La crisis política y social que atraviesa Bolivia generó una creciente preocupación en organismos internacionales y espacios regionales, que emitieron alertas, declaraciones y llamados al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto.
La señal más contundente llegó desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió que los bloqueos y protestas registrados desde inicios de mayo ya provocan “graves” afectaciones a los derechos humanos de la población.
Conflicto
El organismo alertó sobre problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno, además de fallecidos, heridos y centenares de personas arrestadas.
En un comunicado difundido desde Washington, la CIDH exhortó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a priorizar el diálogo para evitar una profundización de la crisis. El organismo también expresó preocupación por el incremento de la violencia, los ataques contra periodistas y las dificultades para garantizar atención médica oportuna a la población afectada.
La preocupación también escaló al ámbito regional. El Parlamento del Mercosur (Parlasur), reunido en Asunción, aprobó una declaración en la que expresa inquietud por la crisis social, política e institucional que atraviesa Bolivia y condena los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país.
Organismos
El documento aprobado por el organismo regional insta a preservar la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia. Asimismo, exhorta a las partes a privilegiar mecanismos pacíficos para resolver las diferencias y evitar un deterioro mayor de la situación.
En paralelo, el canciller Fernando Aramayo informó que embajadores acreditados en Bolivia y representantes de organismos internacionales expresaron su disposición de acompañar y respaldar los esfuerzos de diálogo destinados a superar la crisis.
Diálogo
Según la autoridad, varios diplomáticos y organismos multilaterales manifestaron interés en contribuir a la construcción de espacios de entendimiento entre el Gobierno y los sectores movilizados.
“El apoyo de organismos que se requiera se va a operar in situ”, afirmó Aramayo, que se refirió a un posible acompañamiento internacional a los procesos de pacificación.
La situación también fue expuesta por Bolivia ante instancias del Mercosur. El Gobierno alertó a los países miembros sobre las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos y la conflictividad interna, particularmente por las dificultades en el abastecimiento de productos esenciales y el impacto sobre la actividad económica.
De esta manera, la crisis boliviana dejó de ser un asunto exclusivamente interno y comenzó a ocupar espacios de discusión en organismos internacionales y regionales, que coinciden en un mismo mensaje: preservar la democracia, evitar la violencia y encontrar una salida mediante el diálogo.
