La igualdad de los bolivianos encontró su primera formulación legal nítida en la Constitución de 1967, que en su artículo sexto señalaba: “todo ser humano… goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera”.
Con esta cláusula, la república se adhirió sin ambigüedades a un ideal igualitarista y universalista que, sin embargo, no guiaba su práctica social concreta, ni la pública ni la cotidiana. Había una contradicción entre la garantía universal y las carencias concretas.
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Este mismo año de 1967 se producía el conjunto de violaciones a los derechos de un grupo de descendientes indígenas denominado “masacre de San Juan”, para dar un ejemplo de particular significación. En términos estructurales, el 85% de los bolivianos no satisfacían sus necesidades básicas; de ellos, alrededor del 67% eran indígenas. La situación era aún peor en el campo educativo.
Al mismo tiempo, la entera clase empresarial y la casi totalidad de los profesionales liberales (médicos, abogados, ingenieros) de esa época pertenecían a la élite de descendientes blancos, mientras que todo el servicio doméstico y todos los trabajadores que cumplían trabajos físicos, peligrosos y precarios eran descendientes indígenas.
En la cotidianeidad, el desprecio por una “raza” que la Constitución mandaba no excluir se expresaba en invisibilización, insultos, vetos y vacíos sociales, desconfianza, paternalismo, vigilancia, en suma, en racismo conductual.
Para solo mencionar un caso del que fui testigo cuando era niño en los años 70, recuerdo que una de mis tías abuelas describía con tonos de horror cómo se había desecho de un hombre mayor de abarcas y traje de bayeta que estaba sentado cerca de la puerta de su casa, y tenía “una asquerosa baba verde de coca sobre los labios”, molesta porque las incursiones citadinas de los indios se hicieran cada vez más atrevidas y tocaran los barrios más finos.
Había casos más complejos. Mi abuela se hizo amiga muy próxima de la empleada que la cuidaba y se las arreglaba para cocinar suficiente comida para la familia aun en tiempos en los que las provisiones eran escasas. Cuando esta mujer murió, mi abuela lloró literalmente días completos. Al mismo tiempo, en casa no se cuestionó el hecho de que solo tuviéramos vagas indicaciones de dónde vivía y cómo falleció.
Esto no significa que la declaración constitucional citada no fuera importante, solo que no operaba sobre tabula rasa; en cambio, se había incorporado como un elemento más en un sistema de significación social complejo, contradictorio y disputado. Mi socialización, como la de todos los bolivianos, me enseñó a decodificar y a saber cómo elegir posiciones entre estos significantes opuestos. Aprendí que el racismo “no era correcto”, al mismo que convivía con él diariamente dentro y fuera de mi hogar. Cuando me presenté al cuartel, me sugirieron que no buscara evitar el servicio militar, porque, como era blanco, sería sin duda el “preferido del capitán”. Otra vez viajé a Montevideo y quedé choqueado al ver a unos niños mucho más blancos que yo pidiendo caridad en la calle. Este era un significante que no pertenecía al dispositivo semiótico de mi propia sociedad.
La lección más importante de este aprendizaje fue que debía suspender mi juicio crítico sobre la disonancia entre el deber ser y la realidad de las relaciones interétnico-raciales, pues el hacerlo me permitía seguir gozando de una posición privilegiada en múltiples campos de la vida social sin sentir culpa ni la necesidad de cambiar las cosas. Hacía como tantos otros compatriotas: “me olvidaba” de la existencia del racismo.
En este siglo la situación varió, aunque tampoco demasiado. Nuevas disposiciones universalistas, como la ley contra el racismo, se sumaron al sistema de significaciones del que estamos hablando y complicaron aún más el mismo código; también se incorporaron nuevos significantes de blanquitud creados por las industrias culturales contemporáneas y por la globalización, así como emergieron significantes indígenas con más poder social gracias a la irrupción de nuevos grupos sociales en áreas anteriormente poco accesibles para ellos, como la política o Santa Cruz. El racismo se hizo más elusivo, menos expreso, más difuso, pero siguió ahí, como mostraron los brotes de violencia racista que se dieron en torno a las crisis políticas de este tiempo, en parte en reacción a los cambios progresistas del código de socialización que he mencionado hace instantes. En medio de uno de esos brotes, Juan Pablo Velasco escribió los tuits que han dado lugar a la discusión actual sobre este tema. Este tipo de significantes (los mensajes de odio, los desfogues identitarios) son los que menos le cuesta a la sociedad identificar y rechazar como racistas, en especial en medio de una campaña electoral, y es bueno que eso ocurra porque inclina la dinámica social hacia el lado de la prescripción universalista de la igualdad, pero no puede hacernos perder de vista que no están asilados, sino que forman parte de un dispositivo semiótico racista de escala macrosocial.
El racismo es una disposición psicosocial a despreciar y sentir aversión por lo indígena acuñada o fijada en todos los bolivianos (inclusive los indígenas) por este dispositivo semiótico formado por la historia del país y que se transmite de abuelos y padres a hijos y nietos. Para salir de él lo primero es nombrarlo, así por los motivos efímeros de una campaña electoral.
(*) Fernando Molina es periodista
