La necesidad de ajustes macroeconómicos en Bolivia es urgente. Los desequilibrios de los sectores fiscal y externo se han mantenido por un período prolongado y han comenzado a afectar la estabilidad económica hace un par de años. Según el último informe del FMI para Bolivia denominado Artículo IV, el país crecerá por debajo del 1% los próximos 4 años. Se proyectó que la inflación se mantenga por encima de 15% en ese período. El FMI también espera que el déficit fiscal continúe creciendo a -12,7% en 2025 y -13,2% del PIB en 2026. Las exportaciones de gas natural continuarán cayendo de 4,5% del PIB en 2023 a 1,8% en 2026. Las reservas internacionales, si bien se han estabilizado en términos nominales, continuarán disminuyendo como proporción del PIB a 3,8% y 3,3% este y el próximo año. La deuda pública total superará el rango del 100% para 2030. El FMI estima un escenario de alto riesgo de entrar en una crisis de deuda y de balanza de pagos en los próximos meses.
En este escenario lúgubre surgen varias dudas: ¿Es necesario para Bolivia acudir al FMI? ¿Cuán factible podría ser un nuevo acuerdo con el fondo? De conseguirlo, ¿cuáles podrían ser las posibles condicionalidades y sus efectos económicos? ¿O qué alternativas tenemos los bolivianos? En este artículo se despejan estas interrogantes.
Según la carta constitutiva del FMI, su rol es proveer liquidez a países con problemas de balanza de pagos, estabilizar economías con altos niveles de endeudamiento e impulsar reformas estructurales de largo plazo. Esta misión contrasta con las recientes crisis financieras que han puesto en duda la efectividad de sus acciones. Con la llegada de la pandemia se advierten nuevos cambios. La agenda de reformas estructurales, dominada exclusivamente por la macroeconomía en la década de los 90, ha sido completada con temas sociales y medioambientales. El uso limitado en el acceso a instrumentos del pasado ha sido reemplazado por una asignación universal por un monto global histórico de USD650 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y el despliegue masivo de nuevos instrumentos que buscan cumplir no solo la función de prestamista de última instancia, sino asumir un rol más activo como proveedor de la liquidez mundial, incluso para países sin problemas severos de balanza de pagos. Durante la pandemia se crearon formatos de financiamiento sin condiciones formales y aquellos que las tenían fueron flexibilizados, permitiéndose pausas en las consolidaciones fiscales o tolerancias en el cumplimiento de las metas al déficit cuando los desvíos provenían del gasto social. Tras la pandemia se observa un nuevo enfoque con un rostro más humano de una de las entidades más criticadas del capitalismo financiero moderno.
Bolivia en la encrucijada
Empero, más allá del supuesto discurso «progresista» del fondo, la agenda de reformas neoliberales continúa. Los miembros de las misiones que elaboran estas recomendaciones suelen cambiar de tiempo en tiempo, pero las recomendaciones son siempre las mismas: 1) flexibilidad cambiaria, 2) ajuste fiscal, 3) independencia del banco central, 4) desregulación financiera y 5) liberalización del mercado laboral. El carácter anacrónico y atemporal de las imposiciones de política no ha cambiado. Estas medidas son impuestas como condición de los programas de rescate financiero, independientemente del país, la naturaleza de la crisis interna y de la fase del ciclo económico. Para el fondo, las medidas no pueden ser distintas porque el problema siempre es el mismo: restaurar la viabilidad de la balanza de pagos.
Otra crítica a este organismo es el carácter inconsistente de las medidas propuestas. El aumento de impuestos termina generando efectos regresivos. La contracción de gasto público reduce el crecimiento económico a corto y mediano plazo. La subida de tasas de interés, que se supone evitará salidas de capitales, dificulta el proceso de recuperación de la demanda interna. Estas inconsistencias han llevado a que los países que las han aplicado sufran en su mayoría severos procesos recesivos, elevados costos sociales y sin necesariamente resolver el sesgo deficitario del sector externo, lo que obliga al país a continuar con una agenda de asistencias financieras más prolongadas.
De la diversidad de instrumentos financieros no concesionarios que tiene el fondo, Bolivia podría aplicar a tres: Acuerdos Stand-By (SBA), Servicio Ampliado (SAF) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). El primero y el tercero tienen un carácter de corto plazo porque financian las políticas de ajuste; en cambio, el segundo financia cambios estructurales de mediano plazo. El IFR se diferencia del resto porque no requiere la firma de un programa de ajuste explícito.
La mayor desventaja para acudir al FMI es el limitado acceso al financiamiento en comparación con el elevado costo social y político. La asignación de préstamos está restringida al monto de la cuota accionaria de cada país dentro del FMI, que para Bolivia es de USD327 millones (240 millones de DEG). Tanto el SBA como el SAF mantienen límites máximos de la cuota de hasta 145% a 200% en el año y entre 435% y 600% en términos acumulados. Esto representa no más de USD1,500 millones a USD2,000 millones que se desembolsarían de forma gradual en un período de tres a cinco años, lo que diluye su impacto financiero.
De acceder a estos recursos, el país debería firmar un SBA que, entre otras cosas, incluiría un ajuste al déficit fiscal estructural del 8% del PIB, el aumento de la alícuota del IVA del 13% al 15%, el incremento al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y la creación del impuesto a la renta de las personas. Según el FMI, estas medidas permitirían un incremento de ingresos públicos de 3,6% del PIB. Adicionalmente, se esperaría una devaluación que cierre la brecha cambiaria y la nivelación del precio de la gasolina y diésel al mercado internacional. Según el Art. IV, el FMI estima que por cada devaluación de la moneda en un 30%, el crecimiento económico se contraería en 0,5% con un aumento de la inflación de 8%. Un ajuste fiscal de 3% del PIB implicaría, a su vez, una reducción del PIB de 0,5% adicional.
Desde la fundación del FMI, Bolivia ha firmado 20 acuerdos. Desafortunadamente, en el pasado los ajustes económicos terminaron siendo absorbidos by los grupos más vulnerables. La economía boliviana ha entrado en una crisis casi evitable y es deber de las autoridades económicas gestionarla. El problema no está en demorar en acudir al FMI, sino en postergar los ajustes macroeconómicos necesarios. A medida que la crisis se asoma, el costo social de los ajustes macroeconómicos se incrementa exponencialmente. La falta de decisiones en la toma de medidas está erosionando el estrecho espacio de política que aún existe para llevar adelante ajustes graduales y abre paso únicamente a los ajustes más impulsivos.
La decisión final de acudir o no al FMI no responde a posturas ideológicas, sino a cuestiones meramente prácticas. El país necesita recursos para evitar que esta crisis se siga esparciendo. Sin embargo, la cantidad de recursos que podría otorgar el FMI no son suficientes para garantizar un plan de estabilización ni la adopción de sus políticas de shock son recomendables para la economía boliviana. La salida a la crisis sin ajustes fondomonetaristas todavía es posible, pero requiere de compromisos políticos y pactos sociales. Más que el dinero, se requiere del FMI asistencia técnica para encaminar los cambios estructurales, pero desde la óptica y las necesidades del país y no impuestas por una agenda internacional. Un prematuro ingreso al FMI sin antes haber agotado todos nuestros esfuerzos internos puede terminar condicionando nuestras opciones futuras, crítica que padeció el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Concluyo respondiendo a la pregunta del encabezado de este artículo sobre si ¿Bolivia necesita acudir al FMI?, y mi respuesta categórica es: ¡Sí, pero no así!
