A lo largo de 200 años, Bolivia ha experimentado diversas reformas educativas, condicionadas por contextos políticos, sociales y económicos específicos, pero, sobre todo, orientadas por los intereses de los grupos de poder de cada momento histórico. Mirar al pasado implica reconstruir una larga y heroica lucha de las mayorías bolivianas por acceder al derecho a la educación, aunque también revela la dramática y continua exclusión de la población indígena, campesina y trabajadora de este y otros derechos fundamentales.
Tras la independencia en 1825, Simón Bolívar, junto a su maestro Simón Rodríguez, comprendieron que el sistema educativo colonial, excluyente y elitista, no podía continuar. Mediante el Decreto del 11 de diciembre de 1825, establecieron la primera declaración sobre el derecho a la educación, señalando que “el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo” y que esta “debe ser uniforme y general”. Antonio José de Sucre impulsa la primera reforma educativa republicana, pero su alcance fue limitado debido a la inestabilidad política, la falta de presupuesto y, especialmente, el desinterés de los grupos de poder criollos, quienes preservaron para sí los privilegios educativos coloniales. Así, la educación de los pueblos indígenas y trabajadores fue ignorada durante el siglo XIX, perpetuando las desigualdades heredadas del periodo colonial.
A inicios del siglo XX, la Reforma Educativa liberal declaró la gratuidad de la educación en 1906, aprobó el Estatuto Bustamante en 1908 e inició la formación docente normalista en 1909, promoviendo también la educación técnica. Sin embargo, continuó marginando a las mayorías indígenas y campesinas. Aunque se impulsaron acciones relacionadas con la educación indigenal, estas no lograron romper con los intereses de los grandes hacendados, quienes buscaban mantener el control sobre la fuerza de trabajo gratuita manteniéndola alejada de la educación.
Pasaron 125 años para que se diera un paso hacia la democratización y universalización de la educación con el Código de la Educación Boliviana de 1955. Si bien ésta amplió la cobertura y el acceso a la educación, su enfoque homogeneizador y de castellanización ignoró la diversidad cultural y lingüística del país, imponiendo un modelo que negaba, de manera natural, las identidades indígenas.
La Reforma Educativa de 1994, en el marco del modelo neoliberal, buscó privatizar sectores de la educación, como la formación docente, transfiriendo sus funciones a universidades públicas y privadas. Aunque reconoció la Educación Intercultural Bilingüe, su implementación fue lenta, desigual y carente de los recursos necesarios para tener resultados.
Con la llegada del Estado Plurinacional en 2009, Bolivia emprendió un nuevo camino en materia educativa. La Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, promulgada en 2010, buscó descolonizar la educación, promover la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, y garantizar el derecho a la educación como un bien común. Este modelo representó un avance significativo al priorizar la inclusión, la equidad y el respeto a las identidades culturales. Se lograron avances significativos en la alfabetización, el acceso en primaria y secundaria, se impulsó la formación técnica, así como los programas sociales: Desde la gratuidad en los títulos de bachillerato, hasta la implementación de modalidades de acceso en regiones alejadas, fortaleciendo la formación docente y reduciendo las deudas sociales en materia de ítems y equipamientos. Los importantes avances no han logrado resolver los problemas estructurales en torno al derecho a la educación, en parte por su sentido holístico respecto de los factores sociales, económicos y culturales.
En el Bicentenario, debemos aprender de los aciertos y errores del pasado para construir un sistema educativo que garantice el derecho a la educación sin exclusiones, respetando la diversidad y promoviendo la justicia social. Debemos abrir una nueva etapa que recupere la mirada del derecho a la educación como primera prioridad social, económica y política, para reducir las brechas de injusticia y desigual que todavía nos muestra un proceso de transformación educativa inconcluso.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
