A veces, las élites dirigentes insisten en leer los conflictos en base a prejuicios, recurriendo a narrativas que tienen escasas posibilidades de solucionar eficazmente los problemas. El Decreto Supremo 5503 es un ejemplo de ese desajuste: nació justificado por realidades indiscutibles que pudieron limitar su potencial conflictivo, pero aquejado de ambigüedades que luego complicaron todo el escenario, transitando en pocas semanas de un potencial éxito político a una situación de confusión que se agrava a medida que el tiempo transcurre.
Al inicio, la ecuación era clara y entendible: había que acabar con el esquema de subvenciones de los hidrocarburos, uno de los principales factores del desequilibrio macroeconómico del país. No había mucho margen; urgía hacerlo antes de fin de año.
La pregunta era, por tanto, cómo se iba a realizar considerando sus obvios impactos sociales. Porque una cosa es que haya sido inevitable, otra es cómo se distribuyen sus costos con algún criterio de justicia o cómo se iban a gestionar los malestares que se producirían, ya que, no caigamos en ingenuidad, no todos iban a ser afectados de la misma manera.
En otras palabras, una vez hecho el ajuste, lo siguiente que vendría era el conflicto distributivo, eso también tenía que pasar. Había que estar preparado. Eso de que la gente acepte perder bienestar, ingresos o poder sin decir nada, por alguna razón técnico-racional o altruista, funciona solo en la cabeza de algún santón o un tecnócrata.
Del autor: Pateando la pelota
Lo interesante es que el corazón del DS 5503, el fin de las subvenciones, no pareció generar demasiadas olas en las primeras semanas. Su narrativa justificativa pareció imponerse apelando a un reconocimiento de la responsabilidad del gobierno al tomar el toro por las astas, al contrario de la irresponsable negación en la que incurrió Luis Arce.
Ahí, sin embargo, se produjo la primera distorsión óptica; una cosa es la relativa aceptación mayoritaria de que las subvenciones no eran sostenibles y otra que su fin no implicara pérdidas significativas de poder adquisitivo de los ingresos personales. Particularmente, si el aumento de precios estaba acompañado de un congelamiento de salarios.
Casi naturalmente, la puja distributiva empezó a madurar en los segmentos que más rápidamente pudieron calcular esas pérdidas: los asalariados públicos y de empresas privadas, maestros, obreros, mineros, sanitarios y otros. Todos ya aquejados por una reducción de casi un 20% de su poder adquisitivo por la inflación acumulada de 2025. Es decir, el malestar en esos grupos no es una ficción, es concreto. Ése fue el carburante para resucitar a una dirigencia de la COB que necesitaba rehabilitarse.
La otra se relaciona con las zonas rurales, que a medida que fueron experimentando los aumentos de precios en pasajes, fletes de carga, costos de insumos o alquileres de maquinarias agrícolas empezaron a percibir pérdidas de ingresos. De ahí a la movilización, liderada mayormente por dirigencias intermedias, había solo un paso que, en Bolivia, además, tiene nombre y apellido: bloqueo de caminos. Era una cuestión de tiempo a medida que el campesinado fue experimentando en carne propia las consecuencias prácticas del ajuste.
Pero, por si eso no fuera suficiente, el DS 5503 introdujo, en lo que quizás fue uno de sus grandes errores estratégicos, artículos sobre facilidades para las inversiones extranjeras, en un mecanismo denominado como “fast track”, con ambigüedades en su interpretación y dudas sobre su legalidad constitucional, y que se referían directa o indirectamente a cuestiones ligadas a la soberanía sobre los recursos naturales, el derecho a la consulta o la vigencia de normas ambientales. Temas muy presentes en la larga historia y cultura política boliviana.
Es decir, se fueron generando condiciones para la emergencia de un conflicto en el que se fueron mezclando desordenadamente demandas materiales y posmateriales, concretas y político-ideológicas y con potencial para apelar a diversos grupos sociales. Ese tipo de escenarios de conflictividad son, por lo general, los más complejos y la recomendación es desactivarlos lo más antes posible intentando diferenciar el tratamiento de sus varias aristas.
En tal contexto, el tiempo fue y es el peor adversario del gobierno. A medida que esas tres dimensiones crecen y se interrelacionan, el conflicto y su eventual negociación solo se pueden complicar.
Por lo pronto, insistir en el “fast track” parece arriesgado, en la medida que ni siquiera ya es considerado como viable por sectores de la derecha. Parecería sensato buscar su fin elegante si este es aún factible, menos dinamita en el ánimo social ayuda.
En los otros frentes, la dimensión distributiva con los asalariados del sector público ya no se puede evitar, la discusión salarial será el siguiente campo de batalla y habrá que ver que margen fiscal hay para su tratamiento. Al mismo tiempo, las demandas campesino-territoriales empiezan a desplegarse con el riesgo que tomen su propia dinámica al ritmo de la multiplicación de los bloqueos. Ahí las demandas serán otras y los interlocutores diferentes a la COB. Aunque con retraso, habría talvez que repensar sobre opciones específicas de compensación para las zonas rurales.
