Las preguntas sobre las elecciones han ido variando. Cuando se lanzó la convocatoria, a principios de abril, la cuestión era más de contexto: ¿en qué condiciones llegaremos a los comicios? Incluía, como debilidad, el factor institucional. Con la pronta judicialización del proceso, en su versión más tosca, algunas voces empezaron a dudar: ¿habrá votación? Hoy la interrogante es más crítica: ¿qué tipo de elecciones tendremos el 17 de agosto? Estamos en los mínimos.
La pregunta interpela la esencia no solo de los comicios, sino de la democracia. Es meritorio llegar, incluso con tropiezos, a la jornada electoral, que en nuestra tradición es participativa. Meritorio, pero insuficiente. Más allá del requisito de elecciones libres y creíbles, lo medular es si serán competitivas. ¿Cuándo una elección deja de ser competitiva? Entre otras cosas, cuando hay prohibición o inhabilitación arbitraria de candidatos o partidos relevantes.
Dentro de 77 días, esperamos ir a las urnas. ¿Qué pasará si en la papeleta no están, porque hubo exclusiones injustificadas, todas las opciones políticas que debieran competir? Las proscripciones a la carta pueden generar abstencionismo, nulidad del voto y hasta intentos de boicot del proceso. Cercenan también la legitimidad de origen de las autoridades electas. Pero hay una secuela muy peligrosa: dejan fuera del sistema democrático a una parte de la población.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Las elecciones de agosto serán competitivas? ¿Se votará en todo el territorio? Confluyen cuatro jinetes como factor de incertidumbre y, cada vez más, de bronca. El primero es la mencionada judicialización de la política: jueces y magistrados que invaden competencias del Órgano Electoral, violan el principio de preclusión, desconocen resoluciones del TSE, quieren clausurar en un juzgado lo que debiera definirse en las urnas. Es grotesco.
Pero el “suprapoder TCP” opera semejantes barbaridades inconstitucionales y antidemocráticas porque otros tres jinetes lo permiten. Uno es la misma institucionalidad electoral que, flaca, bajo inaceptable amenaza, donde debiera decir “no corresponde, señores”, acata. Los otros dos jinetes cabalgan como contradicción: una ley maximalista que presume organizaciones políticas que no existen versus una precariedad partidaria que vagabundea lejos de la norma (y de la democracia).
Faltan 77 días. ¿Y el debate programático? Va apareciendo en escena, todavía tímido, fútil: Usted, candidato a vicepresidente, ¿qué piensa de las leyes incendiarias? “Es muy importante para mí el tema ambiental: duermo con mis dos perros, los tengo tatuados”. Sonreímos para no salir a… ¡quemar!
FadoCracia llorona
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- Un día el muchacho se levanta deprimido. Su (ex)mujer, autoridad electoral, le dijo adiós. Entonces, con el ojo en tinta, decide entre lágrimas: “Voy a colapsar el sistema democrático boliviano”. Es de temer. 2. Con voluntad de ingeniero, plantea una demanda para cancelar dos partidos. Su misión es dejar sin sigla a Evo. Lo logra, con aval de cuatro vocales que juzgan sobre cosa juzgada (habemus audio). 3. Pero no basta. Va también por Andrónico con otra demanda contra un tercer partido. Obtiene una medida cautelar. Llora de alegría. 4. Se gana así su candidatura a diputado. Dura poco: lo borran de la lista. En vivo televisivo, con gran llanto, se queja: “Me sacaron injustamente”; y amenaza: “Samuel, cobarde de mierda, atente a lo que te voy a hacer”. 5. En realidad, no quiere colapsar todo el sistema. Su “aporte a la democracia” (sic) es contra la izquierda. Ahora busca cancelar, con amigote, la personería del MAS. Y las que hagan falta. 6. Pobre sistema electoral. ¿Cuán frágil/impotente debe ser para que un chico despechado fracture los comicios? 7. “Si no fueran tan dañinos —canta Serrat— nos darían lástima”. Son los macarras de la moral política.
José Luis Exeni
Es politólogo
