Recientemente se aprobó el Decreto Supremo 5384, que establece un marco normativo para la creación y funcionamiento de empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, conocidas como Fintech, en Bolivia. A partir de esta norma, todas las Fintech, sean públicas, privadas o mixtas, deberán registrarse como entidades financieras y solicitar tanto el permiso de constitución, como la licencia de funcionamiento, pudiendo operar en diversas áreas, como las soluciones tecnológicas basadas en blockchain, servicios de pagos, plataformas de financiamiento, uso de monedas digitales y otros servicios innovadores en el ámbito de valores y seguros.
El término Fintech proviene de la combinación de las palabras finanzas y tecnología, y hace referencia al uso de herramientas tecnológicas para mejorar o automatizar servicios financieros, esto incluye desde bancos digitales sin oficinas físicas (neobancos), sistemas de pago en línea, préstamos entre personas, asesores financieros digitales, seguros digitales, hasta servicios relacionados con criptomonedas y regulación financiera.
A nivel mundial, las Fintech han cambiado la forma en que las personas y las empresas acceden a los servicios financieros. Por ejemplo, Nubank, un banco digital fundado en 2013, ya cuenta con más de 114 millones de usuarios en Brasil, México y Colombia, ofreciendo cuentas y tarjetas sin comisiones a través del celular; Stripe, que brinda soluciones de pago digital en 46 países, facilitando cobros internacionales a negocios de todos los tamaños; Ant Group, dueño de Alipay, opera la mayor plataforma de pagos móviles del mundo, con más de 1.300 millones de usuarios y 80 millones de comercios afiliados.
Bolivia no es indiferente al sector Fintech, se estima que más de 40 empresas ya están activas y entre los actores internacionales que operan en el país, podemos destacar a Binance, el mayor mercado para la compra y venta de criptomonedas; AirTM, que permite crear cuentas virtuales en dólares y convertir criptomonedas a moneda nacional; Meru, un banco digital que opera con monedas virtuales estables y ofrece tarjetas virtuales; RedotPay, que permite realizar pagos con criptomonedas a través de tarjetas digitales en más de 130 millones de comercios a nivel global.
La falta de una normativa clara ha obstaculizado que empresas como Kraken, Revolut, Coinbase, Wise y otras tantas, puedan operar de manera correcta en Bolivia, afectando también a emprendimientos nacionales, que requieren reglas claras para establecerse y trabajar de forma segura.
La aprobación de este marco normativo representa un avance importante. Por un lado, ofrece seguridad jurídica para que Fintech extranjeras puedan ingresar al país y prestar sus servicios, por otro lado, crea condiciones favorables para que Fintech nacionales surjan y se desarrollen con reglas claras, siendo la población en general la principal beneficiada, ya que podrá acceder de forma segura a servicios modernos y eficientes, como la compra de divisas, el envío y recepción de remesas con bajas comisiones, el uso de criptomonedas, y otros servicios financieros mejorados, todo esto dentro de un sistema que protege sus derechos como consumidores.
Wálter Marañon Quiñones es economista
