El representante de las víctimas de los hechos de Senkata y Sacaba, David Inca, lamentó que el proceso de reparación integral siga pendiente después de casi seis años pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En entrevista con La Razón Radio, explicó que el proyecto de ley que viabilizaría esta reparación nose aprobó por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a cargo de la legisladora oficialista Betty Yañíquez.
“Estamos a la espera de que convoquen a una reunión (de la comisión). Una vez aprobado entonces se remitiría al presidente de la Cámara de Diputados para que él convoque a una sesión. De ahí se necesita una mitad para que sea aprobada, y esta pasaría al Senado”, explicó.
Según indicó, el proyecto establece cinco modalidades de reparación: restitución de derechos, medidas de no repetición, reconocimiento y dignificación de las víctimas, e indemnización económica. Aseguró que la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya revisaron el contenido legal del texto.
Sin embargo, lamentó la lentitud de la Comisión del legislativo para tratar este proyecto. “Lamentablemente, la señora Yañíquez depende o es parte de un partido político. Lo han alargado por un tema electoral, yo creo que lo han querido electoralizar este proyecto de ley”, sostuvo.
En cuanto a la reparación económica, las víctimas no han recibido indemnización. Dijo que solo se otorgaron ayudas humanitarias mediante el Decreto Supremo 4176 que establece Bs 100.000 para las familias de cada fallecido y Bs 50.000 para los heridos. “Pero no ha habido una indemnización propiamente tal. Simplemente ha sido una ayuda humanitaria en la cual la CIDH lo ha leído muy bien y ha dicho, ‘sí, es parte de la reparación’, pero no es reparación integral”, indicó.
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Compromiso a los candidatos
El representante también informó que las víctimas entregaron una carta-compromiso a los nueve candidatos presidenciales para que se comprometan a respetar los derechos humanos y garantizar justicia en caso de ser electos.
“El tema también pasa por si van a firmar o no por su línea ideológica. Pese a eso hay un informe presentado a Bolivia, no a un gobierno específico, el cual describe que ha habido en el mes de noviembre ejecuciones sumarias”, indicó.
Senkata
Inca indicó que el juicio por los hechos de Senkata continúa y está por ingresar a una nueva etapa. El 4 de agosto comenzarán las declaraciones de los testigos de los acusados, entre ellos excomandantes militares, policiales y exautoridades del gobierno de Jeanine Añez.
Según informes oficiales, por la represión militar y policial del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, al menos 10 personas murieron por impacto de bala y más de 30 resultaros heridas.
Sin embargo, según el registro de las víctimas, se registró al menos 50 heridos. Además, existe la denuncia de un posible undécimo fallecido.
“No se ha tenido el informe de este cuerpo médico. Lo que nos decían (de la comunidad de Sapahaqui) es que era un joven que había sido herido. El papá, la familia había decidido llevárselo a su comunidad”, relató. Agregó que una de las razones para no hospitalizarlo se debía a la “persecución” y amenazas del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Víctimas de Sacaba
Sobre la situación de las víctimas de Sacaba, Inca señaló que el proceso judicial aún no ha comenzado y que enfrentan mayores dificultades de organización y acceso a la justicia. Viven en comunidades dispersas, dijo, y denunció que las víctimas sufrieron presiones por parte del expresidente Evo Morales para no asociarse ni visibilizase.
“Hay el conflicto de la presión que emite también el señor Morales porque en su momento les ha prohibido que se asocien como víctimas”, dijo.
En septiembre las víctimas de Senkata sostendrán una reunión con la CIDH, que presentará un segundo informe de seguimiento. Este nuevo documento abordará 15 de las 36 recomendaciones iniciales emitidas en 2021, según informó Inca.
