La alianza Libertada y Democracia (Libre) expresó su preocupación por los decretos supremos 5503 y 5515 promulgados por el presidente Rodrigo Paz y advirtió que su aplicación puede debilitar el Estado de derecho en Bolivia.
El pronunciamiento de la organización que lidera el expresidente Jorge Quiroga (2002-2002) mediante un comunicado público. En el documento, la alianza de oposición cuestiona el contenido y el procedimiento de aprobación de ambas normas.
Según el texto, los decretos fueron aprobados sin un análisis técnico, económico y social suficiente. Esta situación genera incertidumbre institucional y un clima de tensión política.
Observaciones al DS 5503
En su comunicado, Libre señala que el Decreto Supremo 5503, del 17 de diciembre, fue aprobado “sin un análisis técnico, económico y social responsable” respecto al alcance de varios de sus artículos.
Entre sus más de 120 artículos, la norma eliminó la subvención de los hidrocarburos y planteó una serie de acciones relativas a otro modelo de gestión económica del país.
El bloque político pone énfasis en disposiciones vinculadas a la administración de empresas estatales. También cuestiona la gestión de créditos sin control legislativo.
Esta omisión, según el documento, “genera legítimas protestas sociales y un clima de incertidumbre que afecta gravemente a las actividades económicas y productivas del país”.
Ante este escenario, la alianza política insta al Órgano Ejecutivo a adoptar soluciones urgentes. El objetivo declarado es “evitar mayores perjuicios a la estabilidad económica y social de Bolivia”.
Objeciones al DS 5515
El cuestionamiento más severo del comunicado se concentra en el Decreto Supremo 5515, del 29 de diciembre, que establece la gestión del gobierno a distancia, para el caso de un viaje del presidente Paz. Libre sostiene que la norma es “abiertamente inconstitucional”.
Según el documento, el decreto vulnera el artículo 169.II de la Constitución Política del Estado. Esta disposición establece el mecanismo de suplencia temporal del presidente del Estado.
La alianza política remarca que la Constitución “no puede ser desconocida, relativizada ni interpretada de forma acomodaticia”. En ese marco, advierte que no se pueden justificar conflictos personales mediante reinterpretaciones constitucionales.
Límites del poder
En el texto, Libre recuerda que “no es la Constitución la que debe adaptarse a los gobernantes”. Por el contrario, afirma que “son éstos quienes deben someter su conducta y decisiones al mandato constitucional”.
El comunicado alerta que permitir lo contrario “supone sentar un precedente sumamente peligroso”. Según el bloque, este escenario debilita el Estado de Derecho.
Además, la alianza política señala que Bolivia atraviesa múltiples crisis institucionales en su historia. Sin embargo, recuerda que estas tensiones no derivan en el ejercicio del poder al margen de la Constitución.
Control constitucional limitado
Uno de los ejes centrales del comunicado es el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Libre advierte que el TCP carece de quórum legal.
Esta situación impide ejercer un control efectivo de constitucionalidad. El vacío institucional se presenta como un factor que agrava el riesgo jurídico.
En ese contexto, la alianza política lamenta que algunos juristas intenten “confundir a la opinión pública”. El comunicado rechaza argumentos como la presunción de constitucionalidad del decreto.
También cuestiona la afirmación de que en el país “no existen dos presidentes”. A criterio del bloque, este tipo de argumentos oculta vulneraciones al orden constitucional.
Ver también: Sala Constitucional de Santa Cruz admite acción popular contra el DS 5503
Precedentes peligrosos
El comunicado alerta que la aplicación de los decretos abre la puerta a precedentes institucionales graves. Según el bloque, estas decisiones debilitan el equilibrio entre órganos del Estado.
Libre expresa preocupación por señales que pueden derivar en prácticas autoritarias. En particular, advierte sobre intentos de gobernar al margen del Parlamento.
Frente a este escenario, la alianza política anuncia que impulsará acciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objetivo es reconducir ambos decretos al marco constitucional vigente.
Las iniciativas buscan activar el control legislativo como filtro democrático. Según el comunicado, este control resulta indispensable ante presuntos vicios de inconstitucionalidad.
Estado de Derecho
El pronunciamiento concluye con una advertencia de fondo. El debate sobre los decretos no se limita a lo normativo, sino que compromete la estabilidad institucional.
Para Libre, el respeto a la Constitución define la vigencia del sistema democrático. El comunicado plantea que los precedentes actuales pueden marcar el rumbo político del país.
Las decisiones que se adopten en este contexto resultan determinantes para preservar el Estado de Derecho y el equilibrio entre poderes, según el comunicado.
