En las últimas semanas, el presidente Rodrigo Paz afirmó que “a futuro, no más pliegos petitorios”, sugiriendo que estos serían una forma de “alargar la mano” de los maestros en lugar de aportar soluciones. Propuso reemplazarlos por “planes de trabajo”, como si la demanda colectiva fuera un perjuicio y no un derecho constitucional. Esta afirmación, más que abrir un debate serio sobre la política laboral, muestra un preocupante desconocimiento de la protección constitucional de los derechos y de la historia social del país.
Los pliegos de peticiones no son caprichos ni listas improvisadas de demandas sin sentido, son necesidades reales de aulas, materiales, carga horaria y condiciones dignas para enseñar. Constituyen el mecanismo mediante el cual los trabajadores expresan cómo perciben sus condiciones laborales y qué requieren para ejercer plenamente sus derechos. Su legitimidad está garantizada por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a la petición individual o colectiva y obliga al Estado a responder de manera formal y oportuna. Este derecho se relaciona con el artículo 49, que consagra la negociación colectiva como parte esencial del derecho al trabajo y del régimen laboral boliviano.
Desconocer estos principios no solo es socialmente incorrecto, sino que significa deslegitimar los mecanismos de demanda legal e históricamente construidos por los trabajadores y el magisterio. Es cierto que no todas las demandas pueden ser resueltas, pero anular todo el instrumento de lucha laboral y negar su rol fundamental de las relaciones laborales, es asumir, desde el gobierno, un enfoque gerencial-empresarial y no social.
La contradicción es mucha más visible cuando se observa el trato diferenciado entre sectores. Mientras los empresarios reciben condonaciones tributarias, flexibilización de obligaciones y acceso a créditos internacionales, a los trabajadores -docentes, obreros, campesinos- se les exige “planes de trabajo” para seguir operando en condiciones que consideran injustas. Resulta irónico que se pida, a quienes producen con su fuerza de trabajo, que renuncien a su principal mecanismo de lucha y negociación, mientras otros sectores obtienen beneficios sin necesidad de justificar nada.
El presidente también afirmó que durante veinte años se presentaron los mismos pliegos sin resultados, insinuando que las demandas actuales serían excesivas. Basta revisar el documento oficial del Ministerio de Educación, “Pliegos de Peticiones y Respuestas del Ministerio de Educación 2006-2016”, para verificar que muchas demandas fueron atendidas, otras parcialmente resueltas y cuáles quedaron pendientes. Hablar sin conocer los antecedentes no solo distorsiona el debate, genera desinformación y continúa reduciendo la credibilidad gubernamental.
A este escenario se suma la intervención del ministro de Economía, quien difundió datos incorrectos sobre la asignación histórica de ítems para el magisterio. Según los registros del Ministerio de Economía, los ítems de crecimiento vegetativo asignados al sector educación muestran una tendencia clara: en 2006 se otorgaron 3.500 ítems; entre 2007 y 2014 la cifra superó los 4.000 ítems anuales; en 2015 y 2016 se asignaron 3.000 por año; mientras que en 2012 y 2017 la cifra descendió a 2.500. Finalmente, en 2018 y 2019 se volvieron a entregar 3.000 ítems. A ello se suma que, hasta 2010, los ítems se calculaban sobre una carga horaria de 72 horas heredada de la Ley 1565, pero posteriormente, y gracias a los propios pliegos del magisterio, se ajustaron a 80, 96 y 120 horas, hasta llegar a la demanda de ítems completos antes de 2019.
Por todo ello, reducir el conflicto educativo a una supuesta “cultura del pliego” es una simplificación injusta. Los pliegos son parte de la construcción democrática del país y un instrumento legítimo para equilibrar relaciones laborales marcadas por desigualdades. En un contexto de conflictos crecientes, el país necesita menos desinformación y más responsabilidad política. La verdad, la memoria institucional y el respeto a los derechos constitucionales deberían ser el punto de partida para cualquier negociación. Lo contrario solo alimenta la confrontación y debilita la democracia.
