En entrevista con la exdefensora del Pueblo Nadia Cruz se concluyó que la reciente decisión judicial en Bolivia reabrió el debate sobre las masacres de Sacaba y Senkata, poniendo nuevamente en evidencia cómo la justicia está priorizando la impunidad.
Organismos nacionales e internacionales habían confirmado violaciones de derechos humanos, pero los procesos vuelven a fojas cero tras casi cinco años de espera.
Informes internacionales
La Defensoría del Pueblo, la CIDH, la ONU y el GIEI coincidieron en 2019 en que hubo ejecuciones sumarias, tortura y persecución judicial. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratificó que la represión estatal derivó en masacres sangrientas con responsabilidad directa de mandos militares, policiales y del gobierno de Jeanine Áñez.
“En Bolivia ocurrieron violaciones a los derechos humanos, confirmadas por instancias nacionales e internacionales”, recordó la exdefensora Nadia Cruz.
Estos informes, respaldados por testimonios y pruebas, desmienten la narrativa de «pacificación» que mantuvo el gobierno transitorio.
Relativización de los hechos
A pesar de la evidencia, medios de comunicación y líderes políticos continúan relativizando los hechos. Voces como las de Jorge Quiroga o Carlos Mesa insistieron en discursos que intentaron desviar responsabilidades, incluso cuestionando la calificación de masacres.
- Se negaron a autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez.
- Se instaló la duda sobre la magnitud de las violaciones.
- Se intentó vincular a actores que no estaban en el país.
Este comportamiento, según Cruz, prolonga la impunidad y contribuye a la revictimización de quienes perdieron familiares o sufrieron violencia.
Fojas cero
Tras casi cinco años de investigaciones, los tribunales emitieron resoluciones que liberan de culpas y reencausan procesos. Para las víctimas, esto significa volver al inicio en su búsqueda de justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia, lejos de consolidar avances, emitió decisiones que favorecen a Áñez y su entorno. Organizaciones de derechos humanos advierten que el Estado boliviano incumple con la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación.
Episodios de impunidad
El retroceso actual recuerda otros momentos de la historia boliviana:
- Dictaduras militares (1964–1982).
- La “guerra del gas” en 2003 bajo Gonzalo Sánchez de Lozada.
- La masacre de El Porvenir en 2008.
En todos estos casos, los victimarios lograron mejores condiciones que las víctimas, mostrando un patrón de impunidad estructural.
Víctimas
Ante el escenario adverso en Bolivia, las organizaciones de familiares anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar medidas que garanticen justicia.
“La asamblea legislativa va a tratar de lavarle la cara a quienes estaban detrás de Jeanine Áñez”, advirtió Nadia Cruz.
La esperanza está puesta en la presión internacional, aunque se reconoce que este camino será largo y no asegura resultados inmediatos.
Justicia y poder
La percepción ciudadana refuerza la idea de que la justicia en Bolivia responde a la correlación de fuerzas políticas. Con cada reconfiguración del poder, los fallos se alinean con los intereses del grupo dominante.
Este fenómeno no solo afecta a casos emblemáticos de derechos humanos, sino también a miles de procesos civiles y familiares que permanecen rezagados.
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El fallo que favorece a la victimaria y relega a las víctimas marca un nuevo capítulo en la crisis de la justicia boliviana. Mientras organismos internacionales reiteran que hubo masacres y violaciones a los derechos humanos, en el país los procesos retroceden, los medios minimizan y los políticos relativizan. La consecuencia es clara: la impunidad prevalece sobre la verdad.
La sociedad civil y las víctimas mantienen viva la demanda de justicia, buscando que el dolor no quede enterrado bajo la indiferencia política.
