Hace un tiempo sucedió un incendio de magnitud en el centro de La Paz. Este fenómeno, que es recurrente en toda gran ciudad, volvió a evidenciar una profunda falla estructural en la gestión de emergencias; y no solo me refiero al municipio, sino a todas las instancias que sostienen este modelo fallido de prevención y manejo de catástrofes. La seguridad ciudadana y ambiental no es solo responsabilidad de un alcalde o un grupo de bomberos, es el resultado de un plan estructurado de respuesta y anticipación a todos los casos posibles que afecten su regularidad. El incendio de Sopocachi, La Paz, y el ahora activo incendio forestal de Tarija dejan en claro algo: no existen instituciones preparadas para resguardar a la población y al medio ambiente de los desastres naturales.
En primer lugar, es importante entender que las emergencias no solo son un trabajo de reacción y respuesta inmediata, también es clave la prevención. Aun así, el Gobierno no demostró interés relevante en incorporar esta parte a la educación del país. Es cierto que existe una ley para garantizar que todos los espacios estén preparados para incendios y desastres (la ley 449 de bomberos), pero parece que la falta de seriedad y corrupción evitan que esta normativa se haga una realidad. Se supone que todas las organizaciones privadas, públicas, negocios y espacios deberían contar con extintores, señalización, salidas de emergencia y, en el caso de edificios altos, una línea seca propia de la construcción que garantice la llegada de agua hasta el último piso. Y, sin embargo, lo que me encuentro al entrar a la mayoría de lugares en mi ciudad son extintores que no son recargados hace cinco años, señalizaciones puestas arbitrariamente sin seguir estándares oficiales y edificios de 12 pisos con solo un extintor en la planta baja. No culpo a los individuos ni a los trabajadores de estos lugares porque esto es síntoma de un mal mayor: la falta de educación y estructura en seguridad.
Se supone que los encargados de regular, capacitar y verificar que las entidades cumplan con estos requisitos son los Bomberos de la Policía Boliviana. Por este mismo motivo resulta más llamativo que los lugares que cumplen la norma son, más bien, casos particulares y los que no lo hacen constituyen la normalidad. Esto podría fácilmente verse como un reflejo de irresponsabilidad en el mejor de los casos, y como evidencia de corrupción en el peor de ellos. Sea el caso que sea, la institución policial ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en cuanto a prevención se trata. Los ciudadanos, para colmo, alimentamos esta cultura al pagar nuestra revisión vehicular, al ausentarse a los talleres de prevención de nuestras empresas o al esquivar las normativas en nuestras construcciones.
De nuevo cabe aclarar que esto no es una responsabilización directa a los bomberos como tal, sino a su institucionalidad como rasgo ausente. Y, por supuesto, es evidente que estos bomberos no siempre puedan cumplir a cabalidad sus funciones si su esquema organizacional no lo permite. Es muy difícil tener bomberos que son policías al mismo tiempo. Esto no sería un problema si se tratara con seriedad y compromiso la continuidad de los operativos. Ese no es el caso en Bolivia, principalmente porque la formación para incendios y atención prehospitalaria en la academia es muy básica. La formación que sigue después en las ciudades del eje troncal, si bien es más detallada, no llega a consolidarse porque los efectivos rotan constantemente entre divisiones de la misma policía. Tomo el ejemplo de un coronel que llegó a afianzarse como alguien experimentado dentro de bomberos, pero fue asignado a la Interpol. Entonces, no solo vemos un panorama de corrupción, también de falta de priorización y proyección a futuro de la institución.
Existen también organizaciones de bomberos voluntarios que coadyuvan activamente con las labores de prevención y sofocación de incendios. Es posible que ellos tengan un mayor potencial para cambiar el rumbo del país en la cuestión que concierne este artículo. Ellos tienen la ventaja de dedicarse a este trabajo con vocación y decisión libre (cosa que muchas veces no pasa con los rotes policiales). Aun así, con la voluntad no alcanza para obtener todos los recursos y apoyo necesario para ser totalmente capaces de manejar situaciones de gran magnitud. La realidad es que los grupos voluntarios deben hacer milagros para conseguir los fondos y equipos necesarios para mantenerse operativos (y seguir su vida cotidiana en paralelo porque no reciben ingresos de este trabajo). Retomo la responsabilidad del ciudadano para este punto: olvidamos la labor de los voluntarios hasta que la emergencia es nuestra o es demasiado grande como para actuar significativamente (como los incendios en la Chiquitanía).
Todo esto me lleva a una conclusión a la vez que llamado a la acción: este problema no es solo particular de las organizaciones de primera respuesta, es el descuido y falta de atención de todo un sistema gubernamental. Esto mismo se ve reflejado en las propuestas de los candidatos: ninguno de los postulantes a la presidencia parece entender la dimensión de este problema. Sus soluciones se limitan a leyes punitivas que castigan a los autores de incendios forestales, pero ninguno contempla una dimensión educativa, cultural e institucionalidad que debe adoptar un país ante los desastres naturales que lo amenazan.
