Un informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Defensoría del Pueblo develó la persistencia de graves vulneraciones a los derechos a la alimentación y a la salud de personas en situación de vulnerabilidad que habitan en centros de acogimiento dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
El documento, titulado “Población en situación de vulnerabilidad en centros de acogimiento del departamento de La Paz (octubre 2025)” en su etapa de seguimiento y tras las inspecciones realizadas en marzo de 2026, fue presentado este martes por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El estudio evidencia los resultados actualizados de tres centros administrados por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). Entre ellos, el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) y el Centro Niño Jesús.
Entre los principales hallazgos, el informe describe una “realidad de supervivencia” alarmante, Pues, la alimentación de las personas acogidas depende en gran medida de donaciones externas. Incluso del aporte económico del propio personal, que cubre de su bolsillo la falta de alimentos para evitar que los internos queden sin comer.
FALTA DE INSUMOS
También se identificó una ausencia crítica de insumos alimentarios básicos, como carne y legumbres. Esa situación afecta directamente la calidad nutricional de las dietas, especialmente en personas con necesidades médicas específicas.
En el ámbito de la salud, se evidenció el uso de soluciones médicas improvisadas. Entre ellas, botellas plásticas en pacientes con colostomía, debido a la falta de insumos adecuados.
A ello se suma que varios generadores de oxígeno están fuera de funcionamiento. Tampoco existe cobertura médica durante la noche, lo que representa un riesgo inminente para personas con enfermedades crónicas o discapacidades severas.
El reporte también concluye que la mayoría de los compromisos asumidos por la Gobernación, tras las primeras observaciones, no se cumplieron. Esa situación mantiene a la población acogida en riesgo permanente y vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales, reitera la necesidad de garantizar condiciones dignas de alimentación, atención en salud y cuidado integral para las personas que se encuentran bajo tutela del Estado, particularmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
