El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Sexto de Santa Cruz admitió una acción de libertad presentada contra el presidente Luis Arce y los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Salud, María Renée Castro, por el incumplimiento en el pago a centros de diálisis que atienden a pacientes renales en la capital cruceña.
La acción constitucional fue interpuesta por el abogado Luis Andrés Ritter, en representación del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y la diputada opositora Luisa Nayar.
Ambos argumentaron que la falta de pago a las clínicas vulnera el derecho fundamental a la salud y a la vida de los pacientes renales, muchos de los cuales han quedado sin tratamiento debido a la deuda acumulada del Estado.
Luis Arce
El tribunal fijó audiencia pública para este martes 30 de septiembre a las 13.45, en el piso 10 del Palacio de Justicia de Santa Cruz, según el documento publicado por DTV.
Las autoridades demandadas deberán presentar un informe formal sobre la situación de los pagos y las medidas adoptadas para restablecer el servicio, conforme al Artículo 49 del Código Procesal Constitucional.
La jueza presidenta Zulema Edith Medina Méndez, en su resolución de admisión, ordenó citar de manera formal al presidente Arce y a los ministros Montenegro y Castro. Asimismo, dispuso que las carteras de Estado involucradas remitan la documentación que respalde el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones económicas con las empresas que prestan servicios de hemodiálisis.
Impagos
Según el recurso presentado, el impago prolongado causó el colapso operativo de varios centros y afecta la atención a cientos de pacientes que requieren diálisis tres veces por semana para sobrevivir. Ritter calificó la situación como “una omisión inhumana del Estado que pone en riesgo la vida de personas vulnerables”.
La acción judicial también busca que el tribunal ordene medidas urgentes para garantizar la continuidad del tratamiento y el pago inmediato a las clínicas contratadas por el Sistema Único de Salud (SUS).
Con esta admisión, el caso pone bajo escrutinio la gestión gubernamental en el área de salud pública, en un contexto de crecientes denuncias por falta de insumos médicos, deuda a proveedores y suspensión de servicios especializados en varias regiones del país.
