El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que la situación legal del exministro Eduardo del Castillo está en manos de la Justicia.
Aclaró que el Órgano Ejecutivo no intervendrá en el proceso que se sigue tras la aprehensión de la exautoridad en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
Oviedo explicó que lo sucedido con Del Castillo se enmarca en un procedimiento estrictamente policial. “Lo que ha sucedido es un hecho de carácter policial, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Santa Cruz se disponía a revisar su equipaje y él se negó a que esto suceda”, señaló la autoridad en conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.
Marco Antonio Oviedo
La tarde de este martes, el Gobierno convocó a una rueda de prensa respecto de la convocatoria al diálogo a sectores movilizados contra el Decreto Supremo 5503. En la ronda de preguntas, un periodista abordó el tema.
Según el ministro, esa negativa constituye una “contravención policial y, por lo tanto, fue arrestado y llevado al centro correspondiente”, precisó. También defendió el proceder de los efectivos que lo capturaron y dijo que actuaron en función a los protocolos vigentes.
Oviedo indicó que, tras ese procedimiento, el caso pasó al ámbito judicial. “En este momento, o creo que horas después, se está pronunciando la Justicia, que es otro escenario en el que nosotros ya no nos metemos”, afirmó en referencia a la acción de libertad interpuesta por Del Castillo.
El titular de Gobierno subrayó que estos mecanismos no competen al ministerio que dirige. “Son mecanismos que no nos corresponden a nosotros”, sostuvo, y reiteró que el Gobierno actuará bajo principios de institucionalidad.
Eduardo del Castillo
“Hemos venido reiterando que vamos a actuar en el marco de la reconstrucción institucional que el país ha perdido en los años precedentes”, agregó.
Las declaraciones de Oviedo difieren con la versión brindada por el propio Del Castillo, quien aseguró que su viaje tenía fines médicos y que contaba con pasajes de retorno y documentación legal.
El exministro afirmó que se dirigía a Chile para el tratamiento neurológico de su hija menor, diagnosticada con autismo, y denunció vulneración de derechos de su familia durante el operativo en Viru Viru.
En ese sentido, el Gobierno ratificó que respetará cualquier determinación que adopte la Justicia y que no ejercerá injerencia en el caso, manteniendo su postura de separación de poderes y respeto al debido proceso.
