En una ocasión, un diplomático de un país autonómico, consultado sobre los efectos de implementar currículos autónomos en su país, nos respondió con una frase que se nos quedó en la memoria: “la mejor forma de destruir un país es fragmentar su currículo y su sistema educativo”. La propuesta del presidente Rodrigo Paz de dividir el currículo educativo en un 50% nacional y 50% regional es un ejemplo de cómo un eslogan político puede generar más problemas de los que pretende resolver.
Aplicar el 50/50 puede parecer viable en ámbitos como el presupuestario, tributario o competencial. Dividir recursos puede ser, siendo simplistas, una operación cuantitativa. La realidad es mucho más dura que simplemente redistribuir. Pero trasladar esa lógica al campo educativo es otra cosa. No se trata solo de descentralizar la gestión, distribuir personal o asignar recursos. Es modificar la base que sostiene un proyecto educativo común, capaz de unir al país sin negar la pluralidad regional y la diversidad cultural. Y eso no se resuelve con porcentajes.
La primera pregunta es: ¿qué significa “regional” en esta propuesta? El discurso oficial lo usa de manera indistinta para referirse a departamentos o municipios, sin distinguir niveles de gestión ni competencias educativas. La Ley 070, en su artículo 69, define con claridad tres niveles curriculares: Currículo base, Currículo regionalizado y Currículo diversificado. Cada uno cumple una función específica y se articula mediante un principio fundamental: la armonización. No se trata de dividir contenidos, sino de complementarlos sin contradicciones ni superposiciones.
El currículo base garantiza la unidad del sistema educativo, la transitabilidad de estudiantes entre regiones y el reconocimiento de aprendizajes. El currículo regionalizado no es departamental, como se ha sugerido, sino que responde a los pueblos y naciones indígenas, con sus saberes, lenguas y cosmovisiones, que se desarrollan en sus regiones y territorios. Finalmente, el currículo diversificado permite incorporar particularidades locales, municipales o departamentales sin romper la estructura general.
La propuesta del 50/50 desconoce esta estructura y la sustituye por una lógica administrativa que, lejos de fortalecer la diversidad, fragmenta el sistema educativo. Si cada municipio tuviera que elaborar la mitad de su currículo, necesitaría equipos técnicos especializados, docentes formados para ese diseño, materiales propios y textos específicos. ¿Están los municipios en condiciones de asumir esa responsabilidad? La experiencia muestra que no: la mayoría enfrenta limitaciones presupuestarias y de gestión que ya dificultan incluso la provisión de infraestructura básica.
A ello se suma una cuestión fundamental: ¿qué materias quedarían en el 50% nacional y cuáles pasarían al 50% regional? ¿Se dividirían matemáticas, física, química, biología o lenguaje en mitades? ¿Se regionalizaría la historia, la geografía o la formación técnica? La propuesta no responde a estas preguntas, pero sí insiste en que el currículo regional debería promover “vocaciones productivas”. Sin embargo, esa función ya está contemplada en el Bachillerato Técnico Humanístico y en la red de institutos técnicos creados en los últimos años.
Hay muchos ejemplos de lo que se hizo en el gobierno de Evo Morales. Más de 120 institutos técnicos creados como, por ejemplo: el Instituto San Alberto de Caraparí con carreras técnico-superiores de “Petroquímica” y “Mantenimiento de ductos”; el Tecnológico de Uriondo con “Viticultura y Enología”; el Instituto Busch de Puerto Suárez con “Siderurgia, Metalurgia y Fundiciones”; o el instituto Mirikiri de Comanche con “Industria de la Piedra”. Estas instituciones, algunas con más de una década de funcionamiento, responden precisamente a las vocaciones productivas locales que la propuesta del 50/50 dice querer impulsar. Ignorarlas es desconocer avances concretos ya existentes y que deben ser fortalecidas.
Si el objetivo es fortalecer las regiones, el camino no es dividir el currículo, sino fortalecer la inversión educativa. Por ello, antes de hablar de un currículo 50/50, el debate debería centrarse en cómo garantizar condiciones materiales, financiamiento y apoyo institucional para que las regiones desarrollen sus potencialidades sin destruir la unidad del sistema educativo plurinacional.
