Colectivos LGBTIQ+ y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la violencia, discriminación e impunidad continúan afectando a esta población en Bolivia. Por ello, exigen acciones urgentes al Estado.
El sector emitió un pronunciamiento en el marco del 17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia.
En un comunicado, los colectivos señalan que la fecha está marcada por el reciente asesinato de Miguel Ángel Coria Farfán, de 37 años de edad, en Tarija. Las organizaciones identificaron el hecho como un crimen motivado por prejuicio hacia su orientación sexual.
Los colectivos nacionales denuncian intentos de flexibilización de medidas cautelares contra el principal imputado. Demandan también que el caso sea investigado con enfoque de derechos humanos y como posible crimen de odio.
“No es un hecho aislado. Este caso refleja una violencia sistemática que sigue afectando a las personas LGBTIQ+ en el país”, afirman representantes de organizaciones de la diversidad.
Según datos difundidos por los colectivos, más del 50% de las personas LGBTIQ+ en Bolivia ha sufrido discriminación en el último año. En tanto, solo el 4% de los casos se denuncia, lo que evidencia profundas barreras en el acceso a la justicia y mecanismos de protección.
ELIMINACIÓN DE UNIDAD
A este contexto, se suma la reciente decisión del Gobierno Municipal de La Paz, bajo la gestión del alcalde César Dockweiler, de eliminar la Unidad de Diversidades Sexuales. Consideran que es una instancia clave para la atención y promoción de derechos de la población LGBTIQ+.
Las organizaciones advierten que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y debilita los avances alcanzados en la lucha contra la discriminación y la violencia.
Los colectivos remarcan que, pese a algunos avances normativos, la discriminación continúa impactando el acceso a servicios de salud, educación, empleo y justicia, especialmente en espacios públicos y ámbitos locales.
En este contexto, una articulación nacional de organizaciones y colectivos de las diversidades impulsa la Agenda LGBTIQ+ para la garantía de derechos en Bolivia.
Esta propone medidas concretas para fortalecer políticas públicas, prevenir la violencia estructural y garantizar derechos de esta población en el país.
“El 17 de mayo no es solo una fecha simbólica. Es una oportunidad para exigir al Estado respuestas claras frente a la violencia y la exclusión”, resalta el pronunciamiento.
Finalmente, las organizaciones exigen a todos los niveles del Estado garantizar condiciones reales para que las personas LGBTIQ+ vivan sin violencia, discriminación ni miedo.
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Convocan a abrir un debate público sobre la responsabilidad institucional frente a esta problemática estructural.
