“A esas mujeres que denuncian agresiones décadas después, no les creo”, me dijo alguien hace poco. La frase no es rara, revela una desconfianza internalizada que desconoce cómo opera la violencia. Quien la ha vivido sabe que el silencio no es una estrategia, sino una consecuencia. El trauma silencia las palabras; el miedo paraliza; la revictimización castiga.
También es cierto que muchas veces pasamos de largo ante estas noticias. Titulares —muchos de ellos sensacionalistas— sobre feminicidios o agresiones incomodan, saturan, duelen; pero ignorarlos, en lugar de desvanecer la violencia, la normaliza.
El tema nada tiene que ver con la mal llamada “ideología de género” ni con posturas feministas radicales; se trata de violencia machista y de un sistema que, de forma sostenida, devalúa la vida, especialmente la de las mujeres. Y eso no es una opinión: son datos.
En Bolivia, las cifras son elocuentes. En lo que va de 2026 se han registrado al menos 28 feminicidios. En la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano: pareja o expareja en más del 60% de los hechos revisados en el informe defensorial que abarca el periodo 2013 – 2024. Casi el 58% ocurre dentro del hogar. La asfixia, los golpes y las armas blancas figuran entre los métodos más frecuentes. Las mujeres de 31 a 40 años concentran la mayor proporción de víctimas, pero la violencia no distingue edad: casos recientes demuestran que el 77% de los delitos sexuales contra menores afecta a niñas.
El problema no termina en la violencia directa, sino que avanza en la respuesta institucional. Solo 5,7% de los casos tratados con la Ley 348 concluye en sentencia condenatoria. Más del 60% se rechaza o abandona, muchas veces por falta de apoyo a las víctimas. El peso económico del proceso, principalmente en gastos relacionados con el acceso a la justicia, recae mayoritariamente en ellas y sus familias, mientras la inversión estatal en prevención sigue siendo marginal.
A esto se suma una dimensión global inquietante. Investigaciones recientes han revelado redes digitales que promueven y lucran con la violencia s3xual, incluyendo foros donde se comparten métodos para drogar a mujeres. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales alertan sobre el uso creciente de inteligencia artificial para generar contenido de abuso infantil, donde la mayoría de las víctimas son niñas.
Paradójicamente, mientras la violencia se expande, su cobertura mediática disminuye. El reciente estudio Seguimiento de la misoginia global en la cobertura de noticias, realizado a partir de la revisión de 1.140 millones de artículos publicados en Internet entre 2017 y 2025 muestra una caída en la visibilidad de estos temas, incluso en contextos de alto impacto internacional (por ejemplo, los casos Epstein o Pelicot). Menos información no implica menos violencia, sino menos herramientas para comprenderla y combatirla.
En este escenario, proliferan discursos que desinforman y desacreditan a activistas y a marcos legales vigentes, debilitando aún más la respuesta social. El resultado es un círculo que reproduce impunidad y normalización.
No estamos ante hechos aislados ni ante “instintos” individuales. Se trata de una estructura que reproduce violencia, la tolera y luego ignora las consecuencias; por eso, llamarla epidemia social no es una metáfora exagerada: es una forma de dimensionar su alcance y urgencia.
Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a la indignación momentánea. Requiere políticas públicas sostenidas, acceso real a la justicia, educación y prevención. Pero también necesita lo más básico: creer, escuchar, nombrar.
Al respecto, vale recordar lo dicho hace poco por la ganadora del Nóbel, Han Kang: el arte y la cultura son mecanismos de resistencia ante la barbarie y el cinismo, subrayando que la literatura tiene la capacidad de devolver la esperanza al situar a los lectores del lado de la vida y no de la muerte.
Esa toma de posición —ética antes que ideológica— es hoy una necesidad pública.
