El delegado defensorial Fernando Claros señaló que varias instituciones a nivel central, departamental y municipal no respondieron a los requerimientos realizados hace casi seis meses por la presunta contaminación de cianuro en Viacha. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, calificó el tema como “mucha especulación”.
Hace una semana, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular interpuesta contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) y el propio Gobierno Municipal de Viacha.
Informes
En entrevista con La Razón Radio, Claros explicó que en 2024 se verificó la presencia de cianuro en tres de los 23 pozos analizados, los cuales fueron clausurados preventivamente. Sin embargo, desde entonces no se conocen los resultados completos ni se han recibido los informes solicitados.
“La denuncia la hemos recibido entre julio y agosto del 2024. Inmediatamente se han hecho las acciones de la Defensoría y el comité interinstitucional ha empezado a ingresar a partir del mes de enero. Se han hecho los verificativos, se ha hecho el trabajo hasta el mes de febrero, marzo. Y desde esa fecha pues hasta ahora estamos con todo este proceso que ya lleva a la acción popular”, indicó Claros.
‘Especulación’
Consultado sobre si su ministerio entregó el informe, Ruiz afirmó que “en este tema hay mucha especulación. Por eso hay que manejar los datos con precisión, justamente para evitar confusiones”. En Piedra, Papel y Tinta agregó que la resolución del problema requiere coordinación entre las distintas entidades. Añadió que los trabajos de verificación determinaron las licencias y niveles de contaminación, aunque “también hay que sentarse a dialogar”.
En Viacha operan al menos 23 empresas que utilizan cianuro en el procesamiento de minerales, lo que, según Claros, aumenta el riesgo de filtraciones hacia fuentes de agua.
Respecto a las acciones posteriores a la presentación de la acción popular, Claros indicó que la Alcaldía de Viacha promulgó la ley 042, que prohíbe actividades mineras en el municipio, y que la Ajam dispuso la inmediata suspensión de las operaciones sin autorización. Sin embargo, reconoció que sin el apoyo de la Gobernación y del nivel central, el cumplimiento de estas disposiciones es limitado.
La acción popular tiene una audiencia programada para el 14 de octubre. “Veremos que la justicia determine u obligue a estas instancias a cumplir con sus competencias”, puntualizó Claros.
