«El DS 5503 se abroga en su totalidad”, señala el “compromiso” que el domingo firmaron el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), dirigentes campesinos y parte del gabinete de ministros de Rodrigo Paz liderados por José Luis Lupo, Gabriel Espinoza y Antonio Oviedo.
Un primer apunte es que dicha reunión fue posible luego de la conminatoria de la COB a las autoridades del Gobierno de asistir —ahora y luego de convocatorias previas en la Casa Grande del Pueblo— a la sede de sus bases, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, en la zona Santa Rosa de El Alto.
Al final, luego de un careo frente a las autoridades, que escucharon en terreno ajeno a los dirigentes molestos por su accionar y menosprecio, firmaron el acta, cuya redacción estuvo a cargo del ministro Espinoza, a quien se le fue la palabra “concenso” en el documento.
Más allá de ese detalle de forma (la viceministra Andrea Barrientos había dicho que se iban a hacer ajustes “de forma, no de fondo” en el decreto), la que puso el punto sobre las íes es la COB, cuyo líder, Mario Argollo, había adelantado hace días que las materias favorables del decreto, justo las señaladas en el acuerdo, deberían mantenerse. En tanto, el presidente Paz había sostenido que “marcha atrás ni para tomar impulso” respecto del decreto, como sus ministros, sus aliados, algunos analistas y medios de información.
Del autor: Catarsis de despedida
No fue así. El decreto se abrogó con otro decreto, el 5516, que incluso sufrió en ser publicado en la Gaceta Oficial debido al incumplimiento gubernamental del acuerdo respecto del consenso, como lo denunció Argollo la noche del lunes. Mal que bien, asunto resuelto después.
Sin embargo, lo que se ve, se anota. El cuadro era evidente. Los ministros Lupo y Oviedo, a veces, se mostraban compungidos e incómodos ante la recriminación de los dirigentes campesinos, mujeres y hombres. Se sometieron a sus designios porque terminaron aceptando todo, a pesar de la firmeza con la que el Gobierno sostuvo el decreto durante el conflicto.
Se trata de una derrota política del recientemente inaugurado gobierno de Paz: aunque se resigna la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, se mantienen el incremento del salario mínimo, los bonos y el aumento de alguno, y la reprogramación de créditos.
Al contrario, anuló el régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones a través del conocido fast track (vía rápida), como el régimen extraordinario de regularización y repatriación de capitales o la la liberalización del comercio exterior que suprimía las autorizaciones previas de importación y el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo.
En criterio de la COB y la dirigencia, además de algunos analistas económicos, estas medidas implicaban la entrega discrecional de los recursos naturales al capital extranjero.
Lo que es peor, sobrepasaba las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Sobre esto último, Argollo desafió al vicepresidente Edmand Lara y al mismo Órgano Legislativa a resguardar sus competencias ante el afán de Paz de gobernar a través de decretos. El Decreto Supremo 5503 de marras fue “vendido” como solo el instrumento de las medidas económicas que ahora, paradójicamente, fueron rescatadas del resto de los 121 artículos instituidos hasta en forma de contrabando y con la premisa de un mecanismo normativo de cambio de modelo.
Paz, que en su mensaje de casi medianoche del acuerdo se mostró contrariado, resignado y hasta con bronca (siguió tildando a dirigentes con la “mafia” sin más detalles), tendrá que enderezar sus políticas de gobierno y su forma de relación con las organizaciones sociales.
Sus ministros tuvieron que reencauzar la promulgación del decreto mata decreto, el 5516. Lupo lo había anunciado como un gran logro la mañana del lunes, pero Argollo protestó por la forma cómo fue aprobado: sin consenso, a pesar del compromiso del domingo. Luego de una nueva reunión, el decreto “abrogador” fue publicado en la Gaceta Oficial ayer.
En su catarsis contra las protestas, el presidente Paz consideró que muchos dirigentes de las movilizaciones “apostaron para que el país fracasara en estos dos meses”.
Su aversión contra la dirigencia, en un momento de la crisis, causó distancia con los manifestantes. La semana pasada, cuando estaba a punto de instalarse el diálogo, el mandatario —como es su estilo— hizo un juego de número para desacreditar a los dirigentes. Denunció que 50 de ellos reciben anualmente $us 18 millones, pero no dio más detalles, aunque el dato sirvió para desacreditar a los líderes de los bloqueos y discurso de sus colaboradores a la hora de hablar de los conflictos sociales.
Además, el Gobierno y el mismo Paz tildaron a la COB de haberse beneficiado de los privilegios durante los “20 años”, incluso la vincularon con Evo Morales.
Sin embargo, la organización sindical tuvo que convertirse en su interlocutor para la resolución de la crisis. ¿Cómo puede uno hacer las paces con la institución que denostó?
Ahí también radica un punto de análisis de la derrota política del Gobierno, que intentó en todo el conflicto desacreditar a la COB, que, de paso, recobró vigor a pesar de haber sido vilipendiado por acólitos y analistas obsecuentes.
* Rubén Atahuichi es periodista
