Ante la escalada de conflictos sociales y bloqueos, principalmente en La Paz y El Alto, las máximas autoridades de la Gobernación de Santa Cruz exigieron el restablecimiento del orden público, la defensa de la democracia y el fin de las medidas de presión.
La vicegobernadora Paola Aguirre hizo un llamado directo a las instituciones competentes para restaurar la normalidad en el territorio nacional.
“Instamos a las autoridades llamadas por ley a restaurar el orden en nuestro país. El derecho a la protesta, al igual que cualquier otro derecho, tiene límites. La cultura del bloqueo como herramienta de extorsión debe acabar”, posteó en su cuenta de Facebook.
Además, señaló que Bolivia necesita trabajar para salir de la crisis provocada por quienes ahora “apelan a la violencia y la confrontación para desestabilizar”.
“No se trata de un Gobierno, se trata de la democracia y del país. Se trata de no seguir soportando el abuso de grupos reducidos e irregulares que actúan bajo la orden de operadores políticos”, indicó Aguirre. Agregó que el diálogo no es la salida cuando quienes atacan no quieren dialogar.
“Santa Cruz no tiene los ítems que necesita y no por eso bloquea, ¡sigue trabajando! Santa Cruz no tiene los hospitales que necesita y no por eso bloquea, ¡sigue trabajando! Santa Cruz no recibe de vuelta los recursos que necesita y no por eso bloquea, ¡sigue trabajando!”, enfatizó en su publicación.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, durante su intervención el lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, advirtió sobre los riesgos de un eventual quiebre constitucional y llamó a la ciudadanía a mantenerse firme en la defensa de la democracia.
Ante esto, Velasco dejó en claro que Santa Cruz es el motor económico del país que alimenta a gran parte del territorio nacional, donde lo único que se quiere es trabajar, crecer y producir, todo ello bajo el respeto de los derechos constitucionales.
El gobernador cruceño propuso una ruta de acción institucional como: La mesa nacional de estabilización: instancia de coordinación de la cual el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz formará parte activa.
Además de un pacto económico de emergencia: estrategia financiera urgente para mitigar la crisis y proteger el aparato productivo. Garantías de libre tránsito: exigencia al Gobierno central para evitar cercos hacia Santa Cruz desde regiones colindantes como Cochabamba.
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