Con apenas una semana en el poder, el gobierno del presidente José Antonio Kast ha enviado señales inequívocas al sector minero. El Estado dará un paso atrás para que la inversión privada tome el protagonismo que, señalan, le fue arrebatado durante el mandato de Gabriel Boric. La minería, el motor que aporta entre el 11% y el 12% del PIB y más del 57% de las exportaciones, vuelve al centro de la agenda política. Esta vez con un énfasis en desregulación, certeza jurídica y cooperación con Estados Unidos.
La primera decisión estructural del nuevo gobierno fue fusionar los ministerios de Minería y Economía en una sola cartera. Al mando de la misma está el economista y agrónomo Daniel Mas Valdés. El martes pasado, en Antofagasta, Mas se reunió en una cumbre de casi dos horas con los principales ejecutivos del sector. Participaron: BHP, Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals, SQM, Teck, Lundin Mining, Freeport-McMoRan y Glencore, entre otras.
El mensaje fue directo. «Queremos que Chile vuelva a ser una potencia minera a nivel mundial y facilitarle la inversión», declaró el biministro. «Sabemos que los permisos se fueron complicando en el último tiempo, es por eso que estamos implementando la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales”, aseveró.
Necesidad de renovación
La urgencia del nuevo gobierno no es casual. Chile, el mayor productor mundial de cobre con cerca del 24% de la oferta global, vio caer su producción un 2% en 2025 respecto al año anterior. Las bajas se dieron en todos y cada uno de los doce meses del año, según Cochilco. Los yacimientos envejecen, las leyes de mineral bajan y los costos suben.
A eso se suma lo que la industria denomina permisología. Un laberinto burocrático donde un solo proyecto minero puede requerir más de 500 autorizaciones antes de iniciar construcción. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, describió el sistema como «maldito» en declaraciones públicas recientes.
El propio Mas fue explícito en el diagnóstico. «Lo que queremos es decirle a los inversionistas que queremos facilitarles la inversión», señaló. Precisó que el objetivo final es claro: «generar más progreso social y mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en las regiones donde esta actividad es clave para el desarrollo”.
Chile mira a Washington
Al día siguiente de asumir, el 12 de marzo, el gobierno firmó en La Moneda una declaración conjunta con Estados Unidos para iniciar consultas técnicas sobre minerales críticos y tierras raras. El vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau fue contundente al salir del encuentro con Kast. «Hay mucho que podemos hacer Estados Unidos y Chile para fortalecer las cadenas de suministro de esos minerales tan críticos para la economía mundial”, dijo.
Litio: la incógnita que queda abierta
Sobre el litio, la posición del gobierno de Kast es aún preliminar. Cuando fue consultado sobre si continuaría la Estrategia Nacional del Litio impulsada por Boric —que otorgaba mayoría estatal en todos los nuevos proyectos—, Mas optó por la cautela. «Estamos estudiando… lo que nos interesa es que, en cuanto a la minería en general y el litio en particular, logremos que las compañías puedan tener certezas, puedan hacer sus inversiones con tranquilidad y puedan tener producción en el corto plazo”.
Lo que no puede cambiar es el acuerdo SQM-Codelco, sellado en diciembre de 2025 y aprobado por más de 20 organismos regulatorios internacionales. La alianza —rebautizada Novandino Litio SpA— operará el Salar de Atacama hasta 2060 con una producción proyectada de entre 280.000 y 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.
