Los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 muestran avances significativos en alfabetización, acceso, permanencia y nivel educativo de la población boliviana en los últimos 24 años. Estos logros responden, en gran medida, a la implementación de políticas educativas de Estado a partir del 2006. Sin embargo, la historia demuestra que tales políticas, no han sido únicamente formulaciones técnico-pedagógicas, sino resultado de compromiso social, voluntad y decisión política para llevarlas adelante priorizando recursos y acciones en favor de los sectores más vulnerables, históricamente excluidos del sistema educativo y de sus derechos fundamentales.
Desde la década de 1950, los gobiernos incorporan en sus agendas la lucha contra el analfabetismo y la democratización del acceso educativo. No obstante, fue recién a partir de 2006 que estas problemáticas se tomaron como prioridades estructurales. Con la nueva Constitución en 2009 y la Ley de Educación “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” en 2010, Bolivia dio un salto histórico hacia un enfoque educativo inclusivo. Se consolidó la educación inicial como parte del sistema, se fortaleció la transición de primaria a secundaria y se amplió el acceso a la educación superior, permitiendo reducir las brechas históricas agravadas por las políticas neoliberales.
Los datos del Censo 2024 muestran cambios importantes en la democratización del acceso a la educación, como la tasa nacional de alfabetización que alcanzó el 95.9%, lo que representa un incremento de 9.2% respecto al 2001. Este avance se vincula directamente con programas como “Yo sí puedo” y con políticas que integraron a sectores excluidos. En el área rural, la alfabetización subió de 73.5% a 87.6%, y la brecha de género se redujo de 7.7% a 3.5%, con mejoras notables en mujeres rurales, cuya tasa pasó de 65.2% (2001) a 83.9% (2024). Además, el 99% de las personas entre 15 y 39 años saben leer y escribir, lo que evidencia una cobertura casi universal en las generaciones jóvenes. Sin embargo, persisten rezagos en adultos mayores rurales, donde la tasa de alfabetización alcanza solo el 69.8%, reflejando una deuda histórica con quienes no accedieron oportunamente a la educación.
Hoy, Bolivia ha superado esos desafíos estructurales que marcaron su agenda educativa durante décadas. Además del analfabetismo, la baja cobertura escolar, el abandono educativo y el nivel de instrucción ya no son los temas centrales del debate. Por efecto de las políticas implementadas desde 2006, el país presenta tasas de alfabetización superiores al 95%, cobertura en primaria por encima del 98%, expansión de la educación secundaria, abandono escolar reducido a menos del 2% y un acceso a la educación superior que se ha duplicado respecto al 2001. Estos avances permiten que el debate cambie hacia un nuevo desafío: la calidad educativa. Entendida como parte esencial del derecho a la educación, la calidad exige continuar transformando contenidos, metodologías, formación docente, garantizar equidad en las condiciones educativas y aprendizajes para a cerrar las brechas de calidad entre regiones, niveles y grupos sociales, consolidando una educación pertinente, inclusiva y culturalmente respetuosa.
Ante los escenarios electorales, es fundamental que los pueblos indígena originarios, trabajadores, educadores, estudiantes y la sociedad en su conjunto defiendan activamente las conquistas educativas alcanzadas. Frente a los intentos de retroceso que se esconden tras el discurso de abrogación de la Ley 70 es imprescindible exigir la consolidación de políticas educativas de Estado que cierren las brechas aún pendientes. Pero también es momento de asumir una nueva prioridad: avanzar hacia una educación de calidad, pertinente social y culturalmente. Solo así se evitará que la educación vuelva a ser privilegio de unos pocos y se reafirmará como un derecho colectivo, que debe resistir cualquier intento de mercantilización, exclusión o retroceso. La educación debe seguir siendo una herramienta de emancipación social, trasformadora de estructuras de desigualdad y constructora de una sociedad más justa, plural y profundamente respetuosa de la diversidad cultural.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
