La historia se repite una y otra vez. Potosí, un departamento que ha entregado sus riquezas al desarrollo de Bolivia, sigue siendo el más pobre del país. Es hora de que este departamento, abandonado en las prioridades nacionales, aproveche sus recursos naturales para su propio desarrollo y deje de ser sólo el sustento de una economía nacional que no le retribuye lo que merece.
Desde el siglo XVI, la colonización del continente no sólo trajo consigo la aculturación forzada de los pueblos indios, sino también el saqueo sistemático de los recursos naturales. La explotación de la plata fue el primer instrumento de dominación y esclavización de los indígenas, quienes vivían en armonía y prosperidad. Como bien lo expresó un reconocido cantautor argentino, “solamente en Potosí murieron ocho millones de indios por la ambición europea. Ocho millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza”. Por su parte, Eduardo Galeano, en su obra “Las Venas Abiertas de América Latina”, destaca que “entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de las reservas europeas”.
Unos siglos después, sin que el saqueo de la plata hubiera terminado, a principios del siglo XX, el aumento de los precios del estaño en el mercado mundial, marcó el inicio de la era de este mineral. Potosí, una vez más, abrió sus entrañas para entregar su riqueza al mundo. Hasta 1929, Bolivia cubrió un cuarto de la producción mundial de estaño, una quinta parte hasta 1949 y, todavía, una sexta en 1952. Este mineral no solo enriqueció a los llamados “barones del estaño”, sino que se convirtió en la base del desarrollo económico del país y contribuyó a la transformación industrial mundial de la época. A esto se suma la explotación de otros minerales como el zinc y el magnesio, cuyos beneficios nunca se tradujeron en recursos económicos que promovieran el desarrollo de Potosí.
Hoy, la historia amenaza con repetirse por tercera vez, bajo un nuevo esquema de neocolonización. La entrega del litio a empresas transnacionales, algunas con credenciales cuestionables, representa una nueva amenaza para Potosí y el país. Estas empresas no sólo podrían monopolizar la explotación del litio, sino que lo harían sin garantizar el ansiado proceso de industrialización. Un análisis rápido de los contratos firmados revela que sólo se contempla la extracción del carbonato de litio y otros derivados, sin avanzar hacia la fabricación de baterías ni su comercialización en mercados internacionales. En otras palabras, Bolivia corre el riesgo de repetir el modelo extractivista que ha empobrecido al país por siglos, limitándose a ser un mero exportador de materia prima o productos transformados en su primera etapa.
El litio es un recurso estratégico para la transición energética mundial, una gran oportunidad, en un momento en que el calentamiento global amenaza a toda la humanidad y se buscan recursos energéticos más amigables con la naturaleza. Se estima que las reservas mundiales de litio alcanzan los 89 millones de toneladas, y Bolivia posee la mayor reserva, con 21 millones de toneladas, lo que representa casi el 24% del total global.
El Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar una política clara y equitativa en la distribución de los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales. Por ello, la Ley del Litio es imprescindible y debe establecer de manera clara y precisa que Potosí y los otros departamentos productores reciban al menos el 11% de los ingresos generados por el litio, tal como lo hacen los departamentos productores de gas con la explotación hidrocarburífera. Esto evitará que el tema sea manipulado por intereses políticos o coyunturales.
Los contratos actuales no sólo deben diferidos en su debate en la Asamblea Legislativa, sino deben rechazados en su totalidad. Se debe iniciar un nuevo proceso para la industrialización del litio, en consulta con el pueblo potosino y el conjunto de la población boliviana. Este proceso debe basarse en una legislación que garantice la participación justa de los departamentos productores y que contemple la industrialización completa del litio dentro del territorio nacional.
Además, es fundamental incluir en este debate la explotación de las “tierras raras”, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo tecnológico del siglo XXI, los cuales hoy son explotados sin regulación ni beneficios significativos.
El litio y las tierras raras deben ser el impulso para el desarrollo de Potosí y la clave para erradicar la extrema pobreza que todavía azota al departamento. No permitamos que la historia se repita una vez más: es hora de que Potosí reciba lo que le corresponde.
Diego Pary Rodríguez es de la comunidad Chajnacaya, Potosí, y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.
