Con la propuesta “cielos abiertos”, que permite la entrada de piratas del aire, se ha pretendido descalificar a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y hacer propuestas, sin analizar el fondo del problema.
BoA es una empresa estratégica de servicio cuya función es garantizar el transporte de personas y mercadería a nivel nacional e internacional; sin este servicio el país podría paralizarse, teniendo sus efectos sobre la economía; por lo que es necesario analizar los problemas de la empresa con objetividad. Su existencia evita hacer de una necesidad nacional una fuente de especulación y enriquecimiento rápido.
El carácter atrasado del país hace que las empresas estratégicas dependan en el 70% de insumos provenientes del extranjero, siendo necesario proveerlas de divisas para sus necesidades operativas. BoA incurre en estos gastos: no solamente los repuestos y servicios vienen del extranjero, sino, al no contar con una flota completa de aviones, éstos son alquilados y los pagos se realizan en dólares. Los ingresos de la empresa los recibe en moneda extranjera y nacional, el ingreso en divisas sólo significa el 20%, por lo que se ve obligada a pedir al Estado la diferencia y éste no las tiene.
Esta insolvencia trae como consecuencias que salgan del servicio aviones, por el no pago del leasing, se sobreexplote a las pocas naves propias, baje la calidad del servicio, se incumplan los horarios, provocando la protesta de los usuarios, volviéndose por lo tanto un problema político.
La empresa estatal cumplió su rol rompiendo el monopolio privado, democratizando el acceso de este servicio a una amplia población; sus balances han mostrado utilidades hasta el 2019, pero el golpe de Estado y la pandemia hicieron peligrar su existencia. Hoy carga sobre sí la crisis económica provocada por la fuga de las divisas, dando paso a la especulación y creando un mercado paralelo que casi duplica el valor oficial; así los pasajes nacionales de BoA son los más baratos de Latinoamérica.
Pero no es el único caso. YPFB dispone sus divisas en la compra de carburantes, sus ingresos del mercado interno —gasolina y gas— están congelados y subvencionados, mientras la inflación aumenta sus costos de producción y comercialización. En el sector minero, la semana pasada, la fundidora de estaño en Oruro pidió que Huanuni aumente el pago por costo de fundición de tonelada de concentrados de $us 600 a $us 1.000, en bolivianos al tipo de cambio oficial; naturalmente se prevé un rechazo por cuanto el costo de la operación minera también ha subido y las divisas que generan ingresan directamente al Banco Central; es de suponer que pedirán permiso para la exportación, siendo el costo de la fundición en el exterior más barato. Mientras la gran minería y las comercializadoras se regocijan con la libre exportación, bajan sus costos en salarios y pueden jugar con el tipo de cambio para negociar la compra de minerales.
Así, de alguna manera, lo que pasa en BoA pone de relieve la situación que viven las empresas estratégicas, como las de hidrocarburos y de minería, dejadas a su suerte, ninguneadas por el Gobierno, cuando son la base de la industrialización y su fortalecimiento imprescindible. Aprendamos de la experiencia de la COMIBOL, que en los gobiernos de la dictadura y la UDP fue prácticamente quebrada por la aplicación del tipo de cambio oficial y paralelo.
Las empresas estatales son estratégicas para el país, para generar divisas y excedentes que posibiliten el desarrollo industrial; su andar no siempre es acompañado de una política monetaria que las respalde, al contrario, las ahoga y pone en riesgo el mismo modelo económico comunitario.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
