de la población en general oficial, y la tasa más alta de deportaciones desde el 2019, cuando se registraron 64 nacionales.
Siendo la cantidad de bolivianos un número no representativo de las deportaciones en general registradas el 2024 (271.484 personas), se tiene que, a pesar de tener una población relativamente numerosa sobre todo en ciertos condados de Virginia, su estatus migratorio es normalmente regular con excepciones; es decir, no formarán parte de los objetivos marcados inicialmente por la administración Trump, que ya ha comenzado el proceso de deportación de miembros de otras comunidades como la mexicana, hondureña, guatemalteca, colombiana, venezolana, entre otras.
No obstante, tomando en cuenta que la población de deportados durante la gestión Biden desde el año 2023 (132 personas) ha incrementado poco más de un 43% en la gestión 2024, y teniendo presente que, a pesar de no ser la población boliviana en EEUU el objetivo principal de los cambios en las políticas de migración, es previsible que al menos se repita el incremento de 2024 al culminar la gestión 2025, que marcaría un récord para nuestra comunidad, pero al mismo tiempo permanece siendo un porcentaje conservador.
Los bolivianos en EEUU, de acuerdo con el Censo de Población tabulado por el Pew Research, son una comunidad privilegiada cuya población en un 76,37% (más de 100.001 personas) posee al menos un «Green Card» o detenta la doble nacionalidad, y a pesar de no ser numerosa, su presencia cultural es muy fuerte, siendo un colectivo joven cuya edad promedio ronda los 33 años, está compuesta por familias nucleares en 77% (a diferencia de la familia estadounidense no migrante), y es muy bien educada, por cuanto al menos el 42% tiene un título universitario. Es decir, de lejos no coincide con el perfil expresado por los encargados de la campaña del actual presidente; muy al contrario, es una comunidad conocida por su desempeño en muchas industrias, ciencias, artes, letras e inversión.
Ola de miedo en EEUU
No obstante, aunque las cifras nos señalan un escenario muy halagador para la comunidad boliviana, no quita el hecho de que existe un porcentaje de compatriotas cuya situación migratoria no está definida por el momento, y las cadenas de propaganda se esparcen por las redes sociales, que en un principio señalaban un número de 200 detenidos (casi la población hondureña) que no fue luego aclarado pero que alimentó el estado de zozobra. Esto definitivamente se vio reflejado en las actividades públicas, más allá de su adscripción a las campañas de sabotaje como comunidad (al menos un porcentaje), que se nota incluso en las actividades extracurriculares de las escuelas.
¿Se está demonizando la deportación masiva? Por un lado, existe un registro de ciertos espacios donde se ha compartido información que no corresponde con la realidad; no obstante, no es injustificada la precaución. El drama que atraviesa una familia que sufre la deportación de uno de sus integrantes es traumático, lo que empeora si esto lleva a la separación de padres e hijos, hermanos, esposos. En ese sentido, es previsible que la ola vaya a tocar su punto más alto pronto y de ahí baje, como fue en la primera administración. Se ha visto que de la primera ola de detenidos se ha tenido que soltar a muchos por la falta de condiciones materiales en este momento, lo que es parte de los retos que supone una tarea de esta envergadura.
Del mismo modo, organizaciones no gubernamentales, internacionales y estatales ya se han pronunciado haciendo seguimiento de estas políticas, y han pedido que se garanticen los derechos humanos de sus nacionales viviendo en territorio de EEUU. Del mismo modo, en las cortes se están contestando ciertas directrices que ya han sido objeto de suspensión, que refleja un acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente, en este año electoral es bueno recordar que los anteriores gobiernos se comprometieron a abrir un Consulado General en Virginia donde reside la mayor parte de los bolivianos; vamos a recordar a los actores políticos relevantes del momento la necesidad de cumplir esta promesa.
