El exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer fue aprehendido este jueves en la ciudad de Cochabamba y será trasladado hasta La Paz. Su captura responde a un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.
El fiscal Miguel Cardozo informó que la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida dentro de la investigación impulsada por el Ministerio Público. “Dentro del caso que sigue el Ministerio Público contra el exministro Alan Lisperguer, se ha procedido a la aprehensión el día de hoy y se está procediendo al traslado a la ciudad de La Paz”, dijo a Erbol.
Alan Lisperguer
La denuncia contra Lisperguer y su exasesor jurídico, Gabriel D. A., fue presentada en enero de este año por el Viceministerio de Transparencia. Según la acusación, ambos omitieron registrar bienes adquiridos en sus declaraciones juradas y recibieron depósitos de terceras personas por sumas millonarias.
El 20 de febrero, el exministro prestó su declaración informativa en la Fiscalía en calidad de investigado; se decidió su libertad. Desde entonces, el proceso continuó en etapa de investigación. Las autoridades sostienen que el ocultamiento de bienes y el flujo de dinero no justificado constituyen indicios de enriquecimiento ilícito.
Le puede interesar: La Policía desplegará 25.000 efectivos para las elecciones
No es el único proceso que enfrenta Lisperguer. A comienzos de agosto, se favoreció de medidas sustitutivas por un caso vinculado a violencia familiar. En ese expediente, un juzgado le impuso restricciones, aunque le permitió mantener su libertad mientras se desarrollan las indagaciones.
Proceso
La aprehensión de este jueves marca un nuevo capítulo en los procesos legales que pesan sobre el exministro, quien ocupó el cargo en el pasado reciente y cuyo patrimonio es ahora objeto de escrutinio.
El traslado a La Paz permitirá que el acusado comparezca ante las autoridades judiciales competentes en la sede de gobierno. Allí se definirá su situación jurídica, que puede derivar en la imposición de medidas cautelares, incluida la detención preventiva, si el Ministerio Público demuestra la existencia de riesgos procesales.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones recientes contra exautoridades y exfuncionarios, impulsadas por instancias estatales con el objetivo de transparentar el manejo de bienes y recursos públicos.
